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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáTras cuarenta y dos años en el Servicio Exterior de la República, el retiro como embajador permite observar con mayor claridad la evolución de la diplomacia de nuestro país. La experiencia acumulada no solo permite advertir los cambios visibles, sino también ciertos factores institucionales menos perceptibles que, con el tiempo, terminan influyendo en la calidad de la acción exterior del Estado.
Ingresé a la carrera mediante concurso de oposición y méritos, en una época en la que el principio del mérito no era una fórmula retórica, sino el fundamento mismo de la representación internacional del país. Aquella convicción que vinculaba la responsabilidad de representar a la República con la preparación profesional, la disciplina intelectual y la experiencia contribuyó a forjar una tradición de seriedad institucional que durante décadas distinguió al servicio exterior uruguayo.
En realidad, se trata de un principio más amplio de organización del Estado: allí donde las funciones públicas requieren alta especialización, el mérito profesional deja de ser una preferencia y pasa a ser una verdadera necesidad institucional.
Durante buena parte del siglo XX esa tradición permitió que Uruguay, pese a su tamaño, desarrollara una diplomacia respetada en la región y con presencia relevante en ámbitos multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio. Para un país pequeño, ese prestigio no deriva del poder material, sino de activos menos visibles: la credibilidad institucional, la coherencia jurídica de sus posiciones, la previsibilidad de su conducta internacional y, sobre todo, la calidad profesional de quienes ejecutan su política exterior.
La diplomacia contemporánea confirma plenamente esa exigencia. Las negociaciones comerciales, los regímenes regulatorios internacionales, los desafíos ambientales y las rivalidades geopolíticas configuran un escenario en el que la improvisación resulta particularmente costosa. En un contexto internacional cada vez más complejo donde se negocian normas comerciales, tecnológicas y ambientales de gran impacto para economías pequeñas, la calidad técnica de la representación diplomática adquiere una importancia aún mayor. Como observaba el diplomático británico Harold Nicolson, la diplomacia eficaz descansa en una combinación de conocimiento especializado, prudencia de juicio y comprensión profunda de los intereses nacionales.
Ese prestigio institucional se apoyó durante décadas en una idea sencilla pero exigente: el acceso y el progreso dentro de la carrera debían regirse por concursos rigurosos y una evaluación estricta de los méritos profesionales, principio que sigue siendo la práctica predominante en los servicios exteriores más profesionalizados. El conocimiento del derecho internacional, de la economía, de la historia y de los asuntos globales ocupaba un lugar central en las pruebas de oposición, porque la representación internacional exige funcionarios con sólida formación intelectual capaces de analizar problemas complejos y negociar en escenarios cada vez más sofisticados.
Precisamente por ello resulta preocupante observar ciertas tendencias que parecen alterar gradualmente ese equilibrio. Naturalmente, toda institución pública debe adaptarse a nuevas realidades y revisar periódicamente sus mecanismos de funcionamiento. Sin embargo, esas necesarias adaptaciones no deberían debilitar el principio que históricamente ha garantizado la calidad profesional del servicio exterior: el mérito como criterio central de acceso y promoción.
No necesariamente mediante una rebaja formal de exigencias, sino a través de cambios más sutiles en la ponderación de los méritos, donde criterios administrativos o evaluaciones de gestión adquieren un peso creciente. La buena gestión es, sin duda, necesaria; pero puede integrarse plenamente dentro de un sistema que mantenga la formación intelectual y la competencia profesional como eje central.
A ello se suma otro factor: el aumento de designaciones de embajadores ajenos a la carrera. Aunque esta práctica existe en numerosos países y puede responder a consideraciones políticas legítimas, su expansión modifica inevitablemente el equilibrio interno de un servicio exterior profesional, particularmente en países con redes diplomáticas reducidas en las que el número de cargos superiores es necesariamente limitado.
El debate de fondo, sin embargo, no debería plantearse como una oposición entre formación académica y capacidad de gestión. Ambas dimensiones son plenamente compatibles y suelen reforzarse mutuamente.
Preservar ese principio no es una cuestión nostálgica ni corporativa. Para un país como Uruguay, cuya proyección internacional depende en gran medida de la credibilidad de sus instituciones y de la calidad profesional de quienes lo representan, la excelencia en la selección y formación de sus diplomáticos constituye un interés estratégico del Estado. Porque la diplomacia es una de esas funciones públicas donde los errores rara vez se corrigen con facilidad y la acción sin la debida preparación suele pagarse caro.
Y los países pequeños, más que ningún otro, necesitan que quienes hablan en su nombre ante el mundo lo hagan con conocimiento, prudencia y la autoridad que solo otorgan la preparación rigurosa y la experiencia. En diplomacia, como en pocas funciones del Estado, la competencia profesional no es un lujo: es una condición de la credibilidad nacional.
Dr. Jorge Cassinelli