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El país entero quedó conmocionado con el hallazgo de los cuerpos de Andrés Morosini y de sus dos pequeños hijos, Alfonsina y Francisco, en un arroyo de Soriano. Un padre con antecedentes penales, sobre quien pesaban medidas cautelares, irrumpió en la casa de su expareja, secuestró a sus hijos y, en un acto atroz, terminó ahogándolos junto a él. Una tragedia de una brutalidad tal que nos enfrenta, como sociedad, con las fallas más profundas de nuestro sistema de protección.
Este caso es un ejemplo doloroso de violencia vicaria: la forma más cruel de violencia de género, aquella en la que los hijos son utilizados como instrumentos para dañar a la madre. No es un fenómeno nuevo, pero crece en el silencio y la ineficacia de instituciones que, una y otra vez, llegan tarde.
¿Cómo es posible que un hombre con medidas cautelares vigentes lograra concretar semejante crimen? ¿Qué control efectivo se ejerce sobre quienes representan un riesgo cierto para sus hijos y exparejas? La justicia dispone de herramientas como las tobilleras electrónicas, pero su cobertura es insuficiente. Existen leyes, como la 19.580 sobre violencia basada en género, pero carecen de recursos humanos y materiales adecuados para aplicarse con rigor. El resultado es este: vidas inocentes arrebatadas en circunstancias absolutamente evitables.
El silencio también es cómplice. Durante años, algunos sectores defendieron con fervor la llamada tenencia compartida, incluso en contextos de violencia y riesgo. Hoy, frente a hechos como este, callan. No se trata de cuestionar el derecho de los padres a vincularse con sus hijos, sino de recordar que los derechos de los niños y la protección de las víctimas deben estar siempre por encima de cualquier reivindicación corporativa o ideológica. La realidad nos muestra que no es un debate teórico, sino una cuestión de vida o muerte.
La violencia vicaria crece. Y mientras tanto, la justicia, el gobierno y la sociedad fallan por igual. No podemos resignarnos a vivir con la sensación de que estos episodios son inevitables, porque no lo son. La ausencia de protocolos firmes, de mecanismos de control ágiles, de leyes específicas y de una sociedad más atenta son parte de la misma cadena de errores.
Esta tragedia duele, pero debe servirnos de advertencia. La memoria de Alfonsina y Francisco no puede quedar reducida a la crónica policial de unos días. Es urgente actuar: legislar con perspectiva de género, asignar recursos, formar operadores judiciales y policiales y asumir que los casos de riesgo requieren respuestas inmediatas y eficaces.
Si algo debemos aprender de este horror es que la indiferencia y la demora institucional también matan. Que nunca más tengamos que contar una historia así depende de todos: de quienes hacen las leyes, de quienes las aplican y de una sociedad que no puede permitirse mirar hacia otro lado.
