La “caja profesional”

Cada decisión que tomamos se rige estrictamente por la normativa vigente, particularmente la Ley 17.738 y la reciente Ley 20.130. En un escenario de alta complejidad técnica, hemos optado por interpretaciones jurídicas que garantizan la gobernanza y la dedicación total que la crisis actual de la institución exige. Es fundamental aclarar que cualquier medida de compensación discutida tiene una naturaleza indemnizatoria y no salarial. El objetivo es permitir que quienes gestionan el patrimonio de todos los profesionales puedan dedicarse a esta tarea con la rigurosidad necesaria, cubriendo los gastos operativos y el tiempo que la función demanda, siguiendo modelos de transparencia ya aplicados en otros organismos del Estado. Nuestras resoluciones no son arbitrarias. La propia ley prevé mecanismos de control que hemos activado, permitiendo que el Poder Ejecutivo supervise nuestras decisiones para brindar la máxima garantía de legalidad a todo el colectivo. No buscamos beneficios personales, sino asegurar que la Caja cuente con un directorio operativo, responsable y presente.

Entendemos el malestar que generan los debates políticos ajenos a la esencia de la Caja. Nuestra respuesta a ese ruido es el trabajo: estamos aquí para garantizar la sustentabilidad de sus jubilaciones y pensiones, actuando con la convicción de que la profesionalización de la gestión es el único camino para superar los desafíos actuales.