Según resumió la secretaría de Estado cuando cerró el plazo para recibir sugerencias, los temas de mayor interés refirieron a la digitalización de trámites ante organismos, como la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS) y la Aduana, así como el fortalecimiento de la Comisión de Defensa de la Competencia, el reconocimiento de certificaciones internacionales para bajar el costo de importación de mercaderías y la introducción de incentivos para la “digitalización, la innovación y la capacitación del capital humano”.
En particular, según dijeron a Búsqueda fuentes oficiales, el ministro está entusiasmado con algunas medidas que ya está decidido que formarán parte del articulado y que, bajo la coordinación del director de la Asesoría de Política Comercial, Juan Labraga, y del asesor Álvaro Lalanne, su cartera ha trabajado con la Asociación de Despachantes de Aduanas (ADAU).
Oddone, obsesionado con conseguir que la economía uruguaya crezca a mayor ritmo, anticipó algunos trazos del proyecto de ley al disertar el miércoles 13 en un almuerzo para ejecutivos de empresa organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM). En una categoría que identificó como de “agilización de trámites” para el comercio internacional, propondrá declaraciones juradas y el “silencio positivo” para habilitar “controles ex post”, el “reconocimiento de las certificaciones del exterior” y un “registro único de apoderados”, “todas cosas que lo que hacen es facilitar, dar más transparencia e incluso avanzar en implementar una serie de cosas” conversadas desde hace tiempo con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
El ministro mencionó que, con el proyecto en preparación, se va a crear el “autodespacho de aduana”, tras una “larga, interesante y fecunda” conversación con el gremio de los despachantes. Aclaró que el suyo no era un comentario irónico, quizás porque en 2025, durante la discusión del proyecto de Presupuesto, fue crítico con las reglas de mercado con que se mueven esos agentes auxiliares del comercio exterior.
Oddone cerró ese capítulo de su exposición en el foro de ADM con una arenga a los legisladores que recibirán la iniciativa de ley en pocos días, “para que el conjunto de actores del sistema político, que viven siendo contestes o que están hace muchos años demandando medidas procompetitivas, muestren a la ciudadanía uruguaya si efectivamente están de acuerdo con aumentar la competitividad. Porque detrás de estas medidas hay muchos intereses. (...) ¿Estamos por ir a un paquete de reformas microeconómicas que mejoren la competitividad? Porque ese es el único camino que tenemos para mejorar la competitividad”, ya que devaluar la moneda uruguaya frente al dólar “no es el instrumento” adecuado para eso.
¿Qué propusieron los despachantes?
La asociación de los despachantes, que agrupa a unas 360 empresas, presentó al MEF un documento con cuatro propuestas a incorporar en el proyecto de competitividad.
El texto plantea, primero, cambios en la ley del 2014 que aprobó el Código Aduanero uruguayo referidos al plazo en el que las mercaderías pueden permanecer en régimen de puerto y aeropuerto libre: propone volver a establecer que sea “indeterminado”, un diferencial que, sostiene la ADAU, el país resignó frente a la región.
“En la realidad actual, en la cual después de 15 años el Código Aduanero del Mercosur nunca se aprobó y no hay perspectivas de que se apruebe, resulta razonable recuperar algunas de esas ventajas que se perdieron al realizar concesiones en su negociación”, argumenta en el documento que obtuvo Búsqueda. Volver al “tiempo indeterminado” permitiría “plantear negocios sin un horizonte o límite temporal, pero además sin la necesidad de tener que establecer un sistema de control de dichos plazos ni para las empresas ni para la Aduana”.
Una segunda propuesta es modificatoria del artículo 694 de la Ley de Presupuesto del gobierno de Luis Lacalle Pou, y alude a las funciones policiales en materia de sanidad animal o vegetal, de alimentos, de productos de salud o higiene, entre otros, para las operaciones de comercio exterior. Esa disposición fue reglamentada por decreto en abril pasado.
Aduanas
Sede de Aduanas, en el Puerto de Montevideo.
