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En los últimos días las autoridades del gobierno electo se han manifestado a favor de “revisar” la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo IVE (18.987), colocándola como un “eje de prioridad” para el Ministerio de Salud Pública.
No deja de sorprender, que a menos de un mes de la segunda vuelta electoral el Frente Amplio salga con propuestas descolgadas, que no formaron parte ni de las bases programáticas ni de las 48 medidas presentadas por el candidato a Presidente de la República.
Porque “Garantizar el acceso efectivo y la calidad de los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional” (Eje integrador 4, Cap. 26 Acción Prioritaria 10 de las Bases Programáticas), NO significa modificar la ley en sus aspectos sustantivos como se plantea.
Un poco de historia: la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo del año 2012 se aprobó (por un voto), aludía a un problema de salud pública por aumento de mortalidad materna, en especial de mujeres más pobres. Cabe recordar que en los cuatros años previos a la legalización (2008-2011) NO hubo muertes maternas por aborto.
Convengamos que el 100 % de los niños en gestación mueren por aborto.
¿Qué pretenden revisar? Garantizar el acceso a una prestación que ya está priorizada por encima de otras no parece descabellado, a pesar de que el aborto se trata como una urgencia. No obstante, en este país es más fácil abortar que conseguir hora con un especialista o coordinar una intervención quirúrgica.
Hay que ser muy claro, a partir de la ley de IVE se puede abortar durante todo el embarazo alegando causas de salud materna (físicas o psíquicas).
Sin dudas que la intención es otra, fruto de presiones y compromisos asumidos con los colectivos feministas, la mira está en modificar radicalmente la ley vigente, eliminar las consultas con el equipo multidisciplinario, ampliar los plazos y, obviamente, restringir la objeción de conciencia de los médicos actuantes.
Ya no serán las 12 semanas de gestación, se echarán por tierra todos los argumentos esgrimidos entonces, que sostenían que el feto no era humano prácticamente, porque ya no son válidos. Ahora tendrán que explicar por qué se puede matar a un niño de 20 semanas de gestación, cuando la madre ya siente sus movimientos y está a semanas del límite de la sobrevida.
En Uruguay con un sistema de salud de cobertura universal, accesible y oportuna, con educación sexual en todos los niveles de la educación formal, con programas de apoyo y contención para las mujeres en situación de desamparo el número de abortos debería ser cero.
Suscribo absolutamente a las palabras del argentino y Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel: “Quien justifica el aborto, justifica la pena de muerte, y yo estoy en contra de la pena de muerte y en contra del aborto. Ser progresista significa defender la vida y nada más”.
