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Quien suscribe se dirige a usted a los efectos de realizar precisiones de mi interés ante la nota publicada en el semanario el 17 de julio de 2024 en la que soy protagonista. En dicha nota se exponen dos posiciones sobre un juicio laboral que llevo contra el Ministerio de Desarrollo Social en la que las declaraciones brindadas por quienes representan a la institución confunden a los lectores y faltan a la verdad.
Soy funcionario público ingresado a la administración pública por concurso en 1996 y al Banco de Seguros del Estado por concurso en 2002, desde donde pasé en comisión al Mides, donde me regularicé por ley y di concurso de ascenso en el año 2008.
La situación a la que alude la nota refiere a una resolución del Mides ante mi pase en comisión al Parlamento nacional, por la que me retira una parte del sueldo en forma ilegal.
La ilegalidad proviene de que la Ley 15.581 en su artículo 32 define con total precisión y sin ninguna ambigüedad que los funcionarios públicos que pasan en comisión lo hacen con todas sus partidas salariales, por lo que sus remuneraciones deben ser las mismas que las que recibirían de seguir trabajando en el organismo de origen.
En el Mides, por la precariedad de su estructura, los sueldos de quienes somos funcionarios públicos se componen de un sueldo base y una “compensación especial Mides”, dicha compensación la cobran todos los funcionarios, siendo ella una parte del sueldo. En mi caso, esta compensación corresponde a mi cargo de director de división, el cual fue obtenido por concurso de ascenso en 2008.
Por otra parte, fui director político del Mides desde 2010 a 2020 y por tal motivo se agregaba a mi sueldo una compensación extra, esta sí por tareas cumplidas como director político, que igualaba sueldo al de un cargo escalafón Q, correspondiente a director nacional.
En 2020 paso en comisión al Parlamento y el Mides deja indebidamente de pagarme la compensación especial Mides correspondiente a mi cargo por concurso de ascenso, lo cual es claramente ilegal. Esta es la única partida por la cual reclamo y no la de director nacional ni ninguna otra cosa.
En la nota de Búsqueda de referencia se expresa lo siguiente como respuesta del Mides a mis declaraciones: “De acuerdo a la cartera, ‘Labat no concursó formalmente los cargos por los montos de dinero que reclama, sino que se trataba de compensaciones por las mayores responsabilidades’ que se le habían dado en determinado momento, ‘en su calidad de director nacional de Evaluación y Monitoreo’. Esas compensaciones, se agrega, ‘eran transitorias, revocables y no generaban derecho adquirido para su receptor’, de acuerdo con las resoluciones por las que se le otorgaron”.
El plural de las afirmaciones introduce confusiones que es necesario aclarar:
Yo solo reclamo una sola compensación, no hay plural.
Yo tengo un solo cargo y es la partida asociada a ese cargo, pues a partir del texto alguien podría pensar que reclamo algo por el cargo político que ocupé, que es efectivamente transitorio y no genera derechos, y eso no es así.
Mi cargo de director de división fue obtenido por concurso y es falso lo que dice quien asume la vocería del Mides.
En suma: la partida que reclamo es la que cobran todos los funcionarios del Mides y mi reclamo es cobrar lo que cobran todos los restantes cargos de igual grado y escalafón y absolutamente nada más.
Otros aspectos, a mi entender relevantes, que terminan la controversia. El primero es que no todos los funcionarios del Mides que pasamos en comisión fuimos despojados de la “compensación especial Mides”, en el expediente se citan ejemplos de otros funcionarios a los que la partida les fue, por lo tanto existió y existe un trato discriminatorio. ¿Por qué?
Lo segundo es que el expediente de mi reclamo recorrió como corresponde los caminos formales de la administración pública y recogió la opinión de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que, siendo la autoridad en la materia, opinó que mi reclamo es correcto.
Lo tercero es que esa opinión luego fue reforzada por la oficina de Jurídica del Mides, quien opinó lo mismo. Y lo cuarto es que cuando el expediente pasó a la parte política del Mides se pidió, no entiendo por qué, que Jurídica revisara su opinión sobre mi asunto, y el expediente volvió, con diferencias al informe primero, pero también a darme la razón en lo sustantivo de la discrepancia: la partida debería ser pagada.
En suma: frente a una situación que recoge tres opiniones consistentes técnicamente sobre ella, las autoridades del Mides insisten en sostener un perjuicio que no se fundamenta en la normativa del derecho laboral y lo hacen mediante un trato discriminatorio respecto a otros funcionarios que en igualdad de condiciones no se ven afectados por esta arbitrariedad, recurriendo además a declaraciones falsas y engañosas para justificarse.
