Ley de Presupuesto y sociedad civil

Esto significa que, si en términos netos las empresas mantienen sus donaciones actuales (ceteris paribus, dirían los economistas), las organizaciones de la sociedad civil que se benefician de ellas perderían el 40% de su presupuesto.

Contamos con varios ejemplos de instituciones educativas que nos muestran el camino a seguir en la cuenca de Casavalle y más allá. ¿Nuestra respuesta es cercenar su presupuesto? Cambiando de problemática, ¿acaso alguien piensa que el Estado podría ocupar adecuadamente el vacío dejado si decapitamos a la Fundación Teletón? ¿Queremos una sociedad frágil, anémica e incapaz de salir adelante sin la intervención del Estado todopoderoso?

En los pocos abordajes del asunto, en medios se reiteran errores conceptuales que es importante aclarar. En primer lugar, las empresas no reciben “beneficios fiscales” para sí mismas como en el caso de la Comap, el beneficio impacta en la entidad beneficiaria. Es importante resaltar esto porque las donaciones (inversiones sociales) compiten con esas otras inversiones de la empresa (inversiones productivas).

El 100% de la donación es realizada por la empresa. El origen de esos fondos es el esfuerzo productivo de la empresa y su creación de valor. La gran virtud del régimen de donaciones especiales es reconocer que las empresas que generan utilidades tienen una capacidad comprobada de aplicar adecuadamente los recursos disponibles. Reconoce su compromiso con el país, su futuro a largo plazo, y que es inteligente hacer uso de esa capacidad para destinar recursos a áreas donde identifiquen que el Estado está fallando. La sociedad se organiza para resolver un problema. Las empresas valoran la propuesta, sus resultados, y deciden apoyarla. Por lo tanto, el Estado acompaña a través de una renuncia fiscal. Es un excelente mecanismo de diálogo social.

La realidad de estas empresas es que son conscientes de que las instituciones a las que quieren apoyar necesitan el 100% de los recursos, recurrentemente, año a año, para mantenerse sostenibles. Más de una vez se han enfrentado a donar lo mismo a pesar de tener un mal año o una Comap que las deja con exceso de créditos que no pueden aplicar. Ya tuvieron que encarar ajustes cuando se cambió el sistema original de 75%-25% o los topes de entidades beneficiarias. Frente a un cambio de 70%-30% a 50%-50% muy probablemente deberán optar por mantener su costo neto y si, por ejemplo, hoy apoyan a tres instituciones, dar de baja a una para poder sostener dos y no ver a todas colapsar.

Es irónico que un gobierno de izquierda recurra a la destrucción creativa del capitalismo para reducir su exposición a la inversión social. Me dirán que se aumentan los cupos y que podrían ser mayores las exoneraciones y las instituciones beneficiadas. Esa parte es anecdótica y lo saben, la base contributiva es la misma, por lo que el único efecto es que el Estado renuncia a menos.

Si genuinamente se pretende realizar esa apuesta, entonces sería de recibo que mantengan el 70%-30% y extiendan el régimen al nuevo impuesto sobre las ganancias de capital en el exterior. Es un nuevo impuesto, recursos de los que no se disponía, originados por personas físicas que también logran esas ganancias por su capacidad de asignar recursos productivamente. Demos la opción de destinar parte de ese impuesto a instituciones que quieran apoyar. De hecho, ya es una de las otras fuentes alternativas que existen hoy para la inversión social: generosas donaciones particulares que seguramente se van a ver comprometidas al reducirse los ingresos disponibles de quienes las realizan. Esa retracción no solo afecta las finanzas, sino que desincentiva y aleja a contribuyentes valiosos que se involucran más allá de lo económico.

Suele argumentarse que el problema es que es difícil de administrar y controlar, que puede haber abusos… Es la peor de las excusas. Si no confiamos en la capacidad del Estado de mejorar sus procesos para evitar desvíos, ¿por qué deberíamos estar dispuestos a pagar más impuestos? La desidia sería aún mayor introduciendo el 50%-50%, que a todos los efectos no va a dar otro resultado que un 30%-30% y 40% de déficit en inversión social. Destruir es más fácil y rápido que construir.

Tengo claro que perdí a varios por el camino y que quien llegó hasta acá fue pensando que soy muy ingenuo y no entiendo que el único objeto de todo esto es alimentar la voracidad del Estado. Lo entiendo, pero prefiero dejar de lado el cinismo, alertar y proponer, en pleno ejercicio de la ciudadanía. El día que dejemos de hacerlo, ciertamente tendremos los gobiernos que merecemos.

Antonio Terra Rompani

CI 2.561.715-1