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    Caja de profesionales resolvió eliminar una exoneración del timbre profesional

    A partir de julio los prestadores privados de salud deberán tributar al instituto por partos y cirugías; luego del trabajo de la Comisión de Expertos se analizarán nuevas medidas

    La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) se está adelantando a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo no acompañe medidas de aumentos en el precio de los timbres profesionales una vez culminado el trabajo en la Comisión de Expertos creada por la ley de “salvataje” (20.410) para consensuar cambios estructurales que le permitan solvencia financiera. Es una reivindicación que defienden tanto el directorio como las agremiaciones de afiliados por entenderla suficiente para incrementar los ingresos propios y que la entidad paraestatal no precise de mayores asistencias en el futuro.

    En una lista de aplicaciones para ese gravamen —obligatorio para tramitar declaraciones juradas, estudios clínicos y otras actuaciones profesionales— existen exoneraciones instrumentadas por ley (por ejemplo, las declaraciones del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas). Pero también hay exenciones que los sucesivos directorios de la caja, a lo largo de los años, llevaron adelante por cuenta propia. Una de ellas tiene que ver con los tickets de partos y cirugías en servicios privados de salud (“inciso C”), y es la que las nuevas autoridades de la institución previsional resolvieron eliminar a partir del 1° de julio de este año.

    “Todo lo que dependa de resolución del directorio de la caja está en análisis. Lo que dependa del Poder Legislativo, obviamente no”, dijo a Búsqueda el presidente de la CJPPU, Andrés Pérez. A su entender, no corresponde que se arriesgue el pago de pasividades profesionales para “subsidiar” el déficit del sistema de salud.

    No obstante, por ahora no está en los planes de la caja una nueva medida en el mismo sentido, al menos hasta que termine el trabajo en la Comisión de Expertos —con fecha límite prevista para el 27 de mayo— y quede clara la disposición del Poder Ejecutivo sobre “dar el oxígeno necesario”.

    Es que existía la expectativa por parte del directorio de que la CJPPU recibiera en enero pasado la partida de asistencia financiera correspondiente a 2026 prevista en la Ley 20.410. Sin embargo, la transferencia “todavía no ha llegado” y los déficits operativos se están cubriendo mes a mes con las reservas que “van quedando”, aseguró Pérez.

    “Creímos que se aspiraba a que la situación de la caja fuera para mejor, no para peor”, apuntó. Según proyecciones internas, este año los balances financieros cerrarán con pérdidas equivalentes a US$ 14 millones en caso de que la asistencia no llegue.

    El presidente mencionó que, al momento, las propuestas de la caja sobre las que el Ejecutivo se ha mostrado más favorable tienen que ver con el ingreso de nuevas profesiones y la opción de aportar según el ingreso real.