Posteriormente, en 2003, la Administración Bush lanzó la invasión de Irak, bajo el argumento de que el régimen de Saddam Hussein patrocinaba el terrorismo y con la alegación, posteriormente desmentida, de que poseía armas de destrucción masiva.
Aunque ambas campañas tuvieron victorias iniciales rápidas para las fuerzas estadounidenses, terminaron convirtiéndose en conflictos prolongados que costaron la vida de más de 7.000 militares y billones de dólares. Las tropas estadounidenses se retiraron definitivamente de Afganistán en agosto de 2021, mientras que se espera que EE.UU. ponga fin antes de finales de septiembre a su presencia militar en Irak, tras 23 años.
Las consecuencias de la intervención de EE.UU. y sus aliados fueron aún mayores para la región. Según el proyecto Costos de la Guerra, de la Universidad Brown, alrededor de 940.000 personas murieron en Afganistán, Irak, Yemen, Pakistán y Siria como resultado directo de la violencia posterior al 11-S. La cifra superaba los 4,5 millones hasta 2023 al incluir los efectos indirectos de las guerras, como la inseguridad alimentaria, la falta de infraestructura sanitaria y la inestabilidad política.
En EE.UU., la opinión pública sobre ambos conflictos también cambió a medida que se prolongaron. Varias encuestas mostraron cómo el fuerte apoyo inicial se fue diluyendo hasta convertirse en un rechazo mayoritario, con una parte importante de los estadounidenses convencida de que el país no alcanzó los objetivos planteados al comienzo.
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La amenaza del terrorismo como nueva normalidad
Aunque desde el 11-S no se han registrado ataques terroristas de una magnitud similar, la amenaza sigue ocupando un lugar destacado entre las principales preocupaciones de la opinión pública estadounidense, según el Pew Research Center (PRC), que realiza una encuesta anual sobre las prioridades de la ciudadanía.
En enero de 2002, apenas unos meses después de los atentados, el 83% de los encuestados consideraba que “defender al país frente a futuros ataques terroristas” debía ser una prioridad máxima. Desde entonces, la cuestión se ha mantenido entre las principales preocupaciones de los estadounidenses.
Sin embargo, los datos del PRC muestran que esta percepción comienza a diferenciarse según la ideología y la edad.
Los republicanos y quienes se identifican con posiciones conservadoras tienden a situar el terrorismo —que ahora también incluye la posibilidad de ataques terroristas domésticos— entre las principales amenazas. Entre los demócratas y quienes se identifican con posiciones progresistas, en cambio, tienen mayor peso cuestiones como la crisis climática o la propagación de información falsa.
La edad también marca una diferencia. Según el PRC, es más probable que los estadounidenses de 65 años o más consideren el terrorismo una amenaza importante para el país: el 78% lo señaló así en la encuesta de marzo de este año. Entre los menores de 30 años, la proporción fue del 42%. Se trata de una generación que no tiene recuerdos propios del 11-S y que ha conocido los atentados a través de las clases escolares o los relatos familiares.
Esta percepción ha influido en las políticas de EE.UU. durante los últimos 25 años y favoreció una respuesta cada vez más militarizada contra el terrorismo, una concepción que también se extendió a otros países y contribuyó a difuminar los límites entre la justicia penal y las leyes de la guerra.
En el ámbito interno, esto implicó una reconfiguración del aparato estatal. En 2002, EE.UU. creó el Departamento de Seguridad Nacional, que fusionó 22 agencias estatales. También amplió las facultades de las agencias de inteligencia para recopilar datos e implementó herramientas administrativas para incluir en listas de vigilancia a personas u organizaciones consideradas “terroristas”, según criterios del gobierno de turno.
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Privacidad vs. “seguridad nacional”
Precisamente, las medidas adoptadas después del 11-S profundizaron la tensión entre el derecho a la privacidad y la creciente vigilancia de las agencias estatales, justificada en nombre de la “seguridad nacional”.
Uno de los principales puntos de inflexión llegó apenas 45 días después de los atentados, cuando el Congreso de EE.UU. aprobó la llamada Ley Patriota. La norma amplió considerablemente las facultades de vigilancia e investigación de agencias de seguridad e inteligencia, como el FBI y la CIA; facilitó el intercambio de información entre organismos gubernamentales; aumentó las penas por delitos relacionados con el terrorismo y endureció los controles sobre las instituciones financieras.
La legislación fue criticada por organizaciones de derechos civiles por permitir formas de vigilancia masiva e interceptación de comunicaciones con requisitos judiciales menos estrictos. Algunos de estos aspectos fueron modificados por la Ley de Libertad de 2015, que incorporó reclamos de mayor transparencia y controles más rigurosos, aunque también mantuvo algunas de las facultades establecidas por la Ley Patriota.
