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Agradecería la publicación de la presente carta vistas algunas expresiones que me aluden como presidente del CFE (Consejo de Formación en Educación) en vuestro medio y que carecen de veracidad.
En la nota publicada por Búsqueda que refiere a la resolución Nº 48 de la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública), que anula su propia resolución del 11 de octubre del año 2023, que había aprobado la Maestría de Investigación y Enseñanza de las Ciencias Sociales, se refiere, en un considerando de dicha resolución a raíz de la solicitud del CFE sobre dicha maestría, a un informe mío como director del IPES (Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores) que se altera y tergiversa.
No es verdad, como se afirma, que yo hubiera escrito que dicha maestría careció de consulta de su plan de estudio, de mecanismos de aprobación, ni procedimientos de designación de docentes al no haber pasado por el propio IPES, sino que ello se sustenta en que su proceso de aprobación se ajustó al reglamento del 2008, que no colocaba como paso preceptivo la intervención del IPES ni la Comisión de Posgrado, que no existía, ni obviamente a la propia LUC (Ley de Urgente Consideración), que es la que le da la base al disponer que la formación docente incluye a los posgrados. En mi informe declaré que fue así porque la aprobación de la Ordenanza de Posgrados que impone estos nuevos pasos fue de diciembre del 2024, o sea, posterior a la previa autorización por el CFE de dicho posgrado y que la maestría referida estaba ajustada plenamente a derecho.
Mi informe refirió a que, acorde a la nueva ordenanza, esa maestría sí tenía que ajustarse a los nuevos criterios, al igual que todos los otros posgrados, y que tenían fecha hasta diciembre del 2025. La ANEP y el CFE tergiversan el sentido de mi informe, y dicha maestría sí estaba ajustada a las normas. Sí, a diferencia, se ha producido una violación de la Ordenanza de Posgrados por parte del CFE al renovarse los posgrados con la Universidad de la República (Udelar) —matemáticas y física— con nuevas cohortes, y sin que ellos se ajustaran a lo dispuesto a la nueva ordenanza tal como se les había informado y requerido a los comités académicos. Incluso, al haberse engavetado mi propuesta de Reglamento de Designación de Docentes de Posgrados que se propuso este año, siguen siendo un mecanismo endogámico que los coordinadores asignan cursos (y a ellos mismos) sin procedimientos explícitos y abiertos, reafirmando la endogamia y la baja calidad.
Pero además, insólitamente, la resolución de cierre y derogación de la maestría referida, que es la base para contratar a la Universidad Pedagógica Nacional (Unipe), refiere que la Asesoría Letrada del CFE “entiende que las maestrías no estarían contempladas dentro de los cursos de posgrado que puede impartir el CFE”, lo cual es un exabrupto, ya que existe una Ordenanza de Posgrados de la ANEP (y aprobada por el CFE y publicada en el Diario Oficial) que tiene total validez legal mientras no se derogue y que dispone que las maestrías de formación docente son competencia de la ANEP como claramente lo dispone la LUC.
Lo increíble es que se sostiene de un informe de Asesoría Letrada (que no está en ningún lado), cuando la función de dicha oficina es verificar la validez, no emitir criterio en contrario de la propia norma. Pero aún más increíble es que el ente autónomo, la ANEP, con normativa habilitante para dictar posgrados de formación docente, agregue consideraciones de un informe del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que refiere a “debilidades estructurales, ausencia de información sobre trayectorias y carece de respaldo de convenios de cooperación”. Una clara violación a la autonomía, y además se desconoce que el MEC pueda evaluar, previamente, un programa de posgrado de la ANEP. La Comisión Honoraria de Formación Docente, que no fue consultada, solo tiene un rol en la evaluación de carreras de grado, pero no de posgrado.
Finalmente, la resolución actúa con retroactividad a una maestría en curso que se aprobó en los ámbitos correspondientes y para lo cual se realizaron concursos para la inscripción por parte de estudiantes del litoral y se estaba cursando, lo que viola derechos adquiridos, como declararon los estudiantes en la Comisión de Educación de Diputados. También la derogación refiere a carencia de recursos, lo que no condice con la propia noticia referida por Búsqueda de la firma de un convenio por parte del CFE por 71.500 dólares con la Unipe para dictar una Maestría de Formación Docente, y que sería ofrecida a los afectados.
Pero aún más irregular es que la maestría de la Unipe autorizada por la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) y que es obligatoria para tener el título solo tiene licencia en su versión presencial y quincenal. No existe autorización de la Coneau para su oferta virtual. Ella no podrá ser, por ende, reconocida. En materia de reconocimiento, la LUC dispuso (en la propia página del MEC) que la reválida es al acto administrativo por el cual se otorga el reconocimiento académico y profesional a un título de grado o posgrado emitido fuera del Uruguay, por el cual se habilita al ejercicio de la profesión en el país, sin perjuicio de otros requisitos que estipule la normativa.
Finalmente, respecto a la afirmación del Prof. Fernández, el presidente del CFE, que afirma que bajo su gestión hay un cambio de “paradigma” en relación con la pasada administración, donde sostiene que había firmado convenios con universidades privadas uruguayas con el mismo propósito, es otra mentira y falsedad triste, ya que con el Frente Amplio antes tenían convenios con la Flacso (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), que es privada, y que lo que hay ahora es una vuelta a un mal pasado negativo y sectario de afinidades ideológicas: la Unipe es kirchnerista y la Flacso (que no dudo que la contratarán, ya que había mucha mugre debajo de la frazada) es una institución ideologizada.
A diferencia, el paradigma de posgrados del período pasado fue la diversidad, la amplitud y la calidad. Se mantuvieron funcionando convenios con la Udelar, se exploró uno nuevo con la Utec (Universidad Tecnológica), se impulsaron convenios con las privadas, con diferentes ofertas, y especialmente se impulsó el paradigma de posgrados propios de ANEP-CFE-IPES, con estándares elevados, con una nueva ordenanza de posgrados y a, la vez, un paquete de ofertas propias de la ANEP —hechas por especialistas de alta calidad— y que las nuevas autoridades han encajonado, entre las cuales hay una Maestría en Investigación (que reconocía los créditos de la Maestría del Litoral), una Maestría en Neuroeducación y dos especializaciones (Políticas Educativas y Educación Ambiental), entre otras ofertas propias. Lo que hay es un regreso a un enfoque sindical e ideológico de amigos, la ausencia de estándares de calidad y el desmantelamiento de la política de posgrados propios como se necesita y que no requiere que se cree una universidad de la educación.
Eco. Claudio Rama
Dr. en Educación, Dr. en Derecho, cuatro posdoctorados, director del IPES (por concurso y con designación y cargo vigente hasta el 28 de febrero y actualmente separado del cargo y en proceso de sumario por denuncias infundadas de acoso laboral)
