Un “modelo” frenado
El análisis describe a Uruguay como un “referente importante” para América Latina y el Caribe por su “estabilidad democrática, gestión macroeconómica y resultados sociales. Incluso, se ha convertido en un modelo a seguir en asuntos ambientales, entre otras razones, por lograr que más del 90% de su generación eléctrica sea de fuentes renovables. Hoy, el país cuenta con las bases necesarias para protagonizar un avance sustancial en materia de desarrollo”.
El diagnóstico repasa que, luego de la recesión que tuvo lugar de 1999 a 2002, la economía se expandió, en promedio, un 3,2% anual entre 2003 y 2023, superando el ritmo de crecimiento medio de la región. El Producto Interno Bruto (PIB) aumentó “de forma ininterrumpida durante 17 años (hasta 2019), registrando el período de crecimiento más largo en la historia del país”.
También destaca la mejora en el resultado fiscal primario —antes del pago de intereses de deuda— gracias a una “gestión responsable” en la que, en paralelo, hubo “reformas que fortalecieron los servicios de salud, la educación, el mercado de trabajo y el sector de cuidados. Incluso, se aprobó una reforma tributaria para financiar el gasto de manera más progresiva”.
“La pandemia fue otro ejemplo de equilibrio entre las necesidades de la gente y la sostenibilidad de las finanzas: a la vez que se tomaron medidas focalizadas en los más vulnerables, el país lideró un nuevo proceso para institucionalizar la prudencia fiscal” a través de una regla, añade.
“Desafíos latentes” y prioridades
“Hay, sin embargo, desafíos latentes”, plantea el documento en otro pasaje, cambiando el tono. “El crecimiento ha presentado una desaceleración inquietante, de un promedio anual de 5% entre 2003 y 2014 a menos de 1% entre 2015 y 2023”, señala. Agrega que la productividad está “estancada y el crecimiento potencial se proyecta moderado”, de 2,5% en promedio hasta 2033, según el Ministerio de Economía y Finanzas.
La enumeración del BID continúa: la deuda pública “sigue elevada” respecto a la prepandemia y el balance fiscal primario “se ha tornado negativo en la última década. También se advierten amenazas naturales hidrometeorológicas y climáticas, como ya ocurrió con la sequía histórica de 2023”.
En ese contexto, el organismo entiende que “lo que se haga en los próximos años es determinante para reafirmar y fortalecer el contrato social de los uruguayos, de manera que se continúe avanzando en reducir la pobreza y la desigualdad y se atiendan nuevos desafíos”. En ese sentido, el documento plantea una serie de recomendaciones “puntuales y decisivas” en tres “áreas priorizadas”.
Educación e infancia
Primero, el capital humano y la inclusión social enfocados en el “desarrollo infantil, la educación, la formación para el trabajo y la convivencia pacífica”.
El BID plantea que la pobreza, “si bien es baja, afecta en mucha más proporción a niñas, niños y adolescentes”. Para ellos la tasa es entre ocho y 10 veces superior que la de mayores de 65 años y aumenta en hogares afrodescendientes y con jefatura femenina.
Al respecto, las políticas actuales carecen de una “rectoría clara y faltan mecanismos de articulación interinstitucional a nivel nacional y territorial”. Añade que Uruguay invierte el equivalente a 5,7% de su PIB en la infancia, “pero la estructura presupuestal está fragmentada” entre varias entidades. Como acciones a seguir, el organismo recomienda “modernizar la gobernanza” en torno a las políticas dirigidas a la infancia, así como ampliar la oferta de servicios de cuidados y desarrollo de los niños en centros y en domicilios.
Frente a la alta inasistencia y la deserción, y los menores niveles de aprendizaje en hogares vulnerables, el BID propone consolidar el Sistema de Protección de Trayectorias Educativas con herramientas de alerta temprana y estrategias oportunas de intervención. También plantea instrumentar programas de acompañamiento personalizado —como tutorías que se apoyen en nuevas tecnologías— y campañas de comunicación, dirigidas a las familias, sobre la importancia de la asistencia escolar, así como la extensión de la jornada y la reducción en el número de alumnos por grado, racionalizando la infraestructura educativa.
Apuntando a una “inserción laboral efectiva e incluyente”, el documento recomienda, entre otras cosas, mejorar el sistema de cuidados y “actualizar la regulación” para “fomentar contratos innovadores y empleos formales flexibles, en beneficio de los trabajadores”.
Inseguridad
Por encima de la economía, la inseguridad “es ahora la mayor preocupación de la gente”. Un 43% de los consultados en 2024 consideró que este es el principal problema del país, cuando solo lo creía así el 11% en 2006, señala el documento, citando un estudio de Equipos Consultores. Complementa eso con algunos datos: la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se duplicó en poco más de 10 años, lo mismo que las personas privadas de la libertad en dos décadas; la violencia doméstica es el segundo delito más reportado.
