En la edición del semanario Búsqueda publicada el 13 de noviembre de 2025 escribí sobre el modelo republicano uruguayo y su democracia; hoy sentí la necesidad imperiosa de volver a hablar del mismo tema. Es un tema tan profundo que no se agota en una sola misiva ni en un único debate de café. Por ende, aquí estoy de nuevo, frente a usted, estimado lector de este prestigioso semanario al cual aprendí a querer mucho.
En Uruguay persiste una convicción extendida con la cual yo me peleo, pero con argumentos: la de que vivimos en una “democracia plena”. La pregunta es, ¿es así? La respuesta rápida es decir que sí, porque todos los analistas no se cansan de repetirlo; además, si miramos la región, no hay forma de afianzar esa idea de Uruguay, democracia plena, pero yo busco pelearme con ese mito. Estamos mucho mejor que la región en temas democráticos, republicanos e institucional, sí, claro que sí; sin embargo, desde la perspectiva republicana —y especialmente desde el enfoque que desarrolla el politólogo uruguayo Pablo Ney Ferreira—, la plenitud democrática no se mide por la prolijidad electoral ni por la alternancia partidaria, sino por la extensión real del control ciudadano sobre el poder. En otras palabras, una verdadera democracia republicana y plena, diferencia de una democracia liberal que es solo procedimental o de mínima, no es solo votar en elecciones libres y competitivas cada cinco años, sino, a su vez, y principalmente, es lo que pasa en el periodo entre elecciones. La democracia republicana, nos recuerda nuestro querido amigo Ferreira, no es el régimen “en que gobiernan los ciudadanos, sino aquel en el que el gobierno está sujeto al control de los ciudadanos”.
Ese control, hoy, es insuficiente. El presidencialismo uruguayo, aun atenuado, fomenta una delegación pasiva, es decir, tenemos mecanismos de democracia directa como los plebiscitos y referéndums, pero, en realidad, el uruguayo promedio concentra expectativas, prestigio, autoridad simbólica y poder de agenda en una sola persona o los representantes de turno. Tal concentración alimenta uno de los problemas más serios señalados por la tradición republicana, porque es a modo quinta columna que corrompe desde dentro las instituciones republicanas y democráticas y es la aparición del ciudadano ausente, un individuo que, tal como expresé en mi monografía de grado “se centra únicamente en sus intereses privados y no quiere ser molestado”, un mero votante desinteresado de la vida pública y de sus obligaciones cívicas. Si la mayoría de los ciudadanos permanece ausente, entonces la democracia deja de ser plena y se convierte en una maquinaria formal administrada por elites.
La república necesita ciudadanos virtuosos, no observadores. Las democracias republicanas nos dan muchos beneficios, pero para que se sostengan y en plenitud nos dejan a nosotros obligaciones. Como recuerda el republicanismo clásico, la ciudad existe para el bien vivir, no solo para gestionar lo existente o meramente votar sin debatir e informarse, votar por inercia porque es obligatorio. La participación, la deliberación y la implicación cotidiana en los asuntos comunes son parte constitutiva de la libertad republicana, que “se cumple en la participación” y tiene como horizonte el bien común y el autogobierno colectivo. Pero ningún sistema basado en un líder unipersonal puede fomentar esa virtud cívica: por el contrario, la desplaza, generamos caudillismos, tiranos maquillados y vistos como líderes politicos cool que corrompen consciente o inconscientemente, muy a cuentagotas, nuestras democracias. La ciudadanía queda reducida al acto periódico del voto.
Por eso es que yo argumento convenidamente que Uruguay no es una democracia plena. Estamos bien comparado con la región y el continente, sí, pero no deja de ser un mito la democracia plena en nuestro país. Es una democracia estable y formalmente correcta, pero no plena en términos republicanos, es decir, carece de instituciones que eduquen y obliguen a la ciudadanía a ejercer su soberanía día a día. Entre las soluciones, además de una democracia republicana como tenían nuestros padres y abuelos que educaban personas, ciudadanos, pero adaptados también a la necesidades actuales, también necesitamos otros cambios institucionales, Entre ellos destaco la necesidad de un Poder Ejecutivo colegiado.
El batllismo clásico y primigenio comprendió este problema mucho antes que nosotros. Desde comienzos del siglo XX, sus figuras principales denunciaron que la concentración del Poder Ejecutivo —en el ámbito nacional, es decir, el presidente, y en el departamental, el intendente— en una sola persona era incompatible con la libertad pública. El prócer de la democracia uruguaya incipiente Baltasar Brum —desde adentro del poder— señaló que la presidencia conservaba un “verdadero peligro para las libertades públicas” y que todas las funciones del Ejecutivo podían ser desempeñadas sin inconvenientes por un Consejo Nacional plural y deliberativo, tal como nos enseña Pablo Ney Ferreira en su libro Un país sin presidente.
