Reconversión, “en una etapa avanzada e irreversible
La compañía, que hoy abastece a entre el 70% y el 80% del mercado nacional, asegura que la reconversión se encuentra “en una etapa avanzada e irreversible”. La nueva planta de electrólisis de membrana, fabricada por la empresa alemana-italiana ThyssenKrupp Nucera (TK-Nucera), fue embarcada el 8 de setiembre desde Génova rumbo al Puerto de Montevideo, con arribo previsto para el 15 de octubre. El embarque incluye 10 contenedores de 40 pies, uno de ellos refrigerado, que contienen el electrolizador y la planta de tratamiento de salmuera, la cual se embarcará el 10 de octubre, 30 días antes de lo previsto originalmente. Ambas instalaciones constituyen “el corazón de la nueva planta”, cuya construcción civil ya finalizó el movimiento de más de 10.000 metros cuadrados de suelos e implicó una inversión de más de US$ 400.000 financiada con fondos propios.
En ese sentido, el escrito señala que “la construcción del edificio del nuevo electrolizador ha sorteado algunas dificultades técnicas, derivadas de que la ingeniería de detalle no pudo avanzar francamente hasta contar con la definición de algunos aspectos de la ingeniería básica y de detalle de TK-Nucera”; sin embargo, aclara que hoy el diseño del edificio está culminado, que ya se lanzó la cotización internacional de precios para el mismo y que se está en la fase de cierre del contrato.
Es así que, pese a los contratiempos, Gómez Alcorta aseguró que la nueva planta está “70% u 80% avanzada” y si bien no llegan a diciembre de 2025, “no es por mala voluntad ni por falta de eficiencia”.
El proyecto, denominado Omega, implica una inversión “de muy alta intensidad de capital, que ha debido sortear condiciones extremadamente desfavorables”, con un monto total de US$ 170 millones, y se desarrollará en tres etapas. La primera, actualmente en ejecución, requiere unos US$ 20 millones y permitirá aumentar la producción en un 30% respecto a la planta actual. “Esa primera fase equivale a un tercio de la planta completa, que es cuatro veces más grande que la que tenemos hoy”, explicó Gómez Alcorta. El proyecto es ejecutado por el consorcio Ciemsa–Teyma bajo un modelo de ingeniería y construcción integrado, con supervisión técnica de TK-Nucera y financiamiento estructurado por el Banco República, complementado por un fideicomiso financiero.
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Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente.
Javier Calvelo / adhocFOTOS
Obstáculos financieros y técnicos
La empresa atribuyó los contratiempos a una combinación de factores locales e internacionales. Uno de ellos fue la caída del acuerdo de financiamiento internacional con una firma estadounidense a fines de 2023, lo que obligó a rediseñar el proyecto, reducir su escala y buscar crédito local. “Nos abocamos a hacer la inversión mínima para cumplir con el convenio y mantener la viabilidad de la empresa”, relató Gómez Alcorta. Esa redefinición coincidió con un deterioro del balance económico, ya que Efice decidió voluntariamente dejar de importar mercurio desde junio de 2020, lo que redujo la capacidad y eficiencia de su producción.
En abril de 2024, la compañía acordó con el sindicato un ajuste salarial temporal de dos años, que los trabajadores prefirieron llamar “aporte capitalizador”, para mejorar los resultados financieros y facilitar el acceso a crédito. Ese convenio fue decisivo para “mejorar el resultado del balance económico” y lograr el crédito del Banco República, aprobado a fines de 2024, pero la formalización de las hipotecas exigidas —que incluyeron todos los bienes de la empresa y la vivienda personal del propio Gómez Alcorta— se demoró por trámites notariales hasta el 29 de setiembre de 2025.
“Ese atraso en la disponibilidad de fondos, desde mayo hasta ahora, nos impidió hacer determinados desembolsos y aperturas de cartas de crédito. Los plazos se empezaron a estirar, y llegamos a esta situación en que los plazos nos pasaron por encima”, explicó.
La empresa también indica en el escrito que en el proceso de negociación para obtener los equipamiento necesarios, tanto Efice como las empresas constructoras se encontraron con que algunos equipos tenían plazos de entrega más largos de los esperados, debido a “coyunturas de un mercado internacional incierto”. Por ejemplo, menciona la pandemia de Covid-19, que “reconfiguró el mercado de materias primas y fletes internacionales”; la guerra de Ucrania, que influyó en los precios de la energía en Europa, productora de las principales tecnologías; la disputa comercial entre Estados Unidos y China, que causó “tensiones e incertidumbres en los mercados, impidiendo muchas veces que los proveedores cotizaran”; el auge del hidrógeno verde —que utiliza equipos de electrólisis similares a los del cloro y produjo que se dispararan tanto los precios como los plazos de entrega de distintos componentes—, y la escasez de metales, como el níquel y el titanio-paladio. También se registraron demoras de hasta 12 meses en la entrega de transformadores eléctricos, originalmente previstos para seis, y mayores restricciones para licencias de exportación de materiales de uso dual.
