Fallas y reclamos cruzados
La situación se arrastra hace unos siete años, ya que las obras comenzaron en mayo de 2017 y avanzaron hasta 2019. Entonces se detectaron señales de oxidación en los perfiles galvanizados de las paredes construidas con el sistema Crupe, elegido por las cooperativas Covisin VI, de Fray Bentos, y Covioc, de Paysandú, que contrataron al instituto CET-PVS (Plan de Vivienda Sindical) para la dirección de obra.
Los cuestionamientos del IAT CET-PVS a los procesos de habilitación de parte del MVOT al sistema de construcción no tradicional Crupe, y a la empresa titular del mismo (Advance New Building S.A.), fueron denunciados en la diaria el 24 de junio y el 1 de julio.
El sistema utilizado fue avalado por el MVOT a través del documento de aptitud técnica (DAT) que el MVOT aprobó y renovó, y que ante las denuncias terminó inhabilitando en 2020.
Sobre ello, el arquitecto Pablo Antonaz, que dirige el instituto CET-PVS, declaró en la diaria que “todas las obras realizadas” con el sistema Crupe presentaban las mismas patologías y cuestionó que el MVOT haya renovado la habilitación técnica o DAT en abril de 2017 si ya había obras que presentaban problemas desde 2015, al menos. A su juicio, el proceso de inspección y renovación del sistema constructivo por parte del ministerio “fue muy irregular”.
Antonaz apuntó que había obras estatales, en Paso Carrasco, construidas con el sistema Crupe que presentaban “graves problemas” y no se visitaron ni verificaron los antecedentes como indica el reglamento para renovar el DAT.
Milton Machado, director nacional de Vivienda.
Javier Calvelo/adhocFOTOS
En tanto, el director de la Dinavi dijo a Búsqueda que los “controles, la supervisión y la ejecución de la obra” fue “deficiente” y que el IAT CET-PVS no cumplió con las “condiciones mínimas de aceptabilidad, de ejecución técnica y eso fue en detrimento de la calidad del producto”.
Señaló que en el DAT está estipulado el procedimiento constructivo, cómo asesorar a las cooperativas para que lo ejecuten adecuadamente, qué materiales utilizar, etcétera. Y que la gente de la cooperativa no es mano de obra capacitada y hay que asesorarla, prepararla, darle participación en talleres, etcétera. “Este IAT claramente no lo hizo. Acá hay omisiones y mala ejecución”, afirmó. “El tema está en la Justicia, que dirimirá quién tiene la razón”, añadió.
Actualmente hay más de una veintena de IAT registrados en el MVOT. Esas empresas, que tienen equipos multidisciplinarios, son los que las cooperativas tienen que contratar para asesorarse y gestionar los proyectos de construcción de viviendas.
Por su lado, Antonaz declaró a Búsqueda que fue la dirección de obra del instituto CET-PVS la que “descubrió el problema y lo informó inmediatamente”, a pesar de lo cual la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) decidió continuar las obras. “No hay un solo elemento que denote que existió una mala ejecución o falta de acompañamiento”, sostuvo.
Apuntó que el rol de dirección de obra está descrito en la reglamentación del trabajo de los IAT y las cooperativas. Allí, señaló, se refiere a la supervisión general de los trabajos y añadió que “todo el resto es responsabilidad de la cooperativa en su rol de empresa constructora, asignándole un rol clave al capataz de obra designado”.
A su vez, Antonaz apuntó contra la gestión actual del MVOT al denunciar una “actuación manifiestamente irregular” de la Dinavi y la ANV por la contratación de un estudio independiente —BISA consultores—, que debía determinar las soluciones posibles para los complejos de viviendas de Fray Bentos y Paysandú. En una denuncia, presentada el 26 de junio, el IAT CET-PVS indicó que el resultado de esa consultoría está “fatalmente” comprometido en su “objetividad y rigurosidad” al haber sido realizado por el representante técnico de la firma propietaria del sistema Crupe. Por eso, el instituto solicitó se disponga una investigación administrativa. Antonaz también cuestionó el costo en el que incurrió el ministerio.
Sobre ello, el titular de la Dinavi alegó que la consultoría le costó al ministerio “en el orden de los US$ 100.000” y se adjudicó a la única empresa que se presentó al llamado.
En cuanto a la investigación y las dudas sobre la imparcialidad, Machado afirmó: “Si hay que hacer una investigación, se hará. Poco me preocupa, cuando es un llamado público. Acá no acomodamos a nadie; por lo visto, la connivencia estaría en que uno de los técnicos que firma participó asesorando al representante del sistema. Por lo que estuvimos averiguando, esa persona entró como representante técnico después de que se construyó todo”.
Machado agregó: “(El instituto) nos critica, pero pasaron cinco o seis años y ellos no hicieron nada. Nosotros entramos y nos preocupamos, empezamos a buscar una alternativa, ver cuál era la preocupación de la gente y cómo salir de esto”.