Buscando una mejor convivencia ciudadana, el BID entiende que los sistemas policial, judicial y penitenciario “tienen margen para modernizarse y profesionalizar a sus miembros”. Como recomendaciones concretas, menciona que debe actualizarse el “currículo de formación policial” incorporando titulaciones específicas en áreas como inteligencia (para combatir el crimen organizado), ciencias forenses y criminalística.
Crecimiento
Una segunda área prioritaria, según el BID, está relacionada con el crecimiento económico “acelerado y sostenible”. Entiende que Uruguay, “que ha dado pasos importantes en institucionalidad y disciplina económica, puede mejorar sustancialmente en diferentes frentes”.
En cuanto a la gestión fiscal, en el documento menciona algunas ideas con las que, en los últimos días, Oddone dijo concordar para, por ejemplo, perfeccionar la regla vigente. “Urge hacer explícito un nivel de deuda prudente”, apunta el organismo, una innovación que apoya el ministro.
La sintonía con el gobierno del Frente Amplio está planteada también respecto al desafío que supone la seguridad social y cómo encararlo. En ese sentido, el BID recomienda “dar continuidad al proceso de hacer sostenible el sistema previsional. Es recomendable abrir un diálogo con la ciudadanía para dar nuevos pasos hacia adelante”.
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El representante del BID en Uruguay, Oddone y Sánchez, en el taller sobre productividad realizado en marzo
MEF
Otra sugerencia ya está en la agenda de la nueva administración: “Cuantificar costos y resultados de los incentivos fiscales, mediante evaluaciones y monitoreo, permitiría identificar beneficiarios de estos gastos y determinar su relación con objetivos definidos”.
El organismo también aconseja prestarle atención al manejo financiero en las intendencias y sugiere apoyar a estos gobiernos subnacionales para que “mejoren la gestión de sus ingresos, inversiones, servicios, administración del gasto y procesos de descentralización”.
Innovación
“Existe un reto por superar en materia de innovación que limita el cierre de la brecha de productividad con respecto a países desarrollados”, plantea el organismo. El “mapa de oportunidades” que visualiza incluye, entre otras cosas, “crear mesas sectoriales con miras a promover la innovación” y mejoras en el “acceso a infraestructura crítica (física y en la nube)”, al mismo tiempo que “urgen incentivos para fomentar una cultura emprendedora entre investigadores y estudiantes”.
Comercio
Según el BID, Uruguay tiene “el potencial de aumentar su perfil en los mercados globales, considerando que la apertura comercial y la inversión extranjera aún son bajas, al compararlas con países de nivel de desarrollo similar”. En esta área recomienda, por ejemplo, elaborar una estrategia de fomento de exportaciones en sectores intensivos en conocimiento, profundizar en la interoperabilidad de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y modernizar la Ventanilla Única de Inversiones para “consolidar esfuerzos de desburocratización y digitalización”, un aspecto en el que ya están trabajando los equipos del Ministerio de Economía.
Agro
El sector agropecuario representa entre el 6% y el 7% del PIB, consigna el documento, citando al Instituto Uruguay XXI. En contraste con el “notable crecimiento” de la productividad de esa actividad en Brasil, Chile y Paraguay en las últimas dos décadas, en Uruguay se mantuvo. Por tanto, según el BID, “un reto mayúsculo es aumentar la productividad, al tiempo que se preserva el medio ambiente, lo que exige mejor institucionalidad y mayor coordinación pública”.
Las recomendaciones en esta área son, entre otras, extender el área irrigada del país, “continuar con el proceso de ‘apertura de mercados’” y “revisar” la “institucionalidad agropecuaria, considerando extensión y costos del sistema”.
Medio ambiente
El organismo sostiene que la economía uruguaya “está basada en sectores altamente dependientes de la naturaleza, lo cual resalta la necesidad de proteger estos recursos”. Al respecto, plantea por ejemplo que “urge el desarrollo de instrumentos tributarios, financieros y comerciales que sean útiles para implementar los planes y contribuyan a los propósitos ambientales”.
Además, el agua, si bien llega de forma potable al 95% de la población, “enfrenta riesgos para su continua provisión”. El BID entiende que “modernizar y profesionalizar” Obras Sanitarias del Estado (OSE) “serviría para incorporar una visión de resiliencia al cambio climático en la gestión del agua”; también aconseja “rediseñar la estructura tarifaria, para que refleje costos actuales y proyectados”.
En materia de eventos climáticos, además de mejorar la gobernanza para su prevención, entiende que crear un clasificador presupuestal para destinar recursos a la gestión de riesgos de desastres “robustecería” el marco actual.
“Los anteriores pilares de acción los entendemos —señala el organismo, como síntesis de su enfoque— como una tarea conjunta, es decir, como un compromiso del Grupo BID para contribuir a mejorar las vidas de los uruguayos. Actuar ahora es urgente, para que un futuro mejor sea posible”.
