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    La caída de la natalidad

    Sr. director:

    Días pasados fue noticia un informe de la ANEP que pronostica que para 2070 bajará a la mitad la cantidad de estudiantes del sistema educativo, con relación al valor actual. Este documento es uno más de varios estudios que abordan las consecuencias de la caída de la natalidad iniciada y sostenida desde 2016.

    En ese sentido, y mas allá del enfoque en el sistema educativo que aporta este informe de la ANEP, no hay novedad sobre el tema central. La población de Uruguay enfrenta, desde hace 10 años, y a través de la caída de la natalidad, un proceso gradual pero irreversible de reducción y envejecimiento.

    Esto significa que, actualmente, tenemos en el país una caída de la población de menores de 10 años. Si bien esto genera, sin duda, impactos sociales y culturales a considerar, quisiera referirme exclusivamente a las consecuencias económicas de este cambio.

    En primer lugar, esta población infantil reducida genera una carga menor para las familias. No es lo mismo tener tres hijos a cargo que tener dos o uno. Los padres cuentan con los mismos recursos para atender las necesidades de menos hijos. Esto significa más dinero para dedicar a cada hijo, o a los padres.

    En segundo lugar, el Estado, a través de sus políticas sociales, debe hacer frente a una menor cantidad de beneficiarios. El propio informe de ANEP al que hicimos referencia reconoce esta ventaja. Se dispondrá del mismo presupuesto para atender a menos estudiantes, o sea que habrá más dinero para cada estudiante.

    Hasta acá, y tomando esta mirada económica, parecería ser que la reducción de la natalidad solo aporta beneficios. Y es aquí, en esta ilusión, donde reside el drama de esta circunstancia. Porque es verdad que, desde el punto de vista económico, la menor cantidad de menores de edad que no aportan con su trabajo a nivel de bienes y servicios, y solo generan gastos, es un alivio para las personas y para el gobierno. Pero este efecto positivo, por las mismas causas que lo origina, significa que, dentro de 10 años, además de faltar menores de edad, estarán faltando adultos. Empezará a disminuir la cantidad de mayores de 18 años, con lo que empezará a faltar gente que sostenga el trabajo, la producción, la generación de riqueza y, especialmente, los aportes por vía de los impuestos para mantener el funcionamiento de Estado.

    Así será que una juventud reducida deberá sostener a una población envejecida que requerirá paulatinamente más recursos para sostener sus ingresos —jubilaciones y pensiones— y su servicio de salud.

    De manera que, completado un período de 20 años (los 10 que pasaron y los 10 que vienen), lo que económicamente es un beneficio, tomará luego la dirección exactamente contraria, y comenzará a ser un fuerte viento en contra que afectará de manera muy grave nuestro pacto social.

    Sobre la base que los uruguayos no queremos iniciar, en 2035, un proceso que nos lleve a la miseria en pocas décadas, es que debemos, como sociedad, pensar en las soluciones para este problema.

    Tenemos para eso la ventaja que se trata de un cambio que se está dando y se seguirá dando de manera gradual, anticipable, conocida. Sabemos lo que va a pasar y las consecuencias económicas que eso implica.

    Lamentablemente, tenemos en contra la realidad de nuestro sistema político. Este cambio comenzó hace 10 años y va a generar una crisis dentro de 10 años más. Eso son 20 años en total. Aceptemos que los primeros cinco años fueron de verificación de la continuidad del fenómeno. En los cinco años que vinieron después (los años de la administración anterior), cuando ya se sabía de la realidad de esta situación, no se hizo nada para preparar al país para esta nueva realidad demográfica. Se perdieron cinco años de los 15 que quedaban. Ahora quedan 10 años, y la administración actual, que estará por cinco años, no tiene este tema en la agenda. Vamos, entonces, camino a perder la mitad del tiempo que nos queda.

    Cualquier medida que se tome será más efectiva y menos dolorosa a nivel popular cuanto antes se lleve adelante. Durante décadas, hasta que lo “descubrieron” en la última campaña electoral, los políticos ignoraron el problema de la pobreza infantil, hasta que esta llegó al 30%. Este nuevo problema de la natalidad, en caso de no ser abordado por medio de políticas públicas, tiene la potencialidad de volvernos pobres a todos.

    ¿Se van a quedar los políticos mirando para el costado, entretenidos en discusiones de conventillo y mediocridad infinita, hasta que se termine la oportunidad de encarar este tema a tiempo y nos vuelvan pobres a todos? ¿O van a asumir que este es el principal problema del Uruguay y que, como tal, se hace necesario instalarlo en el debate y trabajar en las soluciones? Pienso en los legisladores y suspiro.

    Fernando Reyes

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