Para Antonaz, “es insólito” que la Dinavi después de siete años “termine contratando y pagando US$ 150.000 por un informe que hace el representante técnico de la empresa propietaria del sistema constructivo”, que está en liquidación.
Esa asunto, alegó, “es una perla más en una larga secuencia de la campaña de ataque desde el MVOT y la ANV” contra el instituto CET-PVS.
Antonaz relató que años atrás el instituto presentó una recusación contra Gustavo Machado, hoy vicepresidente de la ANV, por su “permanente acción contra CET-PVS y el Plan de Vivienda Sindical. Ese recurso está actualmente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Recordó que en 2017 se obligó al instituto a realizar tareas profesionales a algunas cooperativas sin poder cobrar honorarios, lo que generó un “daño inmenso” a CET-PVS y culminó con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que condenó al MVOT a pagar daños por más de US$ 1 millón, “lo que aún no ha hecho”.
En esa época, agregó Antonaz, se aplicó al instituto una “sanción sui generis” por la que se le topeó el asesoramiento a más cooperativas. “A pesar de toda esa larga campaña en contra, el CET-PVS y el Plan de Vivienda Sindical han construido desde el año 2011 más de 5.000 viviendas”, alegó. Antonaz informó que este año quedan por entregarse otras 500 viviendas.
Machado dijo que la suspensión establecida a esa IAT rige hasta que haya rescindido o cumplido el 70% de los contratos registrados en el MVOT. “Este IAT tenía al inicio de este año 184 profesionales inscriptos y 209 contratos vigentes con cooperativas de vivienda. (...) Tienen todos los técnicos desparramados en toda esa cantidad de proyectos, pero no están haciendo un trabajo técnico adecuado en la supervisión, asesoramiento, ni controles”, replicó.
Costos y soluciones demoradas
La búsqueda de soluciones para estas cooperativas con problemas constructivos está causando un “costo” importante al ministerio, reconoció el director de la Dinavi. Machado comentó que los préstamos para construir otorgados a las dos cooperativas fueron, en cada caso, por unas 81.000 unidades reajustables, unos US$ 4 millones e indicó que algunas familias están pagando, pero en la mayoría de los casos no. Además, se está dedicando horas de abogados, contadores y arquitectos de la Dinavi y la ANV, consultorías, etcétera. A ello se sumará el costo de la nueva solución habitacional que se procura, además de los relacionados a la demolición, retiro de los materiales y demás.
Machado insistió en que los caminos a seguir serán aquellos que los equipos técnicos y jurídicos habiliten a tomar, dentro de la normativa vigente. “Claramente, esto no va a ser algo inmediato, porque encierra dificultades financieras, económicas y jurídicas”, comentó.
Explicó que el ministerio “ya dio los préstamos, ya se construyó, y quedó mal, por lo que hay que demoler”. Legalmente, dijo, no se puede volver a dar los préstamos a los mismos beneficiarios.
“(Por su) tesitura de pegarnos públicamente” y de “cargar contra el ministerio cuando está claro que hubo una mala ejecución y mala supervisión”, estimó que la negociación de alternativas con el instituto será complicada.
Ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, y director de Vivienda, Milton Machado, en una inauguración de viviendas.
MVOT
Entre las opciones que se manejan y se están poniendo en consideración de las cooperativas y del IAT CET-PVS, el titular de la Dinavi planteó que habría que cancelar los préstamos otorgados y entregar en “dación de pago” al MVOT el terreno y lo construido arriba. “El ministerio va a perder dinero, obviamente, pero habilitaría a que podamos ir con otro programa o darles algún tipo de préstamo” individual. Comentó que en Paysandú el MVOT identificó al menos una decena de viviendas libres en otra cooperativa y que habría que ver en qué condiciones las nuevas familias podrían entrar. Para las demás, se evalúa según los costos para las cooperativas “habilitar algún tipo de resolución excepcional”, de modo que puedan acceder a la compra de vivienda usada en el mercado, dentro de los llamados que realiza el ministerio.
En el caso de Fray Bentos, la situación es “un poco distinta”, porque están habitando las viviendas y repararlas implica hacer una estructura interna nueva y todo un revestimiento externo, pero con la duda de si sería lo más conveniente en costos y durabilidad.
“Hay que ver qué figuras legales nos permiten otras soluciones, como compra de vivienda en el mercado, alguna alternativa para acceder sin tener que ir al mecanismo de sorteo, algún otro programa del MVOT, que se le pueda asignar alguna vivienda y dar un préstamo o un alquiler con opción a compra”, por ejemplo.
“La administración anterior dejó un juicio, cuando salga el juicio se verá. Nosotros lo que decimos es que en el medio no se puede dejar tirada a esta gente otros cinco años más. Hay un tema social, humano. ¿Qué grado de satisfacción vamos a tener? Hoy no lo puedo adelantar”, afirmó el titular de la Dinavi.