Esa crítica no era meramente circunstancial. Para los batllistas, y me animaría a incluir a los demás republicanos uruguayos de principios de siglo XX como los socialistas que apoyaron la idea del colegiado integral, los países que mantenían el poder unipersonal quedaban presos de “una antigua historia política monárquica” o de una concepción primitiva de democracia, incapaz de superar los vestigios del pasado. El presidencialismo no es republicano por esencia; es la supervivencia modernizada de la lógica monárquica bajo la cual un solo individuo concentra la jefatura del Estado.
En cambio, los ejecutivos colegiados han sido históricamente vehículos de grandeza institucional, como los casos de Atenas, la grandiosa Roma republicana, Venecia, la Francia revolucionaria o el propio directorio francés confiaron en gobiernos plurales o colegiados en sus momentos más significativos. La razón es clara e inequívoca: la autoridad compartida evita el personalismo, la tiranía disfrazada de democracia y república y de los hombres fuertes, los caudillos populistas que tanto mal han hecho a Latinoamérica y nos obliga a la deliberación previa, distribuye la responsabilidad y genera un marco más robusto de control ciudadano.
Los republicanos, desde Cicerón hasta Pettit, coinciden en un principio central y es la libertad y ella consiste en no depender de la voluntad arbitraria de otro. Es decir, ningún sistema crea más dependencia que un Ejecutivo unipersonal, mientras que el colegiado dispersa las fuentes de poder y reduce el riesgo de dominación política.
Además, los estudios sobre Suiza, que es nuestro espejo más cercano, muestran que el grado de civilización, moderación y educación política alcanzado por ese país fue en buena parte obra de sus instituciones de 1848, entre ellas el Ejecutivo colegiado, cuyo funcionamiento se consideró decisivo para su prosperidad política y social. Ello se puede explicar si se ve al colegiado integral como mecanismo de virtud cívica; en otras palabras, estamos ante un sistema político que no puede depender de líderes virtuosos, porque la virtud personal es un bien escaso. Debe depender de instituciones que produzcan esa virtud en sus ciudadanos. El colegiado integral funciona justamente como escuela cívica: favorece la participación, aumenta la frecuencia electoral, impulsa la descentralización y contribuye a la formación de ciudadanos activos y no ausentes. Es una arquitectura pensada para romper con la pasividad, distribuyendo el poder de tal modo que el ciudadano ya no mire a un líder, sino a un cuerpo deliberativo. El protagonismo vuelve a la comunidad y no a la figura del gobernante. En una democracia y república plena, el poder recae en la ciudadanía virtuosa y activa no en un monarca sin corona disfrazado de republicano, es difícil, pero así es la vida, si se quieren los beneficios hay que querer las responsabilidades. En definitiva, vuelvo a repetir un concepto que a esta altura es clave: la república no se hereda, se ejerce.
Esa frase, esa idea, ese concepto que en mis charlas con Pablo Ney Ferreira me lo machacaba constantemente y que tanto atesoro en mi mente y en mi corazón sintetiza toda la tradición republicana. Ferreira recuerda que nadie nace ciudadano, o un buen ciudadano, agregaría yo; es decir, la ciudadanía se educa, se construye y se ejercita a través de la participación pública y de la deliberación racional. La república no es un patrimonio que se recibe intacto de las generaciones anteriores; es una práctica cotidiana que exige compromiso, vigilancia y virtud cívica. Uno no recibe la democracia y el republicanismo, sino que los construye y mantiene día a dia.
Hannah Arendt, una de las filosofas más importantes del siglo XX, llama a esto felicidad pública. La felicidad pública es una dimensión de la experiencia humana que solo se abre cuando el individuo participa activamente en la vida política, mostrando su distinción en el espacio común y encontrando allí parte de la plenitud de la vida democrática. Una república sin ciudadanos activos se reduce a un pacto administrativo, funciona, pero no inspira; administra, pero no transforma; gobierna, pero no educa. Y si el ciudadano no ejerce su soberanía, otros la ejercerán por él.
En definitiva, la República Oriental del Uruguay necesita revisar su estructura de poder si quiere aspirar a una democracia realmente plena. El presidencialismo y nuestro entramado institucional actual junto a nuestra mala educación de hoy en día produce ciudadanos ausentes, concentración simbólica y dependencia política. El colegiado integral, nuestra tradición más genuinamente republicana, ofrece todo lo contrario, tiene para darnos deliberación, distribución del poder, control ciudadano permanente y educación cívica institucionalizada. Yo me pregunto, ¿usted se va a dormir tranquilo sabiendo que su vida, la de sus hijos y nietos depende en buena medida de una sola persona, el presidente de la república de turno, de su estado de ánimo y salud, donde el control ciudadano es casi un chiste?
Nunca nos olvidemos que una república y una democracia republicana auténtica solo existe cuando el pueblo no delega su soberanía para retirarse, sino que la ejerce. Y por eso, más que nunca, debemos recordar que la república no se hereda: se ejerce.
Lucas Archiprete
Lic. en Ciencia Política
