Llama la atención que, después de cinco años de recibir a cientos de delegaciones y expertos con críticas y sugerencias, nuestros legisladores no respondieran a ninguna de esas críticas ni corrigieran ninguno de los gruesos y riesgosos errores de la que será la peor de las leyes de eutanasia posibles.
Dicen que es para casos excepcionales. El proyecto de Ope Pasquet era para enfermedades incurables, terminales e irreversibles. Este, que hicieron y promovieron los doctores y representantes del Frente Amplio Luis Gallo, Cristina Lustemberg y Federico Preve, abarca a todos los mayores de edad (no prosperó, por ahora, la propuesta de Lustemberg de incluir a menores) psíquicamente aptos (lo que no significa que excluya las enfermedades mentales, como quería incluir Lustemberg expresamente) que a) tengan una enfermedad incurable (no solo terminal: toda enfermedad crónica es incurable), o b) discapacidades congénitas o adquiridas, o c) ancianidad (ambas son “condiciones de salud irreversibles”, como dice el proyecto, según la OMS). Y le agregan el requisito del “grave y progresivo deterioro de la calidad de vida”: a igual enfermedad incurable, discapacidad o vejez, ¿quién tiene peor calidad de vida?, ¿el rico o el pobre?, ¿el que está solo o el que tiene una buena contención social y familiar?
¡Es una ley que discrimina por razones de enfermedad, discapacidad, vejez y motivos sociales y económicos! ¡Y discrimina nada más ni nada menos que respecto al derecho a la vida! Los más necesitados de ayuda, los más vulnerables son categorizados como “eutanasiables”: su derecho a la vida pasa, por decisión de los legisladores, a ser renunciable, deja de tener valor social de orden público.
Dicen que es para situaciones excepcionales, que no refiere a cualquier enfermedad incurable, que no incluye enfermedades mentales, ni cualquier discapacidad, ni la vejez… Entonces, ¿por qué no lo dicen en la ley? ¿Por qué no definen “condiciones de salud irreversibles” delimitando el concepto de la OMS? Si quieren dejar afuera las enfermedades psiquiátricas incurables, ¿por qué no lo aclaran en la ley? Si no quieren discriminar según la soledad y la pobreza, ¿por qué ponen el requisito de la calidad de vida o por qué no las descartan expresamente?
La igual dignidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el igual valor de toda vida humana y la igualdad ante la ley consagrada en la Constitución son reemplazados por los diferentes grados de calidad de vida y de autonomía. Es digno el que puede hacer lo que quiere… y, en esto, no somos todos iguales: los dependientes molestan y sus vidas se consideran sin valor, descartables… pero hay que respetar su libertad. Bueno, no tanto: la sociedad les dirá, mediante la ley, que su vida no vale, que, si quiere, puede renunciar a su derecho a la vida, a no ser matado…; es más, se les ofrece matarlos.
A quien pide morir porque tiene un sufrimiento que considera insoportable, si podemos aliviarlo, ¿le tomamos la palabra y lo matamos, aunque su consentimiento esté viciado por el dolor, o le damos lo que precisa para superar el sufrimiento? Y, si solo vale la petición de los eutanasiables, mientras que otras voluntades suicidas no eliminan la prohibición de matar, ¿no será porque las vidas de los primeros son consideradas sin valor, descartables? “Le damos la opción, un nuevo derecho: puede elegir cuidados paliativos o eutanasia; no se obliga a nadie”. Sí, pero solo les dan la opción de la eutanasia a los que consideran eutanasiables, a los que es más costoso cuidar y aliviar… ¿Por qué? Tal ofrecimiento selectivo de suicidio, con ayuda, ¿no es devaluación social de sus vidas y presión social para que quieran poner fin a ellas?
Con cuidados paliativos, ¿no podrían superar el sufrimiento y dejar de pedir la muerte? Sí, pero seguirán siendo dependientes, necesitados, costosos… Entonces, los promotores de la ley de eutanasia, ¿quieren realmente aliviarlos? ¿O, con la excusa de una libertad anulada por el sufrimiento, quieren descartarlos?
A los hechos me remito.
