En la decisión del ajuste de tarifas de los combustibles, el gobierno debió sopesar que la actividad económica muestra algunos signos de debilidad —las exportaciones cayeron relativamente fuerte en abril, por ejemplo—, el impacto fiscal y los efectos sobre la inflación, que ya se vieron en abril, en este caso eventualmente a favor de volver a acercarse a la meta de 4,5% anual.
El comunicado ministerial recuerda que, a finales de abril, el Poder Ejecutivo dispuso varias medidas orientadas a contribuir al financiamiento del capital de trabajo de las actividades más afectadas en el corto plazo, en un “contexto de presión transitoria sobre la liquidez”. Eso incluye, entre otras cosas, un instrumento de “crédito blando” dirigido a los sectores de cereales, oleaginosos, legumbres, arroz y cultivos de invierno de lechería —con subsidio de hasta el 50% de la tasa de interés—; facilidades en el uso del Sistema de Garantía; y la extensión a 12 meses de la devolución del IVA al gasoil a contribuyentes del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios.
“Baldazo de agua fría” y “bombazo”
Los derivados del petróleo —supergás y propano, gasolina automotora y de aviación, nafta liviana, queroseno, turbocombustible, diésel oil, gasoil, fueloil y coque de petróleo— representaron en 2024 aproximadamente un tercio del consumo energético final, según datos del MIEM.
Desde el viernes 1º el litro de gasoil vale $ 57,72, unos $ 7 más que un mes atrás. Para algunos sectores de actividad, como el agro, el transporte y ciertas ramas fabriles, se trata de un insumo muy relevante en la ecuación de costos.
Los voceros del campo reaccionaron de inmediato ante el nuevo ajuste de tarifas de Ancap.
El aumento de 14% del precio del gasoil cayó como un “baldazo de agua fría enorme” sobre todo el sector, declaró en varios medios de comunicación el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey. Además, consideró necesario “atacar los sobrecostos” del gasoil que dependen del Uruguay y dijo que hay $ 8,2 por litro para bajar.
Normey dijo que cada litro de combustible que se encarece significa “menos producción, menos empleo, más inflación y menos futuro para el Uruguay productivo”.
En la misma línea, Rafael Ferber, titular de la Asociación Rural, planteó que esperaban un ajuste de 7% y no de 14% en el gasoil. Si bien reconoció que el gobierno está “amortiguando la suba”, también es cierto que ese aumento va a ser “muy difícil de digerir” en toda la cadena, que también está enfrentando fuertes incrementos en los precios de los fertilizantes a causa de la guerra en Medio Oriente.
“No creo”, dijo en rueda de prensa el presidente de la República, Yamandú Orsi, consultado sobre si el aumento de los combustibles complicaría la cosecha del agro. Justificó que “no quedó más remedio” que ajustar los combustibles dado el escenario internacional, que asumió no arroja señales de que la situación mejore o “se calme”.
Dirigentes políticos de la oposición vinculados al campo y algunos empresarios del sector le cuestionaron a Orsi poner en duda que vaya a haber un afectación de la actividad rural.
Alfredo Lago, productor arrocero, señaló en su cuenta de X que si bien es cierto que el gasoil en el mundo es lo que más subió de precio, en Uruguay “casi nunca se respetó ese valor internacional, siempre ha sido notoriamente mayor” por el monopolio de Ancap y porque “absorbe las decisiones del gobierno” respecto a los subsidios sociales. “Entonces, ¿por qué ahora se sigue la tendencia mundial (…)? El resultado de esta decisión es muy perjudicial para los sectores productivos. Parece que eso no importa”.
Taxis, deliveries y distribución
El transporte en general es un usuario intensivo de combustibles fósiles.
El aumento de 14% en el gasoil sorprendió a los empresarios transportistas y cayó “como una bomba” porque no dio tiempo para avisar a los clientes, manifestó a Búsqueda Ignacio Asumendi, presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre (ITPC).
Dijo que la suba “es una sangría de plata” para el promedio de los transportistas, por lo que la ITPC recomendó a sus asociados trasladarla a la tarifa para las cargas.
Explicó que el impacto varía en función de la estructura de costos de cada empresa, pero según los cálculos de la ITPC solo el 14% de ajuste en el gasoil encarece entre 5% y 6% los viajes largos y de transporte pesado, y entre 3,5% y 4% los fletes de menor distancia, de camiones livianos. Apuntó que esos porcentajes ya se ajustaron automáticamente en algunos sectores con contratos de transporte vigentes, como la madera, la bebida, los lácteos y la distribución de productos. Aclaró que lo mismo sucede cuando el ajuste es a la baja, porque se aplica una paramétrica. En otros rubros, como el agropecuario o el portuario, donde hay acuerdos de flete de palabra, los valores se tendrán que ajustar caso a caso.
