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Las prioridades del doctor Ricardo Perciballe. En el programa Desayunos informales del 5 de agosto próximo pasado, fue entrevistado el Fiscal Letrado Nacional especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, doctor Perciballe, quien ejerce el cargo desde la creación misma de esta Fiscalía en 2018.
Si para un lego en la materia tal titulación pueda presentarse como una construcción algo rimbombante, para otros más versados en asuntos del derecho, la designación para este cargo estimo debe presuponer que la persona seleccionada ha sido cuidadosamente analizada con base en indiscutibles credenciales para ejercer una función que —por su título— presenta exigencia de amplia y altísima responsabilidad profesional, donde —en mi modesto modo de entender— la precisión, sensibilidad y el celo integrados deberían constituir la manecilla de su brújula para desplazarse en territorio del derecho.
Ahora bien, en el programa referido, el doctor Perciballe, con relación a recursos presentados ante la Suprema Corte de Justicia por el equipo de abogados del Centro Militar reclamando —con base en el artículo 239, numeral 1º, contenidos en el Capítulo III de la Constitución de la República— que este máximo órgano asumiera competencia por los casos que hasta el momento estaban en varias sedes judiciales con potestades en materia penal, expresó: “ … Tiene grandes problemas en la práctica, ni hablar que anular todo esto significaría nada más y nada menos que quedaran todos en libertad, y que, además, el Estado les tuviera que pagar por una prisión indebida…”.
Vayamos ahora y observemos cada expresión del señor fiscal, tratando de hacerlo exclusivamente desde el ángulo del derecho (del sagrado derecho que a todos nos concierne, y a todos nos debe contemplar sin discriminación de lugar, persona, momento o circunstancia de clase alguna) relegando los aspectos técnicos jurídicos para los que saben.
Entonces.
Afirma el señor fiscal: “... Tiene grandes problemas en la práctica...”. Mi traducción: sigamos con las gestiones actuales de las causas abiertas donde hoy se están sustanciando porque, profundizar en ellas centralizándolas en un solo órgano provocaría más trabajo, más análisis, estudio profundo y de pronto hasta se podría arribar a otras conclusiones.
Agrego: pretender justificar un eventual exceso de trabajo en el natural y específico ejercicio de la profesión por encima de cumplir con la justicia es, por lo menos, un despropósito.
Afirma el señor fiscal: “... ni hablar que anular todo esto significaría nada más y nada menos que quedaran todos en libertad...”. Mi traducción: lo que realmente interesa e importa es que todos sigan presos indefinidamente, sin excepción de naturaleza o persona alguna.
Agrego: estremece su afirmación con tan sustancial posibilismo.
Afirma el señor fiscal: “... y que, además, el Estado les tuviera que pagar por una prisión indebida…”. Mi traducción: lo económico debe estar por encima de lo jurídico.
Agrego: es una contundente y temeraria aseveración que no resiste el mínimo análisis.
Señor Director, podría seguir ensayando deducciones y adjetivando la conducta, así como la peculiar fraseología empleada por el señor fiscal enseñándonos con claridad la ubicación de sus prioridades en materia del derecho, pero me abstendré respetando la libre e inteligente interpretación del ocasional lector que seguramente llegará a sus propias conclusiones.
Nota: Todas las negritas son de mi responsabilidad.
Saluda a usted atentamente.
Coronel Carlos O. Angelero