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Contrapunto sobre la reducción de la jornada laboral; normativa actual es “lagunosa y anacrónica”
El titular del PIT-CNT afirmó que el empresariado se niega a dar información “sensible” para discutir con los trabajadores, y el presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo dijo que se piensa que el empresario uruguayo es Bill Gates
Panel “Reducción de la jornada laboral ¿sí o no?”.
Aunque algunas cámaras empresariales se hayan negado a discutir el tema con el gobierno y la representación sindical, el Ministerio de Trabajo (MTSS) continúa proponiendo el análisis tripartito de una legislación que apunte a la reducción del tiempo de trabajo. Al momento está en curso una etapa de revisión de experiencias internacionales y de insumos técnicos junto a actores de la academia, y entre las autoridades ministeriales prima la idea de alcanzar una solución “gradual”.
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En ese marco, la Comisión de Asuntos de Relevancia Pública del Colegio de Abogados del Uruguay organizó el miércoles 3 un panel bajo el disparador “Reducción de la jornada laboral ¿sí o no?”.
“Por la fuerza de los hechos y por la evolución histórica del trabajo” se impone una revisión de la regulación vigente, sostuvo Mario Garmendia, abogado y presidente de la Comisión de Derecho Laboral de la agremiación. El tema “está en el origen de la legislación obrera”, y desde el siglo XIX, repasó, existe una tendencia global hacia la reducción de la jornada acompasada con una mayor productividad por hora.
A su entender, hoy “no basta con reducir horas si se mantiene un estado de disponibilidad permanente” y no conviene hablar tanto de limitación de la jornada, sino de ordenación del tiempo de trabajo.
En el plano estrictamente legal, Garmendia dijo que el concepto clásico de jornada está mostrando “fisuras evidentes”. Especialmente en el marco jurídico uruguayo, donde la normativa vinculada es “antigua, dispersa y fragmentaria”, además de “lagunosa y anacrónica”. Entre los problemas pendientes a resolver, mencionó el régimen del tiempo de trabajo en los servicios, el descanso entre jornadas, las normas sobre desconexión en el teletrabajo y el fraccionamiento de las licencias.
Cuestionó también el régimen de horas extras basado en el “recargo económico” al empleador y propuso: “Si el fundamento de la protección es proteger bienes inherentes a la personalidad humana, la respuesta al exceso debe priorizar la restitución del tiempo y no el aumento de la remuneración. En esa lógica, una hora extra podría generar un crédito superior de descanso”.
“La pregunta pertinente es si el derecho uruguayo va a hacer honor a su tradición y si, como a comienzos del siglo pasado, va a recuperar la confianza en la ley como instrumento de cambio social”, planteó el abogado.
Una “muralla” empresarial
Ante la pregunta de si es viable reducir la jornada laboral sin afectar el empleo, los salarios y la competitividad, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, invirtió el planteo y preguntó “por qué sería inviable”. Se paró en el contexto de una “profunda revolución tecnológica” que reduce el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir bienes y servicios, y un “incremento escandaloso de la desigualdad” simultáneo, donde la reducción del tiempo de trabajo podría distribuir más equitativamente las ganancias de productividad.
La propuesta concreta que impulsa es la creación de una ley general que establezca las 40 horas semanales con pago de 48, con posibilidad de aplicación gradual. Afirmó que la central sindical cuenta con comparativos de experiencias internacionales que muestran que la reducción de la jornada “mejora el clima laboral en las empresas, tiende a mejorar problemas de salud laboral, reduce accidentes de trabajo, genera condiciones para una mejor inserción de la mujer, e inclusive mejora las condiciones para el desarrollo de la competitividad genuina”.
Recordó además que cuando se debatía la Ley de 8 Horas aprobada en 1915, las empresas mantenían argumentos similares a los que algunos esgrimen hoy, como que la limitación de horas era “absolutamente inaplicable” dada la baja escala productiva de la industria nacional, y que la medida resultaría en una pérdida de competitividad frente a bienes y servicios extranjeros.
“Los fundamentos que han aparecido cada vez que el movimiento obrero hizo la propuesta de repensar el tiempo de trabajo han sido los mismos. Lamentamos que el Ministerio de Trabajo haya convocado una tripartita y algunas de las cámaras empresariales se hayan negado a conversar”, apuntó Abdala. También indicó que los empleadores están instalando una “muralla” al no compartir información “sensible” pero relevante con los trabajadores, que “asfixia” las posibilidades de conversar sobre productividad, tal como ellos mismos exigen.
“Caricatura de Bill Gates”
Coincidiendo con el punto de que la legislación laboral uruguaya requiere actualizaciones, el economista Hernán Bonilla, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), incluyó que hace falta revisar la negociación colectiva —los Consejos de Salarios—, que hoy “no admite la heterogeneidad que tiene el mercado laboral” en términos de productividad y de tamaño de las empresas.
Comentó que “parte del rechazo de algunas cámaras” a participar de la convocatoria del MTSS fue justamente porque se les informó que el objetivo era discutir “exclusivamente” sobre la disminución de la jornada y no dar una discusión atada a la productividad. Esas dimensiones “no se pueden separar”, porque de lo contrario “se está haciendo un incremento de costos de en torno al 20%”, aseveró.
En ese sentido, la reducción de la jornada también tendría que tener en cuenta que en Uruguay la mayoría de empresas son pequeñas y medianas, y que, dado que muchas ya están “con el agua al cuello”, sería “nocivo” añadir un nuevo costo. “A veces la imagen que tenemos del empresario es una caricatura de Bill Gates, cuando la mayoría en Uruguay son una persona que trabaja codo a codo con sus empleados”, consideró.
Si no se tienen en cuenta el conjunto de condiciones, una ley que reduzca el tiempo de trabajo sería “poner la carreta delante de los bueyes” y una acción “voluntarista” que no cambiaría la realidad, opinó el fundador del CED. Y alertó: “Estamos con una economía claramente enfriándose. Una medida de este tipo sin atarlo a la productividad del trabajo, que en términos generales está estancado hace una década, tememos que pueda llevar a un aumento del desempleo”. También mencionó que podría provocarse un aumento de la inflación, cuando las empresas —las que tengan la capacidad de hacerlo— trasladen los mayores costos a los precios.