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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEl pasado 24 de enero, en la web de Radio Monte Carlo, se publicó una noticia, bajo el tema “Salud”, con el título “El gobierno modificará la ley del aborto y propone ampliar plazo de 12 semanas”. El subsecretario de Salud adelantó a la emisora que las modificaciones a la ley se propondrán al Parlamento en el Mes de la Mujer. Quizá el gobierno entienda que ampliar los plazos para abortar y reducir los requisitos para hacerlo es un homenaje a la mujer, que tanto dice proteger y amparar en sus derechos. Nada más lejos de la realidad.
A vía de ejemplo, nos remitimos a la publicación que, en julio de 2025, realizó la Revista de Investigación Psiquiátrica (con más de 60 años de existencia, destinada a informar sobre los últimos trabajos de psiquiatría y disciplinas afines), titulada: “Aborto inducido e implicaciones para la salud mental a largo plazo: un estudio de cohorte de 1.2 millones de embarazos en Quebec, Canadá, que siguió a las pacientes durante un máximo de 17 años después del aborto”.
Entre los aspectos destacados, el estudio señala: “Las tasas de hospitalización de la salud mental son más altas después del aborto que los partos. El riesgo es elevado para trastornos psiquiátricos, consumo de sustancias e intentos de suicidio. Las pacientes con enfermedad mental preexistente o edad de 25 años son las más expuestas al riesgo”.
En agosto del año pasado, el Ministerio de Salud presentó la Acción País para la Salud Mental. Se llega a esa acción porque los actores que participaron en su elaboración aseguraron que lo que se necesita es promoción y prevención, la necesidad de un modelo comunitario capaz de acompañar a las personas en todas las etapas del ciclo vital. Pero la realidad nos muestra que, en el tema del aborto, sucede lo contrario. Ante un embarazo inesperado, la mujer se hace responsable de un proceso que realiza en su casa (ella optará si lo hace sola o acompañada), que provoca la muerte de un ser humano, que no es un extraño, es su hijo. Y eso a corto, mediano o largo plazo produce consecuencias, como referimos antes.
El Ministerio de Salud Pública es responsable de definir políticas, normativas y estrategias para proteger la salud de la población, la mujer incluida. No es un homenaje a la mujer presentar al Parlamento un proyecto que generará más muertes violentas por aborto, más mujeres con problemas de salud mental, posiblemente también físicas, afectando a su entorno familiar y en definitiva a la sociedad toda.
Aunque se diga que abortar es una elección de la mujer, el hecho de que en Uruguay esté vigente una ley —que lleva a inferir que abortar está bien— y que, además, el 95 % de las mujeres que consultan cada año termine abortando, lo que demuestra que el proceso legal no funciona, hace que se lo tome como una salida salvadora, cuando está demostrado que no lo es. Matar no salva ni es un derecho.
Por estas y muchas otras razones que no podemos exponer en este breve espacio, la ley del aborto debe ser derogada, no modificada.
Gianella Aloise-Pons