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En la pasada edición de Búsqueda, del 17 de octubre, leo con asombro una nota que nos informa que, “Para gravar los grandes patrimonios, el Banco Mundial (BM) sugiere apuntar a los inmuebles, como hace Uruguay”. Esta afirmación surge del informe del organismo financiero multilateral titulado Impuestos a la riqueza para la equidad y el crecimiento.
Es de suponer, por la información estadística y el manejo de variables que contiene la nota, que este informe fue redactado por economistas del BM, los que seguramente se han formado y calificado en las mismas aulas que el resto de los que integran los staff de los organismos económicos en los distintos países, en este caso de Sudamérica.
Al parecer, como acostumbra este banco, asesora (e indica) a los países integrantes, en este caso sudamericanos, cuál debe ser el camino para incrementar los ingresos fiscales, más precisamente para paliar el endémico déficit que se financia con deuda de todo tipo y propicia el gigantesco drenaje de recursos que el pago de estas deudas y sus intereses insume, carga que subyuga a nuestros países.
Lo primero que surge es si a este privilegiado grupo de asesores, economistas todos seguramente, no se les ocurre aconsejar a los Estados miembros del banco que el camino para sanear nuestras economías y contribuir a “promover la innovación, generar sinergias o estimular el capital humano” no es crear más impuestos, es controlar los gastos de los Estados, disminuir la burocracia, minimizar o eliminar los gastos en armamento militar, eliminar la superposición de prestaciones del Estado, invertir en la excelencia educativa (no solo en los ingresos de los docentes), aumentar los gastos (inversiones) en investigación, achicar las plantillas de asesores y cargos políticos, en fin, racionalizar el gasto público procurando la eficiencia y la eficacia del Estado.
¿Será una utopía esperar que los organismos financieros multilaterales contribuyan y aboguen para mejorar la calidad del gasto público y ayuden a los Estados miembros a racionalizarlos? Claro, puede parecer que el fin de estos comentarios es defender a los millonarios, o no tanto, que poseen bienes inmuebles, a los ricos propietarios. Pues no, nada más lejos de mi intención.
Como saben (¿?) los economistas, los impuestos de todo tipo, excepto nuestro infame IASS, el sujeto gravado lo traslada tanto en los bienes que produce, intermedia o vende como en los servicios que presta. Si se gravan con énfasis los bienes inmuebles, destinados a renta en su gran mayoría, los “ricos dueños” trasladarán estos impuestos al precio de los arriendos, o sea que la brillante idea de gravar fuertemente la tenencia de inmuebles recaerá sobre la clase media y media baja que arrienda viviendas, en los pequeños comerciantes que alquilan locales y en todo aquel que usufructúe un bien inmueble mediante arriendo. Por otro lado, aumentar la carga tributaria sobre los bienes inmuebles desestimulará las inversiones inmobiliarias (nada más cobarde que el capital) y esto afectará a la industria de la construcción, destruyendo miles de puestos de trabajo, en general bien remunerados, que en Uruguay ocupa a más de 65.000 puestos directos y se calcula igual cifra de indirectos.
Si invertir en bienes inmuebles no es atractivo y rentable, el que pierde no es el inversor, es el país y toda la sociedad. La parte buena de esto es que todos estos brillantes asesores económicos no estudiaron medicina, no imagino qué le recetarían a un adicto.
El gasto estatal que excede a los ingresos provoca el déficit fiscal (básico no) y estos se financian con deuda. Este círculo vicioso pone de rodillas a nuestros países y drena nuestras economías en cifras siderales. Esta situación de rehén financiero de los grandes organismos hace que en forma permanente los sudamericanos, en este caso, creemos cada vez más impuestos y cargas fiscales que terminan empobreciéndonos. Me gustaría saber qué opinan los economistas de los 155 impuestos, entre tributos nacionales, provinciales y municipales, que gravan, por ejemplo, a los argentinos o el nivel de deuda externa en el que estamos sumergidos los sudamericanos. Pero, claro, nuestros dealers no nos dejarán sin suministro. En la práctica lo que nuestros suministradores de créditos hacen es recomendar al adicto que el mejor camino es incrementar sus ingresos, no el de disminuir o eliminar su adicción.
Para terminar esta catarsis personal debo aclarar por qué más arriba califiqué al ingenioso IASS como un impuesto infame. Pues bien, este grava las prestaciones a las que, en su gran mayoría, tenemos derecho los mayores luego de haber aportado al sistema de solidaridad intergeneracional por décadas. La prestación es proporcional al aporte efectuado al sistema durante 30 años o más, guarda una relación de no más del 50% (en promedio) de la base de aportación. Pero lo más destacable es que el jubilado o pensionista no puede trasladar este impuesto, lo debe asimilar disminuyendo su nivel de vida, limitando el bienestar por el que aportó durante más de 30 años. Podrán decir que es similar al IRPF que tributan los activos, pues no es tan así, estos, mediante Consejos de Salarios, acuerdos bipartitos o pretensiones salariales pueden, y lo hacen, solicitar, negociar y recibir una compensación que atenúa y hasta elimina la carga de esta imposición.
No soy economista y mis conocimientos sobre la materia son los que la mayoría de nosotros tiene, pero con estas limitaciones recomiendo a mis hijas no gastar más de lo que ganan y sobre todo procurar no endeudarse. Capaz que esas sugerencias podrían ser para todos y para todo.
