El retorno a la democracia estuvo marcado, entre otras cosas, por la proliferación de comisiones investigadoras. En febrero de 1985 se presentaron cinco denuncias que derivaron en cinco comisiones. Parlamentarios investigaron la muerte de Cecilia Fontana de Heber, el secuestro y asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, la situación de los desaparecidos, la compra de carteras bancarias del Banco Central del Uruguay e irregularidades administrativas en el Ministerio de Salud Pública.
Ese año hubo otras cinco denuncias, por las que se formaron necesariamente preinvestigadoras, y en el primer semestre de 1986, cuatro más. Al inicio de las próximas legislaturas no volvió a repetirse esa cantidad.
La llama investigativa se fue apagando en el Parlamento. Pero el arranque del actual período legislativo cambia esa tendencia.
Desde el 15 de febrero de 2025 se han presentado seis denuncias que reclaman la formación de comisiones investigadoras. La cifra, en los primeros 15 meses de trabajo parlamentario, solo es superada por la del retorno a la democracia, como surge de un relevamiento del Programa de Estudios Parlamentarios del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República al que accedió Búsqueda.
Nicolle Salle, diputada de Identidad Soberana, inauguró la serie al mes de asumir, cuando propuso investigar la gestión de la pandemia de Covid-19 en Uruguay. El diputado colorado Juan Martín Jorge denunció en agosto irregularidades en el Instituto Nacional de Colonización por la compra de la estancia María Dolores. En febrero de este año se impulsaron otras dos: el senador frenteamplista Sebastián Sabini reclamó investigar el contrato del Estado uruguayo con Cardama y al día siguiente el diputado blanco Juan Martín Rodríguez denunció la rescisión del contrato para adquirir las patrullas oceánicas. A fines de abril, otro nacionalista, Federico Casaretto, denunció irregularidades en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) desde 2015 hasta hoy, y el lunes 4 el diputado oficialista Federico Preve planteó investigar irregularidades también en ASSE, pero solo durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
A raíz de estas seis propuestas, se han formado dos comisiones con fines investigativos: una en Diputados sobre María Dolores (por mayoría, gracias a los 51 votos opositores) y otra (por unanimidad) en el ámbito de la Asamblea General para estudiar los procesos de compra de las patrullas desde 2010 hasta 2026, lo que incluye la firma del contrato con Cardama y su rescisión.
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Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en la compra del INC de la estancia María Dolores.
@DiputadosUY
Además, Gustavo Salle, de Identidad Soberana, anunció que presentará en las próximas semanas otra denuncia, la séptima de la legislatura, para que se investigue en el Parlamento la gestión de la pandemia en Uruguay a la luz de los llamados “archivos Epstein”, documentación desclasificada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Por estas horas, blancos y frenteamplistas negocian para formar una sola investigadora sobre ASSE, en lugar de dos.
Tanto Cabildo Abierto como Identidad Soberana se han mostrado dispuestos a dar sus votos para crear investigadoras, lo que permitiría al Frente Amplio y a la Coalición Republicana alcanzar la mayoría requerida, pero este miércoles 6 el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo a El Observador que si no hay acuerdo para formar una sola comisión, su partido no vota ninguna. Identidad Soberana adoptó la misma postura. “Dos investigadoras sobre el mismo tema sería una tomadura de pelo a la población; seríamos unos energúmenos”, explicó Gustavo Salle a Búsqueda.
Discordia sobre Danza
Uno de los argumentos del oficialismo para rechazar que se investigue la gestión de ASSE desde 2015 hasta hoy es que en Diputados se formó en 2017 una investigadora que analizó el mismo asunto desde el año 2008. En setiembre de 2018, la Cámara de Representantes decidió remitir a la Fiscalía General de la Nación y a la Junta de Transparencia y Ética Pública todas las actuaciones de esta comisión. El promotor de la investigadora, Eduardo Rubio, por entonces diputado de Asamblea Popular, no recuerda si a nivel judicial se formalizó alguna investigación a raíz del aporte de la comisión. Otros diputados que integraron aquella investigadora y fueron consultados por Búsqueda tampoco lo recuerdan.