1) Si quisieran aliviar el sufrimiento y no eliminar al sufriente, probarían primero si la ciencia tiene razón: si con la universalización de los cuidados paliativos de calidad y sin ley de eutanasia que patee en contra, se logra superar el deseo de adelantar la muerte y “morir en forma natural, en paz y sin dolor” (muerte digna, según la definición de la misma ley que quieren aprobar). Habrían aceptado la propuesta del informe de la minoría de la Comisión de Salud de Diputados de la legislatura pasada: centrar los esfuerzos en que todos puedan aliviar su sufrimiento (se necesitan dos años, según lo dicho por el Ministerio de Salud Pública) y, después de dos años de evaluación, retomar la discusión con datos reales de las causas del sufrimiento y de las respuestas más adecuadas para superarlo. Pero ni siquiera se consideró. Esto pasó hace tres años. Ya podríamos estar a un año de retomar la discusión.
2) Se opusieron a que los cuidados paliativos atiendan el final de vida, incluyendo la sedación paliativa. Y, cuando quienes promueven el cuidado y no la muerte propusieron el artículo 5, con los principios, derechos y deberes de los cuidados paliativos en el final de vida, confesaron: “El capítulo VII habla del final de la vida y, si se analiza cada uno de los literales, del A al H, se ve que en el contexto general se está prácticamente inhibiendo la posibilidad de que la cámara pueda estudiar otro proyecto que tenga que ver con la eutanasia”, y votaron en contra, aunque se aprobó por 53 votos en 94.
3) ¿Es casualidad que, por intereses económicos de las instituciones médicas en la Junta Nacional de Salud, se haya demorado la reglamentación de la ley de cuidados paliativos hasta casi la fecha en que se vote la eutanasia? ¿O se busca compensar los gastos de una opción con los “ahorros” que produce la otra? El Ministerio de Salud Pública demostró que los cuidados paliativos ahorran dinero al sistema tradicional de atención porque, al concentrarse en el bienestar del paciente, cuando su enfermedad no puede curarse, se evitan muchos estudios, intervenciones e internaciones innecesarias. ¡Ah, pero es mucho más lo que se ahorra con la eutanasia! Ahí no hay que gastar más en personal y cuidados; y es de aplicación inmediata.
4) Si esto no fuera así, tienen nuevamente la opción de demostrarlo: establezcan como requisito la refractariedad del sufrimiento a los cuidados paliativos y la no indicación de la sedación, como lo propone uno de los proyectos basado en la opinión unánime de los penalistas, y que no han querido considerar. Esta es la piedra de toque, la manifestación clara de que, en el texto normativo, no se buscar ahorrar descartando eutanasiables.
Dicen que fue un diálogo abierto, pero no han tomado en cuenta ninguna de las modificaciones que se han sugerido en estos años, incluso por parte de gente que está a favor de la eutanasia. ¿De verdad la van a aprobar así nomás? ¿Por qué?
Se rechazó crear una comisión de garantía independiente, con psiquiatras, médicos especialistas y trabajadores sociales que verifiquen la libertad y la autenticidad de la petición y que no está determinada por depresión o presiones sociales, familiares o económicas. Se prefirió dejar todo en manos de un médico general de la institución. Se negó, además, incluir el requisito de que la persona no pueda suicidarse por sí misma, ni con ayuda compasiva, antes de pedir que otro la mate. ¿Quieren garantizar un mínimo de libertad?
Por último: no se entiende por qué se quiere imponer este deber de matar (que, ya dijimos, no debería existir) a los médicos, cambiándoles su profesión y su Código de Ética aprobado por plebiscito por 8.000 médicos hace 12 años y que no puede modificarse sino por otro plebiscito de los médicos. La objeción de conciencia no resuelve el problema: es la profesión médica, sus fines y su ética, la que están destruyendo. Dar muerte no es profesión de nadie; será una nueva profesión: ¡que la elijan, estudien y ejerzan los que quieran!, ¡pero no cambien la tan necesaria profesión médica cuya finalidad es sanar, prevenir enfermedades, aliviar y acompañar al paciente, nunca matar o dañar!
Señores senadores: nos deben una respuesta al pueblo que los ha votado. Pueden demostrar que realmente han escuchado, con mente abierta propia del diálogo democrático. Que tengan los votos no es una respuesta. El diálogo democrático requiere dar respuesta a los argumentos y aportes del otro. La racionalidad en el análisis argumentativo es la única garantía de que las leyes sean una salvaguarda y concreción de los derechos fundamentales.
Diego Velasco Suárez