Asumendi señaló que el gasoil es el principal costo de los transportistas de carga y la suba cambia la ecuación financiera de las empresas en una coyuntura donde el mercado no está muy demandado por la “muy mala cosecha agrícola” en varios departamentos.
La ITPC representa a gremiales que nuclean firmas con unos 7.000 camiones en todo el país.
Por su lado, los taximetristas están reuniéndose para evaluar el impacto económico en su negocio y solicitarán ser recibidos por el MEF, dijo a Búsqueda el presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado. “La primera vez fue suave, pero la incidencia de dos aumentos consecutivos en el mayor gasto que tenemos para trabajar, que supera el salarial, es muy relevante”, resumió.
Apuntó que la flota de coches con taxímetros que representa son 3.160, que se divide prácticamente en dos mitades entre vehículos a nafta y a gasoil, y un 1% es de eléctricos. Alegó que al tener el precio tarifado el usuario no tiene “sorpresas” como sucede con las “tarifas dinámicas”, en referencia al servicio de coches con chofer, como los de Uber.
En el caso de los repartidores motorizados de Pedidos Ya, que son más de 3.000, la suba de 7% de la nafta por segundo mes consecutivo le genera una pérdida equivalente al 14% en los ingresos, aseguró a Búsqueda Yornel Morales, directivo de la Unión de Trabajadores de esa plataforma. Eso se debe a que la empresa no les ha transmitido ningún ajuste en lo que les remunera por pedido o kilómetro recorrido. Morales calculó que para compensar el alza del combustible deberían cobrar $ 2 por kilómetro adicionales a los $ 17 que actualmente reciben.
Dijo que a diario los repartidores cargan entre $ 500 y $ 600, y recorren entre 80 y 120 kilómetros.
Algunas empresas de distribución de distintos tipos de productos (desde alimentos e insumos médicos hasta raciones de animales) consultadas señalaron que el ajuste tarifario se trasladará de inmediato al valor de los fletes y, así, al precio de lista de ciertas mercaderías. Explicaron que, como la actividad en abril estuvo “muy quieta”, es posible que no todos “se enloquezcan” en fijar aumentos porque van a “vender menos todavía”.
“En la calle, no hay rubro que no se queje con el aumento de los combustibles; las expectativas no son buenas”, comentó una fuente.
Guerra, PIB e inflación
A todo esto, el Banco Central del Uruguay (BCU) elaboró estimaciones cuantitativas del impacto del conflicto en Medio Oriente sobre la inflación en el país, considerando como supuesto un “shock de magnitud importante sobre el precio internacional del petróleo”.
Si el precio del barril se mantiene a junio de 2026 un 55% por encima del nivel proyectado antes del inicio de la guerra, el efecto estimado en el corto plazo sobre la inflación sería de 0,58 puntos porcentuales acumulados hasta ese mes.
Con un segundo modelo, el BCU calculó el impacto a un plazo más prolongado. Simula el shock a través del precio de los bienes importados: un incremento de estos se puede interpretar como un shock de oferta, ya que es inflacionario y repercute en menor consumo e inversión y, por tanto , en un menor nivel de actividad económica.
Dado que el petróleo representa el 11,6% de la canasta de bienes y servicios importados en Uruguay, según esa estimación, un aumento de 55% en la cotización del petróleo implica una suba de 6,4% en los precios de los bienes y servicios importados en Uruguay. Ello se traduce en un impacto acumulado de 1 punto porcentual en la inflación al cabo de cuatro trimestres, y un descenso de 0,7 puntos en el Producto Interno Bruto (PIB).
De todos modos, el escenario base para el BCU es que el impacto de la situación geopolítica en Medio Oriente “es acotado en duración y magnitud”, señaló en el Informe de Política Monetaria del primer trimestre, publicado a fines de abril. De confirmarse esa presunción, el conflicto implicaría un menor crecimiento de la actividad económica uruguaya en 2026, mientras que retomaría su dinamismo al ritmo tendencial actual en 2027. Asimismo, espera que la inflación anual se acelere inicialmente hasta alcanzar un máximo relativo en el primer trimestre de 2027, dentro del rango de tolerancia, y que converja hacia la meta de 4,5% a partir de entonces.
