Días pasados, en el marco del debate y votación acerca del Presupuesto Nacional de Sueldos, Gastos e Inversiones, y en ocasión de presentarse el respectivo informe del Ministerio de Desarrollo Social, ocurrió un hecho en el Senado de la República que me atrevo a calificar como desagradable. Agrego, fuera de lugar y que no es de recibo de manera alguna. Si estuviéramos en un proceso jurisdiccional, se podría adjetivar como improponible, debido a que carece de todo fundamento.
Parece que algunos quieren llevarnos a una “milonga entre magnates, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones”, como dice la letra del famoso tango Mano a mano, cantado magistralmente por el pedrense Julio Sosa.
Concretamente, la senadora Blanca Rodríguez, docente y periodista de profesión, dijo en sala que “el diseño de políticas sociales comenzó con los gobiernos del FA”.
Pueden haber ocurrido dos circunstancias. Lo hizo por desconocimiento y no utilizo el sinónimo del término para no caer en el riesgo de la irrespetuosidad, o simplemente con el objetivo de reforzar un falso relato de la historia. Prefiero pensar en lo primero, ya que eso me convoca e impulsa a esbozar un rápido repaso por los diferentes hitos en materia de seguridad social, educativa y de protección, los que ensancharon, en forma consciente y decisiva a la sociedad uruguaya.
En los albores de la institucionalidad, se consagró un sistema de previsional para funcionarios militares. Habían transcurrido los primeros años del novel Estado Oriental del Uruguay. Con el paso del tiempo, y luego de esfuerzos personales y grupales, se fueron integrando diferentes colectivos laborales. Cabe acotar que nuestro país, con una clara visión de progreso, fue de los que primero replicó y cimentó el desvelo del conductor de la recientemente creada nación alemana en los años 70 del siglo XIX, Otto von Bismarck. No con el diseño actual, es cierto, pero se lo considera como el comienzo de la seguridad social, la que prevé diferentes contingencias de la vida.
En el plano educativo, la nación creó una de las mallas de protección social más importantes. No solo dotó al país de uno de sus rasgos fisonómicos por excelencia, sino que le aportó un fantástico mecanismo de movilidad social. Me refiero a la escuela laica, gratuita y obligatoria, al influjo de José Pedro Varela y la fuerte influencia de una pléyade de jóvenes inquietos, entre los que podemos señalar a Elbio Fernández, Carlos María Ramírez y Alfredo Vázquez Acevedo. Perseguían como objetivo central consagrarse a la causa de la educación popular. De tal forma es que se recoge la famosa frase del reformador escolar: “La educación difundida en todas las clases sociales”, que ha quedado inmortalizada en el monumento que se erige a su memoria y su imponente aporte.
En las postrimerías del siglo XIX, se creó el primer Organismo de Previsión Social del Uruguay y del continente americano. Hacemos referencia a la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones. Esa ley es conocida por el nombre de su autor, Evaristo Ciganda, diputado blanco del departamento de San José.
Tras la finalización de la Revolución de 1904, se realizan elecciones parlamentarias. Un grupo de legisladores blancos electos, entre los que se encontraban Luis Alberto de Herrera, Carlos Roxlo y Julián Quintana, presentan un proyecto de ley para limitar la jornada laboral. Diez años más tarde, se sanciona la norma con un formato diferente al inicial pero con su misma motivación.
En ese espacio de tiempo, se crea el Banco de Seguros del Estado y la cobertura de los accidentes de trabajo.
El 30 de julio de 1916 el pueblo uruguayo es convocado para decidir acerca de la reforma de la Constitución de la República. Se recuerda la jornada como aquella que se pronuncia por el presidencialismo, en clara oposición al proyecto de Poder Ejecutivo Colegiado. También se lo identifica como el que generó la separación de la Iglesia católica del Estado, la consagración del voto universal masculino y la implementación del respectivo para las mujeres. Quizás uno de los aspectos menos conocidos es que el joven, y posteriormente fallecido en forma trágica, Dr. Washington Beltrán introduce una norma fundamental y básica en nuestra organización jurídico-institucional.
En la misma se establece lo que en la actualidad identificamos en el artículo 72 de la regla fundante. La misma, reza que “la enumeración de los derechos, deberes y garantías establecidas en la Carta Magna no excluye otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”. Allí queda plasmado que los derechos no son taxativos, es decir que no se agotan en sí mismos, en los consagrados expresamente sino que reconoce un amplio elenco, los que están implícitos en el régimen constitucional. La referencia no es casual debido a que tendremos que esperar tres lustros más para que aparezcan en la Constitución los llamados derechos colectivos de naturaleza social, económica y cultural. Son aquellos que se conocen como los de la segunda generación frente a los civiles y políticos primigenios y que son el cimiento jurídico del estado social de derecho o estado de bienestar.
En la década del 20 del siglo pasado, irrumpe en la Cámara de Representantes el Dr. Lorenzo Carnelli, quien trabaja incansablemente y concreta la creación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. En su trabajo parlamentario se puede destacar, además, las leyes de trabajo nocturno, de vivienda decorosa, prevención de accidentes, descanso semanal, licencia obligatoria, salario vacacional.
Imagino ahora que la segunda senadora del grupo más votado del Frente Amplio, y en el primer lugar en la línea de sucesión para presidir la Cámara Alta, accedió a la información necesaria para entender el fundamento de la denominación de la excalle Tacuarembó con el nombre de esta ilustre y señera figura parlamentaria, lugar que alberga la señal de televisión desde donde noche tras noche llegaba a nuestros hogares.
Otra de las figuras consulares en materia de protección social fue el Mtro. Daniel Fernández Crespo. Educador, gremialista, legislador. Integró el Colegiado como miembro de la oposición y como integrante por la mayoría gobernante, habiendo encabezado el gobierno departamental de Montevideo de 1959 a 1962.
Fue autor de una cantidad impresionante de proyectos de ley. Dentro de los más relevantes, podemos destacar el seguro de paro y bolsas de trabajo de la industria frigorífica, igual salario de la mujer y del hombre en la misma tarea, garantías para la empleada u obrera que contrae enlace o es madre, jubilación especial para los obreros que trabajan en medios insalubres que producen prematuras enfermedades profesionales, cooperativas agrarias, reforma agraria, participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, entre otros.
Es cierto que la rica y fecunda historia de derechos no fue solamente pensada, formulada y defendida con convicción y ardor por representantes blancos. Sería un error histórico inexcusable. Pero de algo estoy seguro: sus aportes fueron decididos y decisivos para la configuración del Uruguay.
Podríamos seguir narrando la experiencia social de nuestro país. Hay mucho para decir, en forma veraz y documentada.
Como corolario del presente descargo, es necesario establecer inequívocamente que nuestro país tiene una historia de conquistas sociales que lo ubica en el privilegiado lugar de pionero, tanto en el continente americano como en el concierto internacional.
Esa obra la construimos todos los días desde el nacimiento mismo de nuestra nación porque José Artigas nos legó las dos columnas que cimentan la patria misma: libertad y justicia social.
Marcello Brienza