El presidente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, había dicho a Búsqueda que su partido está dispuesto a votar investigadoras, pero remarcó que si la comisión remite su trabajo a la Fiscalía, no puede quedar “sobrevolando” después que la Justicia no actuó, “como ha pasado en algunos casos”. Para el exsenador, eso “alimenta la manija a nivel popular“ y provoca “descreimiento en todo el sistema político y en la Justicia, que es lo más grave de todo”. Ejemplificó: la investigadora por la actuación de Charles Carrera en el Ministerio del Interior derivó su actuación a la Fiscalía en 2023, pero aún no hay sentencia judicial.
Otro de los motivos del oficialismo para oponerse a la propuesta de la oposición es que pretende investigarse al actual presidente de ASSE, Álvaro Danza, por irregularidades y eventuales delitos. Denuncian que recibió un salario por “dedicación permanente” en ASSE cuando mantenía al mismo tiempo otros trabajos en el sector privado. En su informe, los diputados Pablo Abdala (Partido Nacional) y Felipe Schipani (Partido Colorado) mencionan enriquecimiento sin causa o cobro indebido. Para el Frente Amplio, el asunto ya está saldado. Esa es hoy la principal discordia, informó Juan Martín Rodríguez a Búsqueda. El martes 12 definirán cuándo votan la creación de una o dos investigadoras. La fecha tentativa es el jueves 14, haya o no acuerdo.
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Comisión pre investigadora del caso Cardama en el Anexo del Palacio Legislativo en Montevideo, 19 de febrero de 2026.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
Cambio de tendencia
La Constitución de 1917 dio al Parlamento la potestad de formar comisiones investigadoras sobre asuntos de interés público. Entre 1985 y 1990, hubo 25 preinvestigadoras y 13 investigadoras. En la siguiente legislatura, 17 preinvestigadoras y 10 investigadoras. Fue la década del actual período democrático que reunió más denuncias e investigaciones parlamentarias.
En 13 de diciembre de 1994 el Parlamento aprobó una ley que definió el alcance de estas comisiones, permitió a los legisladores investigar todos los organismos públicos y también empresas privadas. Además, los habilitó a pedir la separación del cargo de funcionarios estatales, que se hagan allanamientos en reparticiones públicas, enviar a la Policía para que conduzca a un testigo que se niega a declarar y solicitar a la Justicia el levantamiento del secreto bancario. El entonces presidente de la República, Luis Lacalle Herrera, vetó parcialmente la ley. El vicepresidente, Gonzalo Aguirre, uno de los principales impulsores de aquel proyecto, respondió que “los miembros del Poder Ejecutivo generalmente se oponen a que el Parlamento ejerza poderes de control”. Tras aquel veto, mermaron las preinvestigadoras e investigadoras.
La caída de la cifra de denuncias en la década siguiente respondió al “pesimismo de los legisladores respecto a la posibilidad de esclarecer por esta vía las responsabilidades sobre los asuntos críticos“. Esto plantea un artículo del Programa de Estudios Parlamentarios publicado en 2016 y titulado “Las comisiones investigadoras en Uruguay”. Entre 1995 y 2000, hubo 12 denuncias y se crearon ocho comisiones, y en la siguiente legislatura, ocho preinvestigadoras y tres investigadoras. Las coaliciones de gobierno tuvieron en esta década apoyos legislativos mayoritarios, pero en el Parlamento “los alineamientos partidarios no eran mecánicos”, agrega el artículo.
La llegada del Frente Amplio al gobierno nacional con mayorías parlamentarias en 2005 abrió un escenario diferente. Las denuncias se mantuvieron constantes —10 durante el primer mandato de la coalición de izquierda, siete en el segundo y 11 en el tercero—, pero “se derrumba la tasa de creación de comisiones investigadoras” —tres, una y cinco, respectivamente—. “La existencia de un partido mayoritario que controla en forma cohesionada el proceso de toma de decisiones en el Parlamento impide la creación de comisiones investigadoras que vayan contra sus intereses”, expresan los académicos.
Durante el gobierno de Lacalle Pou hubo cinco denuncias y cuatro investigadoras. En el actual, en los primeros 15 meses de la legislatura, se han formado seis preinvestigadoras y dos investigadoras, lo que cambia la tendencia a la baja en la cifra de denuncias que se ha sostenido, con excepciones, desde 1985.