En concreto, la ADAU sugirió habilitar a que el Poder Ejecutivo pueda “determinar que el importador, exportador o transitario de la mercadería presenten una declaración jurada a los efectos de demostrar el cumplimiento de los requisitos legales para el ingreso, egreso o circulación en el territorio de productos sometidos a control previo, salvo en aquellos casos en que por razones de sanidad humana, vegetal o animal, o de seguridad sea indispensable un control previo por parte del Estado o una entidad paraestatal. Dichas declaraciones juradas podrán referirse a que la mercadería objeto de la operación no queda abarcada por los requisitos que establece determinada norma (certificados negativos) o que la mercadería cumple con la normativa específica que le sea aplicable (certificados positivos). En las operaciones que intervenga despachante de aduana el mismo podrá suscribir la declaración jurada en representación del titular de la mercadería, asumiendo la responsabilidad por la veracidad de la misma junto a su mandante”.
En su documento, el gremio de despachantes alega que la forma de control actual “implica un esfuerzo muy importante para los organismos y además demoras en la operativa. Esto, en un entorno en el que en la inmensa mayoría de los casos no se detecta ninguna irregularidad”.
La ADAU explica que, en la práctica, el decreto reglamentario “solamente refiere a los certificados negativos que a veces emiten los organismos. Eso es un gran avance, pero deja de lado otra cantidad de certificados positivos que llevan un control previo y que parecería que no podrían ser sustituidos por declaraciones juradas con la redacción actual del artículo 694”.
Repositorio y Uruguay XXI
Una tercera propuesta de los despachantes de aduana es, “en el marco de los procesos de modernización del Estado y facilitación del comercio”, crear un “repositorio digital centralizado de información empresarial”. Según el documento, sería una base de datos única, de carácter transversal, que podría ser gestionada por un organismo gubernamental o a través de un módulo de gobernanza supraministerial, en la cual se concentre la información estructural de las empresas que operan en el país provenientes de la DGI, el BPS, el Banco de Seguros del Estado, “así como información societaria relevante (estructura, autoridades, representación, entre otros)”. El planteo prevé que las propias firmas puedan complementar su perfil con información sectorial cuando corresponda, bajo criterios estandarizados.
Esta herramienta permitiría evitar la “reiteración de cargas por parte de las empresas y reduciendo la duplicación de procesos administrativos”, sostiene la ADAU.
La última propuesta le da más peso a la gremial; pide la incorporación de la asociación como representante del sector privado en el Instituto Uruguay XXI, “en atención al aporte que el despachante de aduana puede realizar desde su conocimiento técnico y su intervención directa en la operativa del comercio exterior”.
Con la reciente modificación que tuvo, el Consejo de Dirección de esa institución de promoción de las inversiones, las exportaciones y de la imagen país lo integran cinco representantes del Poder Ejecutivo (de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía, de Ganadería, de Industria y de Turismo, además de uno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto), junto con cinco delegados del sector privado (a propuesta de las organizaciones más representativas del comercio y la industria, del agro, de los servicios, de las tecnologías de la información, de las zonas francas, de las exportaciones e inversiones, de las micro-, pequeñas y medianas empresas, de las cooperativas y de los trabajadores).
Cambio de postura
A iniciativa del MEF y con su titular como más firme defensor público, el proyecto de Presupuesto discutido en 2025 contuvo un artículo que pretendía eliminar la exigencia de contratar los servicios de un despachante para las exportaciones por hasta US$ 15.000 y las importaciones que no superasen los US$ 10.000. Pero esa reforma, que Oddone postulaba como desburocratizadora y reductora de costos, fracasó.
“Lamentablemente, el Parlamento desglosó —que es una forma elegante de decir que pasó a considerar en otra etapa del desarrollo de Uruguay— la iniciativa del Poder Ejecutivo de eliminar la intervención preceptiva de los despachantes de aduana, haciendo que Uruguay vaya a seguir siendo de los pocos países del mundo, en la región del único”, donde rige esa obligatoriedad, se lamentó el ministro en octubre del año pasado, al hablar en la celebración por el Día de la Construcción.
“Yo desearía como economista tener una ley que dijera” que es “obligatorio contratar a un economista para hacer algo; eso nunca ocurrió”, ironizó, y prometió seguir dando “batalla” contra una “regulación del tipo medieval”.
Sin embargo, según dijo la fuente de Búsqueda, en el MEF se entiende que los trabajos con la ADAU en torno al proyecto de ley de competitividad conducirán a una reforma más sustantiva de la pretendida en aquel artículo del Presupuesto que quedó por el camino.
