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¿Cuál es el verdadero problema con la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep)? Como en muchísimas otras áreas del Estado los problemas no tienen que ver con la existencia del organismo como tal, sino en el uso y la gestión que se hace de sus competencias. Una Jutep tiene que existir porque Uruguay ratificó (por Ley 18.056) la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Uncac), que en su artículo 6 establece: “Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados deprevenir la corrupción con medidas tales como”…
Primero, la Jutep se podrá reformular, pero no se puede suprimir, y debe ser un órgano enfocado en la prevención de la corrupción. El control y el cumplimiento de las normas es la principal tarea de prevención, pero la investigación y la eventual condena por violación de las normas son resortes exclusivos del Poder Judicial. Esto significa que las “declaraciones” o los “informes” de su directorio deberían enfocarse en señalar situaciones de incumplimiento de las normas, sin condenar ética o moralmente a los funcionarios, sino con el objetivo concreto de incorporar conocimiento, construir institucionalidad y prevenir otras inconductas.
Segundo, el modelo institucional y en particular la gobernanza de la Jutep no deberían ser un problema. La ley, en su artículo 5, establece que “La dirección y administración de la Jutep será ejercida por un Directorio integrado por tres miembros (…) designados por el presidente de la República, actuando con el Consejo de Ministros, con venia de la Cámara de Senadores otorgada siempre por tres quintos de votos del total de componentes, entre personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral”. Hay variedad de modelos en el mundo, pero los que funcionan correctamente son los que cumplen estrictamente con lo que establecen su organización y su funcionamiento. En Uruguay, desde que existe la Jutep, el principal criterio (en el presidente y en el Parlamento) para elegir a sus directores fue el político. Esto es lógico, debido a la necesidad de alcanzar acuerdos en el Senado (pasa igual con la Suprema Corte de Justicia), y en el gobierno anterior y en este el único criterio fue político también, pero político-partidario, de reparto liso y llano. En ningún caso, tuvo la mínima importancia que la designación sea “entre personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral”. No estoy diciendo que los directores no las tengan, sino que ni los presidentes ni los senadores las tuvieron en cuenta a la hora de hacer las designaciones. El sistema político debe entender que esto último es hoy el principal problema de la Jutep, por lo que debería considerar discutir con la sociedad civil y la academia modificaciones al modelo de gobernanza. Para disminuir los riesgos del reparto de cargos, se podría pensar en un organismo unipersonal (eje: comisionado parlamentario) nombrado igual por el presidente y con la venia del Senado, pero con énfasis en su “reconocida experiencia y solvencia profesional en la materia”. “Experiencia y solvencia profesional” es muy genérico y puede entenderse como cualquier profesión. También se podría agregar un órgano consultivo, de apoyo al director, integrado por la sociedad civil (la Uncac sugiere su participación), la academia, el Poder Judicial, la Oficina Nacional del Servicio Civil y el Congreso de Intendentes.
Tercero, un nuevo modelo no garantiza una buena Jutep. La construcción de institucionalidad y confianza en la ciudadanía se hace “andando”, y es clave “alejarse” de la política partidaria y profesionalizar la función, que solo será posible con técnicos y presupuesto adecuado.
