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Después de la presentación, la semana pasada, de los insumos aportados por el Diálogo sobre la Protección Social, el Poder Ejecutivo empezó a trabajar en las iniciativas —principalmente las relacionadas con la infancia— que volcará en el próximo proyecto de Rendición de Cuentas, al mismo tiempo que busca bajar el ruido surgido en torno a una reforma más sensible: la del régimen jubilatorio y las AFAP.
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El lunes 4, las máximas autoridades del Ministerio de Economía y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto acordaron con las cuatro administradoras de fondos previsionales (AFAP) un ámbito conjunto para, entre otras cosas, evaluar “mejoras” en los costos operativos y el nivel y la estructura de las comisiones que cobran esas empresas; el marco regulatorio para la competencia en ese mercado y la gestión de los portafolios de inversión, y la organización de la relación entre los afiliados y las AFAP. Según se anunció, en 60 días deberá surgir un documento preliminar.
La asociación de AFAP privadas —Anafap— consideró esa instancia como “un paso positivo para abordar los desafíos del sistema previsional, con soluciones responsables y sostenibles”.
Pero, sumándose a los cuestionamientos de la oposición política tras divulgarse el documento del Diálogo, esta semana se conocieron advertencias desde círculos técnicos acerca de las posibles reformas.
Estabilidad institucional
En una análisis circulado el miércoles 6 entre clientes, CPA/Ferrere enumeró algunas “conclusiones” y “riesgos a tener en cuenta”, basado en los “anuncios de las autoridades” tras el Diálogo y sin que se hayan informado los costos fiscales previstos. En síntesis, por sus implicancias, los cambios que se preparan “podrían afectar la estabilidad institucional, la calificación crediticia y el spread soberano, revirtiendo parcialmente las mejoras logradas” por Uruguay luego de la aprobación de la reforma jubilatoria del 2023.
También menciona la posibilidad de que se produzca un “aumento del gasto a partir de 2027” destinado al combate de la pobreza y para la protección infantil, “agregando presión sobre un escenario fiscal que tiene poco margen de maniobra”.
Para esta consultora, “las decisiones que adopte el gobierno respecto a estos capítulos, su fundamentación técnica y la comunicación serán factores clave para mitigar estos riesgos”.
Entre J.P. Morgan y el PIT-CNT
Un mensaje similar pasó el banco de inversión J.P. Morgan en una newsletter en la que explicó las propuestas surgidas del Diálogo Social. Alertó que “en tanto los costos fiscales de las medidas” y sus “fuentes de financiamiento siguen siendo inciertas”, existe el “riesgo de que los cambios en el sistema de pensiones, si no se comunican, implementan y regulan con claridad, pueden afectar la confianza de los inversores y la credibilidad institucional que Uruguay ha construido durante la década pasada”.
Mientras en el acto del Día de los Trabajadores del viernes 1 el PIT-CNT prometió seguir luchando hasta “que se vayan” las AFAP, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, reiteró el mensaje de las fortalezas institucionales de Uruguay en las reuniones con empresarios y ejecutivos que mantuvo esta semana en San Pablo.
