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“Intentos” por descentralizar el desarrollo en el territorio “han sido un poco flacos”
En la agenda de los partidos políticos, falta abordar las diferentes realidades regionales como parte de la discusión de los problemas, opina el gerente de Desarrollo Territorial de la Agencia Nacional de Desarrollo
Los Centros Pymes están desplegados en todos los departamentos del país
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Presidencia de la República
Bajar a la realidad de los distintos territorios las políticas de desarrollo nacional para que se lleven adelante de manera descentralizada requiere “cambiar algunas reglas de juego” y “discutir en qué capacidades locales hay que invertir y confiar”, dijo el gerente de Desarrollo Territorial de la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande), Diego García da Rosa.
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En defensa de las acciones desarrolladas por la Ande, García da Rosa destacó la lógica de desplegar en todo el interior del país los Centros Pymes y las acciones que en la misma línea está realizando en Montevideo. Esa práctica implica una “renuncia a la omnipotencia central” y “es un ejercicio político con mayúscula”, afirmó el miércoles 21, invitado como panelista para comentar el Índice de Desarrollo Regional para Uruguay (Idere Uy), presentado por investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República.
En el libro sobre el Idere Uy, los autores destacan el trabajo de la Ande en la promoción de servicios y estrategias de desarrollo económico para las empresas de menor porte, “ajustados a la realidad, las capacidades y la demanda del territorio”.
Adrián Rodríguez Miranda, uno de los autores, dijo a Búsqueda que las políticas de la Ande de creación de esos centros son un “buen ejemplo de una continuidad de política”, porque siguen la idea de los Centros de Competitividad Empresarial, creados en 2019 por la segunda administración de Tabaré Vázquez. “Cada gobierno le puso su impronta, pero hubo una continuidad. Sin embargo, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hubo una ruptura total”, comentó.
La continuidad de ciertas políticas con gobiernos de distinto color político tuvo “ingredientes positivos”, evaluó. Entre ellos, el hecho de que los centros se instalaran en los departamentos con el acuerdo del intendente y funcionaran con un “foro consultivo” (integrado por la Ande, por empresarios, asociaciones, la intendencia, las universidades, etcétera) que discute y decide en qué invertir, qué hacer, para ayudar a las pymes. Esa herramienta hizo que “se apropiara la política del territorio”, afirmó el académico.
Proceso “orientado”
A partir del Idere Uy, García da Rosa consideró que es preciso “revisar el margen de acción que tienen los territorios para trabajar temas públicos que afectan al desarrollo” porque “muchas veces las soluciones franquiciadas, o limitadas, empaquetadas, no ayudan a la inversión en capacidad local”.
A título personal, el funcionario de la Ande opinó que “no hay una demanda significativa desde el sistema político de mayor descentralización en general”, y no está en la “agenda” o en el “set de problemas que abordan los partidos” la territorialidad como parte de la discusión. Eso, dijo, puede responder a que se considere que hay un “buen equilibrio entre los distintos niveles de gobierno o porque son suficientes las actuales competencias”. En cualquiera caso, dijo, es un tema a debatir. Argumentó que el “desarrollo político orientado” conlleva un ejercicio de mejorar la planificación que permita optimizar los recursos, reducir duplicaciones, focalizar las capacidades, generar talento con mayor impacto y, “sobre todo, ensayar con gobernanzas de corte regional y con diseños institucionales más audaces cómo abordar la regionalidad”. En eso, dijo, los “intentos han sido un poco flacos”.
“No sé cuál pesa más, pero cualquier ensayo de innovación institucional o tiene plata, o tiene norma o tiene poder político —o las tres—, para poder programar los ejercicios de regionalización y cómo llevarlo a la matriz sectorizada del Estado”. Y ejemplificó: “Yo puedo hacer un ejercicio (para el desarrollo) de una región al 2150, pero si después cada ministerio o instituto ensaya propuestas de llegada, o no toma eso como un proceso para orientar sus presupuestos y políticas, está un poco condenado”, afirmó.
