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Nuevamente el tema de la caja profesional se pone arriba de la mesa. Ahora surge porque el directorio electo honorario y los delegados del Poder Ejecutivo aprobaron la aplicación de la ley y, cumpliendo la obligación de buenos administradores, se ha dispuesto el cobro de timbres que afecta a los usuarios de la salud privada, en especial las instituciones de asistencia médica colectiva, los seguros privados y algunas áreas (no la Administración de los Servicios de Salud del Estado) de la salud pública.
La decisión surge después de concluidas las 16 reuniones de la Comisión de Expertos, con un exitoso y previsible fracaso en cuanto a no aceptación de ninguna de las alternativas propuestas al gobierno ya en la discusión parlamentaria. Lo cual como digo era previsible desde que los actuales directores se consideraron expertos y se autodesignaron a la comisión y desde que el surgimiento de dicha comisión nació de la ley y en el entendido de al decir de Mujica crear una comisión para que nada pase.
¿Por qué no se adoptó en anteriores administraciones esta medida? Me vienen varias respuestas: desde la presencia de profesionales vinculados a la salud en el directorio, influencia política en la gestión, o simplemente una desatención o problemas de gobernanza que claramente ha tenido la caja. Por ejemplo, inacción ante la reforma tributaria que habilitó las declaraciones de no ejercicio aun ejerciendo la profesión sin alertar el deterioro de ingresos genuino que esto significa para la caja.
El gobierno ha tenido que subsanar el déficit de la caja con aportes. Seguramente, con ese antecedente seguirá echando dinero que entre otras cosas sale del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social de los mismos profesionales, del Impuesto a la Renta de la Persona Física y del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas de los mismos profesionales y de los fondos que se evita el Estado aportar al Banco de Previsión Social (BPS) por el aporte que los profesionales realizan como unipersonales o dependientes. También se han rebajado las pasividades inconstitucional e ilegalmente y también han subido los aportes hasta 22,5% de los ingresos fictos según escalas.
Hoy nuevamente discutimos sobre la caja profesional (nuevamente, mentiras reiteradas, como lo expresé en mi anterior carta a Búsqueda del 9 de julio de 2025), y hay un momento que hay que decidir.
La caja se creó en 1954, cuando los profesionales no tenían seguridad social, se creó con una proyección de recursos, que debió haber sido superior si no fuera porque en 2007 se atentó a la base de aportación, no siendo obligatorio aportar a la caja si se aporta a otro organismo de seguridad social.
El aumento exponencial a partir de ese año de las declaraciones de no ejercicio, a pesar del aumento de la cantidad de egresados universitarios, llevan a la quiebra de la caja.
Esta norma es consistente con converger a un único sistema jubilatorio como fue reafirmado en las leyes de los últimos gobiernos, y por lo tanto pierden sustento todas las cajas paraestatales (notarial, bancaria profesional) y se fortalece el régimen BPS-AFAP —administradoras de fondos de ahorro previsional—).
En la tasa de interés de las instituciones financieras se encubre la ineficiencia de la bancaria, y en los timbre y aranceles de escribanos la de la notarial, pero solo se ve mal el timbre profesional (que no se ajusta) y se escandaliza por su cobro a quien usa servicios profesionales.
Hay que sincerarse: o se vuelve a los principios originales que sustentaron la caja profesional o se asume que todo profesional que aplica los conocimientos adquiridos en su carrera universitaria debe aportar a la caja cualquiera sea su relación laboral con su cliente o empleador y, con esto, la caja es superavitaria más allá del ajuste de los timbres que podrían derogarse; o, si no se quiere asumir esto (eliminar la declaración de no ejercicio), se puede decidir eliminar la caja. Hoy los profesionales pueden aportar al BPS y tener ahorros voluntarios en las AFAP, y ya no estamos en 1954, donde no había alternativas.
Si se elimina la caja profesional y obviamente las demás paraestatales que a la larga o a la corta seguirán el mismo camino, lo primero que debería hacerse es cortar las nuevas afiliaciones a las cajas. Todos al BPS; bajarán los costos financieros y bajarán los costos registrales con un beneficio general a la sociedad. Hasta podrían bajar los 7 puntos del IVA que hoy se destinan a BPS porque podría bajar su déficit.
Obviamente, la seguridad jurídica de las jubilaciones y las pensiones está garantizada por la Constitución, y el Estado se hará cargo de estas pasividades (y deja de aportar a las cajas), pero será con un horizonte limitado y un flujo decreciente.
A los aportantes que no se han jubilado habría que devolver los aportes a valores actualizados y generar en las AFAP una cuenta de ahorro individual para el momento del retiro. Las AFAP asumirían esos pasivos y, a cambio de ellos, un activo equivalente que podría ser un bono soberano a 30 o 40 años en unidades indexadas (UI), según surja de las proyecciones actuariales a una tasa de mercado. En un cálculo muy grueso y sin contar con los detalles capaz que para la caja profesional su extinción creo que no superará un monto a emitir de 10.000 millones de UI.
Hay un momento en que el sistema político debe definirse, el tema de la caja profesional cansa, las agonías de las cajas paraestatales exigen responsabilidad del gobierno, de lo contrario en seis meses nuevamente hablaremos de la caja profesional, de la caja bancaria y sus emisiones garantizadas, y probablemente de la Caja Notarial y sus costos registrales.