“Es imposible llegar a diciembre de 2025 con certezas”, resumió Gómez Alcorta. “El corazón de la planta ya está navegando para acá. No es que falte hacerlo todo, pero se requiere más tiempo para poner a funcionar toda la planta completa”, comentó el presidente. Al respecto, el documento detalla: “Todos estos motivos hacen que, aun estando en plena fase de ejecución, con el 100% de los suministros de la tecnología base comprados desde junio 2024 y más del 60% de los suministros totales definidos y negociados, ahora nuevos factores complejizan el cumplimiento de los plazos del proyecto y aumentan el monto”.
El empresario añadió que la nueva planta será 39% más eficiente energéticamente, lo que reducirá en un 40% los costos eléctricos, que representan la mitad del costo total de producción. Además, incorporará una planta de desalinización de agua del Río de la Plata, “lo que permitirá abastecer procesos industriales sin ejercer presión sobre fuentes hídricas sensibles como el acuífero subsuperficial o el sistema de agua potable del área metropolitana”, agrega el escrito.
“El peor negocio para nosotros es extender los plazos. Vendemos menos y ganamos menos. Los menos beneficiados con la extensión somos nosotros, somos los principales interesados en que esto arranque cuanto antes”, afirmó Gómez Alcorta.
El Convenio de Minamata y el impacto regional
En su escrito, Efice sostiene que el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, ratificado por Uruguay en 2014, “no es punitivo ni obligatorio”, y que su artículo 15 prevé mecanismos de flexibilidad para los países que necesiten más tiempo para cumplir por dificultades excepcionales. “Hay antecedentes de otros países que ya lo han hecho y con plazos mayores al año que pedimos nosotros”, dijo Gómez Alcorta. “Argentina y Perú tienen plazo hasta 2030, y México acaba de extenderlo tres años más, hasta 2028”.
El documento cita, además, que Estados Unidos notificó dificultades similares y que varios países de la región solicitaron extensiones. Según Efice, Uruguay representa apenas 0,6% de la capacidad instalada de cloro-soda en América Latina, y aun si se concede la prórroga, el 64% de la producción regional con tecnología de mercurio seguirá operando más allá de 2025. “Agregar las 15.000 toneladas anuales de Uruguay elevaría ese porcentaje al 67,4%, lo que demuestra la inexistencia de impacto regional o mundial”, concluye el texto.
“Los impactos que pudo tener la producción de cloro-soda con tecnología de mercurio en más de 65 años de existencia de la planta no serán sustancialmente modificados por un año más de funcionamiento”, agrega la empresa.
Efice subraya que el Comité de Cumplimiento del convenio “no aplica sanciones ni multas, sino que hace seguimiento del plan de reconversión” y que, por lo tanto, Uruguay no enfrenta ningún riesgo de penalidades internacionales. “La única obligación es moral o ética”, sostiene el escrito, ya que “no se trata de una solicitud de exención de plazo, sino de la activación de un mecanismo legítimo y ya utilizado con éxito por otros países”.
Efice advierte que suspender la producción actual antes de finalizar la nueva planta tendría consecuencias sociales, económicas y sanitarias graves: pérdida de más de 130 empleos directos y 500 indirectos, caída de US$ 23 millones anuales en derrame económico, disminución de US$ 5 millones en recaudación fiscal y riesgo de desabastecimiento de cloro gas, insumo esencial para la potabilización del agua por parte de OSE. “Si se detiene Efice, se compromete el abastecimiento”, afirmó Gómez Alcorta.
El empresario insistió en que la planta actual “no está contaminando nada” y que cumple con todas las regulaciones y controles ambientales de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental. “De la misma forma que no está contaminando ahora, no lo va a estar por funcionar un año más”, aseguró.
El documento, en tanto, sostiene que “suspender la producción sería un retroceso doloroso en el camino hacia un Uruguay industrialmente soberano, innovador y socialmente inclusivo”. Por eso, Efice solicita al Ministerio de Ambiente que comunique formalmente al Comité de Cumplimiento del Convenio de Minamata la situación de Uruguay y su plan de finalización de obras, “para que se considere el alto grado de avance, el compromiso demostrado, y las circunstancias justificadas de orden técnico, y de mercado”, “reiterando el firme compromiso con la eliminación total del uso de mercurio y el cumplimiento pleno del convenio en el más breve plazo posible”.
Gómez Alcorta aseguró que se reunió con el ministro Edgardo Ortuño 15 días antes de presentar el escrito. “Entendió perfectamente la situación y que precisamos resolverlo rápido”, dijo. “Porque cuanto más se dilate la resolución de la extensión del plazo, más se tranca todo el proceso con el Banco República y con los proveedores internacionales, y más se dilata todo el proceso que tenemos por delante”, cerró.
