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    Un Poder Ejecutivo colegiado

    Sr. director:

    No es la primera vez que escribo dirigiéndome a usted, el director del medio periodístico que más amo y por tabla a sus distinguidos lectores, porque para mí es un placer participar de un medio como lo es el semanario Búsqueda. Como ya es costumbre, vuelvo a escribir unas líneas para retomar lo que considero un imperativo moral: la de insistir sobre la necesidad de un Poder Ejecutivo colegiado y de la defensa de la democracia republicana en desmedro de la tan injustamente glorificada democracia liberal. Pero lo haré tratando siempre de hacerlo desde diferentes ángulos y enfoques. Esta vez no será la excepción.

    En tiempos de complejidades políticas y sociales crecientes —como los problemas de inseguridad, pobreza infantil, actos polémicos que rayan la corrupción o problemas éticos como el caso Marset y la supuesta mentira de autoridades del Ejecutivo en el Parlamento, la salida apresurada a decir que se rescindía el contrato con Cardama y la marcha atrás rápida de no saber si se rescinde o no dicho contrato—, se vuelve imprescindible e ineludible reflexionar y tratar de generar debate en la ciudadanía sobre la naturaleza y los instrumentos de nuestra democracia. Democracia que ojalá vuelva a ser más republicana que liberal y más directa que representativa.

    En Uruguay, la vigencia de un colegiado integral, donde no exista más la figura del intendente ni la del presidente y que los ejecutivos no sean unipersonales, no es una mera formalidad administrativa. Por el contrario, constituye un mecanismo esencial para garantizar decisiones colectivas, equilibrio de poder y participación ciudadana efectiva. ¿Acaso no es eso una verdadera democracia republicana como mandata el art. 82 de nuestra Constitución? ¿No es eso, de verdad, una democracia plena?

    El republicanismo clásico y humanista que defiendo —a diferencia de la visión que más predomina en la actualidad, que es la liberal-instrumental—, donde tenemos defensores desde el romano Cicerón y el griego Aristóteles hasta pensadores modernos como la filósofa Hannah Arendt y el politólogo uruguayo Pablo Ney Ferreira, nos recuerda que la libertad política no se limita a la ausencia de tiranía, sino que se ejerce plenamente en un marco de responsabilidad cívica y deliberación colectiva. La democracia republicana uruguaya, heredera del espíritu de Batlle y Ordóñez, ha demostrado históricamente que las instituciones colegiadas fortalecen la transparencia y la estabilidad, evitan la concentración de poder y fomentan la deliberación como eje de la acción pública.

    El colegiado integral, en este contexto, no solo refleja una organización técnica del Estado, sino un compromiso con los valores republicanos como la prudencia en la toma de decisiones, la justicia distributiva y la participación informada de todos los actores relevantes. Como sostenía Pablo Ney Ferreira, la política exige estructuras que permitan la pluralidad de voces y eviten que las decisiones recaigan solo en voluntades individuales, por más competentes que sean. No es más burocracia, no es parálisis decisiva, es un filtro moral y es reducir el riesgo de tomar decisiones apresuradas inconvenientes, que eviten tener que retroceder en chancletas a toda velocidad.

    Hoy, frente a desafíos sociales, económicos, culturales y políticos, que pueden ser inéditos o no tanto, mantener y fortalecer estos órganos colegiados es vital. Por ejemplo, es inaceptable que, mientras existe pobreza infantil a niveles como los actuales, algunos departamentos funcionen como feudos, con un caudillo o señor feudal casi como dueño de estancia que maneja el departamento como si fuera de su propiedad. La deliberación institucional y la cooperación entre diferentes perspectivas aseguran no solo eficacia, sino legitimidad democrática, consolidando así un Estado que protege tanto los derechos individuales como el bien común.

    En definitiva, el colegiado integral no es un lujo burocrático: es un pilar de nuestra democracia republicana, un instrumento que encarna la tradición republicana y humanista, y garantiza que la acción pública sea reflexiva, plural y comprometida con la libertad y la justicia.

    Lucas Archiprete

    Lic. en Ciencia Política

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