Según el Pew Research Center, en los meses posteriores al 11-S una parte importante de la opinión pública estaba dispuesta a renunciar a ciertas libertades civiles en favor de la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, durante las dos décadas siguientes creció la preocupación por que el gobierno hubiera ido “demasiado lejos al restringir las libertades civiles”, al tiempo que otros estadounidenses consideraban que “no había hecho lo suficiente para proteger al país del terrorismo”.
Con la expansión de las nuevas tecnologías, este modelo de vigilancia se ha extendido en EE.UU. y otros países, profundizando el debate sobre los límites entre seguridad y privacidad.
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El crecimiento de la islamofobia
Aunque el presidente Bush insistió en que “nuestra guerra es contra el mal, no contra el islam”, los atentados del 11-S provocaron un aumento de los ataques contra musulmanes, la discriminación y el perfilado basado en prejuicios raciales, tanto en EE.UU. como en otros países.
Una muestra de ello es el registro anual del FBI sobre delitos de odio contra musulmanes. En 2001 se contabilizaron 481 casos, frente a los 28 del año anterior. Desde entonces, la cifra ha fluctuado, con un mínimo de 95 casos en 2021 y un máximo de 307 en 2016, pero nunca volvió a los niveles previos al 11-S.
A esta tendencia también han contribuido los discursos de políticos conservadores a lo largo de los años, incluido el del actual presidente Donald Trump. Semanas atrás, Trump afirmó que están siendo elegidos “yihadistas por todas partes”, en referencia a las recientes victorias de políticos musulmanes en EE.UU.
Según el Pew Research Center, algunos indicadores muestran que la opinión pública sobre el islam es hoy incluso más negativa que en los meses posteriores a los atentados.
En marzo de 2002, el 25% de los adultos estadounidenses consideraba que el islam era más propenso a fomentar la violencia que otras religiones. Una encuesta realizada a comienzos de este año mostró que esa proporción había aumentado al 51%.
También en este punto existe una marcada brecha partidista: el 76% de los republicanos y conservadores considera que el islam fomenta la violencia, frente al 29% de los demócratas y progresistas, según el PRC.
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Las nuevas reglas para viajar
Si en el pasado una de las imágenes más habituales en los aeropuertos —y repetida hasta el hartazgo en las comedias románticas— era la de parejas, amigos o familiares despidiendo a los pasajeros antes de que cruzaran la puerta de embarque, las vulnerabilidades expuestas por los atentados del 11-S y otros ataques contra aviones cambiaron esas escenas para siempre.
Los procedimientos de seguridad que conocemos hoy se fueron construyendo progresivamente, a menudo después de que nuevos ataques o intentos fallidos revelaran amenazas hasta entonces desconocidas: desde armas o explosivos ocultos en el equipaje hasta secuestradores que utilizaron los aviones como armas, como ocurrió el 11 de septiembre de 2001.
Tras los atentados, el Congreso de EE.UU. creó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), que concentró las funciones de seguridad aeroportuaria en una sola organización, integrada por empleados gubernamentales.
Inmediatamente después, la Administración Federal de Aviación (FAA) dispuso que solo los pasajeros con billete y tras pasar por un control de seguridad pudieran acceder a las puertas de embarque. También prohibió llevar cuchillos y cúteres en el equipaje de mano y limitó el transporte de líquidos a envases de hasta 100 mililitros, entre otras medidas.
Las reformas también exigieron instalar escáneres de cuerpo completo en los controles de seguridad, reforzar las puertas de las cabinas de los aviones, aumentar la presencia de agentes federales de seguridad a bordo y someter a inspección el 100% del equipaje facturado para detectar explosivos, frente al 5% que se revisaba antes del 11-S.
Aunque muchas de estas medidas se estandarizaron a nivel global, el sistema estadounidense se caracteriza por los extensos controles de seguridad a lo largo de todo el proceso, lo que aumentó los tiempos de espera y la longitud de las filas.
Para agilizar los controles, la TSA recurrió cada vez más a listas de vigilancia, investigaciones voluntarias de antecedentes y otros datos para clasificar a los pasajeros según su nivel de riesgo. Estas prácticas han sido cuestionadas por defensores de las libertades civiles, que critican la falta de transparencia de los criterios utilizados y la existencia de listas de vigilancia inexactas que podrían favorecer perfiles discriminatorios basados en la raza o la religión.
Con AP y medios
FUENTE:FRANCE24
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