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Tras recibir calificación crediticia a mediados de mayo y, en la última semana, el aval del Poder Ejecutivo a la garantía estatal, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB) emitirá obligaciones negociables (ON) en el mercado.
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El decreto de Presidencia autorizó llevar adelante el primer tramo del programa de emisión por hasta el equivalente a 317,5 millones de unidades indexadas (UI) a la inflación —equivalente a unos US$ 51,5 millones—, la mitad del programa de emisión total aprobado el año pasado.
Fuentes de la caja paraestatal dijeron a Búsqueda que la oferta será por ese monto, y que la aspiración es hacer la colocación 10 días después de que se reciba la autorización correspondiente del Banco Central (BCU).
En cuanto a los potenciales compradores de los papeles, indicaron que “se han recibido pedidos de información por parte de agentes institucionales que han mostrado interés”.
Los papeles tendrán vencimiento final a marzo del 2040, y el capital se amortizará en tres cuotas iguales, anuales y consecutivas a partir del 2038. La colación podrá ser tanto a través de la Bolsa Electrónica como de la de Montevideo.
Como parte de los preparativos para salir al mercado, en mayo FIX SCR Uruguay le asignó a la CJPB la calificación “BB+(uy)” como emisor; esa escala de nota “implica cierto grado de incertidumbre y la capacidad de pago en tiempo y forma es más vulnerable al desarrollo de cambios económicos adversos”.
La emisión de estas ON por parte de la entidad paraestatal fue prevista en el marco de una ley del 2023 (20.208) que buscó darle sustentabilidad financiera a largo plazo a la institución previsional de los trabajadores del sistema financiero.
La garantía soberana sobre el endeudamiento que contraiga la CJPB, ya sea en emisiones de títulos o préstamos de organismos internacionales, es por hasta un total equivalente a 2.625 millones de UI, según lo previsto en esa ley.
En 2025, esta caja dio un déficit de $ 3.833 millones, unos U$S 93 millones, convertidos al tipo de cambio promedio de ese año. Las proyecciones elaboradas cuando se tramitó la ley de reforma del 2023 “ya determinaban que el mayor déficit operativo del instituto sería entre 2025 y 2027, por lo cual la situación evoluciona dentro de lo previsto”, comentó su presidente, Pablo Andrade.
Agregó que, con la financiación obtenida por la CJPB hasta el momento y la próxima emisión de deuda, “podrá cumplir todas sus obligaciones, hasta alcanzar la etapa de superávit, prevista a partir de 2032”.
Más controles
Todas las personas físicas, jurídicas o “patrimonios de afectación independientes” que capten fondos o convoquen inversiones a cambio de un retorno tendrán tiempo hasta el 1 de agosto —60 días contados desde el 2 de junio— para presentar una declaración jurada obligatoria en formato digital ante la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU.
El regulador comunicó el viernes 5 esa resolución, que acata lo dispuesto en la actual Ley de Presupuesto. Allí, tras un proyecto presentado por el BCU el año pasado, se implementó una “ampliación legal del perímetro regulatorio de la institución”, que profundiza la fiscalización de entidades financieras no bancarias, antes no alcanzadas por la normativa.
La redacción se dio luego de las sucesivas quiebras de empresas —Conexión Ganadera, República Ganadera y Grupo Larrarte— que ofrecían invertir en engorde de ganado. Ese y otros tipos de captación de ahorro del público asimilados a la figura de fondos se encontraba, hasta ahora, por fuera del control bancocentralista. El cambio normativo le permitirá al BCU “contar con información sobre quienes ya operan en estos esquemas” para “mayores estándares de transparencia y protección al inversor”.
A quienes están obligados y no presenten la declaración se les podrán aplicar sanciones previstas en la Ley de Presupuesto, como el cese inmediato de actividades y multas de hasta el 10% de la responsabilidad patrimonial.
