En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
El reciente trabajo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) El peso del Estado en Uruguay merece atención. Es un documento serio, con datos verificables, fuentes citadas y con la honestidad intelectual de reconocer las fortalezas institucionales del país, junto con sus debilidades estructurales. Lo más valioso del informe, sin embargo, no es lo que dice. Es lo que obliga a discutir, y que la política uruguaya viene esquivando hace demasiado tiempo.
Entre los muchos datos que el informe ordena, uno funciona especialmente bien como puerta de entrada al debate de fondo. Durante 213 meses consecutivos, sin una sola excepción en 17 años, los combustibles fueron más caros en Uruguay que en el promedio de Chile y Brasil. El sobrecosto acumulado entre 2015 y 2025 supera los 7.400 millones de dólares. Esa cifra no aparece en ningún presupuesto, no se vota en el Parlamento y no se discute en campaña, pero la pagan los uruguayos cada vez que cargan nafta. Una parte financia rentas generales y otra cubre, entre otras cosas, los 810 millones de dólares que perdió el negocio del cemento pórtland de Ancap desde el año 2000.
El caso del pórtland ilustra con nitidez por qué el debate no puede seguir postergándose. Ancap vende el cemento a la mitad de lo que le cuesta producirlo. Sus dos plantas, Minas y Paysandú, operan 142 y 103 días al año frente a los 330 del estándar regional. En 2023 se intentó asociar el negocio con un privado mediante licitación internacional y no se presentó ningún oferente. El propio presidente del ente de entonces lo resumió sin eufemismos: el negocio “no le sirve a nadie”. Sin embargo, ahí sigue. Sostenido en parte por la prima que cada uruguayo paga en el surtidor, en parte por aportes de rentas generales, y ahora —si la actual ministra de Industria se sale con la suya— también por una cuota de compras comprometida desde las intendencias.
Lo que muestra este encadenamiento es algo más profundo que un problema de Ancap. Es la forma en que el Estado uruguayo aprendió a evitar las conversaciones difíciles: distribuyendo el costo en porciones invisibles, escondiendo subsidios en primas de precios, financiando lo deficitario con lo rentable sin que el ciudadano vea la cuenta entera. Nadie siente el golpe completo. Por eso nunca duele lo suficiente como para forzar una decisión.
Hay que discutir, de una vez, el monopolio de Ancap. No para demolerlo con apuro ni para privatizar nada de un saque, sino para preguntarse con honestidad qué hace, qué no hace, cuánto cuesta y a quién beneficia. Hay que discutir el pórtland en función de los ciudadanos, no de la inercia: si la sociedad uruguaya decide sostener empleo industrial en Minas o Paysandú, esa decisión debe estar en el presupuesto, debatirse en el Parlamento y compararse con sus alternativas, no esconderse en la prima que paga un camionero en Rivera.
El informe del CED no agota la discusión. La abre. Y la abre justo donde Uruguay más necesita abrirla: en la pregunta sobre qué Estado queremos, qué tamaño puede sostener nuestra economía y qué estamos dispuestos a recibir a cambio de lo que ya pagamos. Porque el problema, como los propios datos del informe muestran, no es solo cuánto gasta el Estado uruguayo. Es cuán poco eficiente es ese gasto: más recursos a educación que casi cualquier país de la muestra y resultados rezagados, más gasto en seguridad que el promedio OCDE y homicidios crecientes, empresas públicas que pierden plata sistemáticamente. Esa conversación no es cómoda para nadie. Toca pasividades, empleo público, empresas estatales, sistema educativo. Genera resistencias en cada uno de sus tramos. Pero es la conversación que el país viene postergando desde hace al menos una década, y cada año que pasa hace más caro postergarla más. El trabajo del CED es una invitación a empezar esa conversación. Sería una pena, otra vez, dejarla pasar
