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Hay confesiones que honran a quien las hace y otras que, sin quererlo, absuelven a todos los demás. A esta segunda especie pertenece la que el prosecretario de la Presidencia, doctor Jorge Díaz, ofreció esta semana en la entrevista con En clave país: fue víctima de una rapiña y tiene un arma.
No seré yo quien le reproche el miedo, que es patrimonio de todo oriental que alguna vez sintió el caño en la nuca. Tampoco discuto su derecho a tenerla dentro de la ley. Lo que asombra no es el hombre, sino el personaje. Quien así habla no es un vecino cualquiera. Es el exjuez penal, el exfiscal de Corte que puso en marcha el sistema acusatorio, y hoy ocupa uno de los despachos del piso 11. Cuando un hombre de esa toga y de esa silla nos dice que para sentirse seguro necesita un revólver, no nos da una noticia personal. Nos entrega el diagnóstico más severo que se haya hecho de la gestión a la que pertenece.
Y lo hace en la peor hora. Días antes, el mismo jerarca calificó de muy preocupante la cantidad de armas que circulan en el país. Recordó que cerca de tres de cada cuatro homicidios se cometen con ellas y admitió que los homicidios crecieron un 13% en los primeros nueve meses del año. En la propia entrevista advirtió que muchas armas legales terminan, por robo, en el mercado negro. El prosecretario describe el incendio con precisión de bombero y, a renglón seguido, confiesa haber sumado una pieza más al arsenal que lo desvela.
Pero la paradoja no termina en el cajón de la mesa de luz. El doctor Díaz es también nuestro más elocuente fiscal del punitivismo. Nos recuerda que la población carcelaria se triplicó en dos décadas, de menos de 5.000 a más de 17.000 presos, sin que el delito cediera. Rechaza con desdén el “modelo Bukele” y la demagogia de las penas. Son palabras justas, y las suscribo. Pero en abril este mismo jerarca exhibía como logro que en 2025 hubieran aumentado “en forma importante” los imputados y condenados. ¿En qué quedamos, señor prosecretario? ¿El punitivismo se condena en los estudios de televisión y se factura como mérito en el balance de gestión?
Y está el código. La reforma del proceso penal salió de su propio despacho: unos 180 artículos de prolija ingeniería procesal. Tenía una sola herramienta de peso para descomprimir las cárceles: la ampliación de la libertad anticipada. En abril, el propio oficialismo la retiró, en un acuerdo que el doctor Díaz reconoció ante el Senado. El Parlamento recibe así del Poder Ejecutivo sermones contra el encierro y un texto que no le da con qué reducirlo. Es el médico que diagnostica la fiebre con elocuencia y receta agua tibia.
No le pido al doctor Díaz que se desarme. Le pido algo más difícil: que se ponga de acuerdo consigo mismo. Que el jurista que denuncia el punitivismo le dé al Parlamento los instrumentos para combatirlo. Que el jerarca que lamenta la proliferación de armas ofrezca al país algo más que la confesión de haberse sumado a ella.
Mientras tanto, los ciudadanos tomamos nota de la lección involuntaria. Cuando el que fue jefe de los fiscales de la República se arma, el Estado ha reconocido, por boca de uno de sus más altos funcionarios, que ya no alcanza a proteger ni a los suyos.
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