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Cuando desde la Asociación Nacional en Defensa de los Derechos de los Consumidores (Andcu) organizamos el diálogo multisectorial de sobreendeudamiento en el Parlamento, sabíamos que sentar en una misma mesa al regulador (Banco Central del Uruguay —BCU—), la banca pública (Banco de la República Oriental del Uruguay —BROU—), el sindicato (Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay), el Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU), el Banco de Previsión Social, legisladores y la academia era ambicioso, pero indispensable. La realidad crediticia de nuestro país ya no tolera respuestas aisladas ni parches técnicos; nos enfrentamos a una crisis social y estructural profunda.
Mi experiencia como consultora internacional en la materia me indica que el sobreendeudamiento no puede seguir tratándose como un fenómeno aislado, sino como una problemática que requiere soluciones sistémicas.Los datos analizados en la jornada son alarmantes. Tras las reestructuras bancarias, 150.000 deudores reingresaron a la categoría 5 (irrecuperables) del BCU. Hoy, el 64,4% de la población uruguaya tiene deudas activas. El impacto es especialmente devastador en los extremos más vulnerables: en el crédito al consumo, el 44,98% de los jóvenes de 18 a 29 años presenta serias dificultades de pago, empujados por créditos destinados a cubrir necesidades básicas. Asimismo, la investigación del IPRU con Unicef desnudó una dolorosa realidad: madres jefas de hogar que toman créditos para salud o materiales de sus hijos caen en procesos de insolvencia que fracturan la paz familiar bajo un absoluto y destructivo estigma de vergüenza.En el plano productivo, el ahogo financiero afecta a cerca de 37.000 empresas morosas —acumulando una deuda de 15.000 millones de pesos—, donde el 99% corresponde a micro y pequeñas empresas. Incluso en el BROU, de los clientes que accedieron a refinanciar, un 39% debió extornar su convenio por imposibilidad de pago.
El endeudamiento hoy en Uruguay no es para comprar lujos; es para comer, pagar tarifas o adquirir medicamentos. Cuando la banca formal da la espalda y el hostigamiento extrajudicial de las agencias de cobranza no deja dormir, las personas caen desamparadas en las redes criminales del “gota a gota”, una trampa mortal de extorsión y violencia que crece en todo el país.Ante esta bomba de tiempo, el proyecto de ley en estudio legislativo debe ser universal. Legislar para una sola categoría fragmentaría la respuesta. Todos somos consumidores. Excluir a ciudadanos por el tope del valor de sus inmuebles —muchas veces heredados o adquiridos en mejores épocas, pero que hoy no mitigan una situación económica angustiante— dejaría fuera a miles de familias que actuaron de buena fe. El problema del sobreendeudamiento es estructural y, por lo tanto, requiere soluciones sistémicas. El Parlamento uruguayo fue testigo de una coincidencia histórica entre los diversos actores sociales, académicos, políticos y económicos: el sistema actual necesita reglas más justas y transparentes. La viabilidad económica de las familias uruguayas está en juego, y la postergación de estas reformas ya no es una alternativa viable para el país.Uruguay tiene la oportunidad histórica de actualizar su normativa bajo criterios de equidad. Proteger al consumidor sobreendeudado no significa avalar el incumplimiento: significa proteger a la persona que está detrás de la deuda. Si el regulador, la banca, la academia y el sistema político coincidimos en la gravedad del abismo, la inacción o la respuesta tibia son imperdonables. El sistema financiero debe estar al servicio del bienestar de la gente, y no la vida de los uruguayos al servicio de cuotas impagables.
Adriana Besso
Presidenta de Andcu Consultora internacional en derechos del consumidor
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