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La “crisis” por el debilitamiento de los partidos, con Uruguay como excepción, no tiene “vuelta atrás”
Según la Cepal, América Latina enfrenta una “trampa de la gobernanza efectiva” asociada al debilitamiento institucional; el politólogo uruguayo Conrado Ramos rescata el mecanismo del diálogo social
América Latina y el Caribe enfrenta “serias restricciones al desarrollo que se manifiestan en la convergencia de tres trampas”: una de magra capacidad para crecer; otra de alta desigualdad, baja movilidad y débil cohesión social; y una tercera de reducidas capacidades institucionales y de gobernanza poco efectiva. Ese diagnóstico, planteado desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se complementa con otro, también desafiante, y es que “muchas políticas transformadoras de la región fallan” al ser concebidas “como si los ciclos políticos fueran extensos y previsibles”, como si la “cooperación interpartidaria fluyera sin mayores fricciones” y como si la confianza en las instituciones se mantuviera relativamente estable, cuando la realidad es que, “en buena parte de los países, predominan las dinámicas de alternancia recurrente, rotación ministerial creciente, fragmentación y polarización política que dificulta la celebración de acuerdos", además de un “desgaste de la legitimidad institucional”.
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Esa conceptualización está expuesta en el documento titulado “Gobernanza endógena: teoría, datos y herramientas para salir de la trampa de gobernanza poco efectiva en América Latina”, presentado la semana pasada en Santiago de Chile por sus autores, José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, y Andrés Boeninger, oficial de Asuntos Económicos de ese organismo de las Naciones Unidas.
En la presentación, el politólogo uruguayo Conrado Ramos, secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), compartió la idea de que la región vive una “crisis institucional” asociada a la pérdida de peso de los partidos políticos, aunque mencionó a Uruguay como una excepción.
Sin “vuelta atrás”
“La fragmentación y la polarización política tiene una misma raigambre, que es la debilidad de los partidos y la desinstitucionalización de los partidos políticos. (Con el diagnóstico presentado por la Cepal) Le pegan en el clavo a un problema muy grande que tenemos y que quizás no tiene vuelta atrás. Quizás es Uruguay el único caso que sigue teniendo un sistema de partidos altamente institucionalizado”, reflexionó Ramos, quien en el inicio del gobierno de Luis Lacalle Pou dirigió la Oficina Nacional de Servicio Civil. El debilitamiento de los partidos “es un fenómeno mundial, además. Y vuelta atrás no vamos a encontrar”, martilló.
El politólogo consideró que, frente a la “gran debilidad de las instituciones” actual, los gobiernos tiene un margen de acción acotado. “Ya ni siquiera te podés refugiar en el mercado, porque el mercado está tomado por lo ilegal. Las plataformas, las plataformas con el juego ilegal, con las criptomonedas ilegales… ¡qué le voy a decir a los argentinos!”, sostuvo. Ese comentario pareció aludir a la investigación judicial que enfrenta el presidente Javier Milei por, presuntamente, haber recibido dinero por promocionar en 2025 a $LIBRA, un criptoactivo que tuvo una rápida valorización y, enseguida, una brusca caída que perjudicó a muchos inversores.
“Tenemos una crisis institucional” que “tiene que ver con los acuerdos, con la globalización, con ciertos consensos de la democracia neoliberal, con todas las críticas que se le hicieron”, prosiguió el uruguayo.
Luego celebró el “enfoque de economía, política y diálogo social” propuesto en el documento de la Cepal. “Uno puede caer en un pesimismo” y decir: “bueno, ya está, tenemos una enorme inestabilidad de las instituciones, ¿so what? Más en América Latina, donde tenemos una tradición histórica (…) de excesiva politización, de inestabilidad política y ritualismo. ¡Nosotros abrazamos la cultura del perfomance management y es un saludo a la bandera! Nosotros diseñamos planificación estratégica, indicadores, tratamos de cambiar la lógica presupuestal, pero seguimos haciendo presupuestos por insumos”, cuestionó.
Incentivos y diálogo
El secretario general del CLAD añadió que, frente a este panorama, en la región hay un “trabajo enorme para hacer” y, a partir de los “distintos diseños institucionales”, se debe establecer “cuál es la economía política y cuáles son los incentivos”. Y dio un ejemplo: “En Uruguay tenemos una matriz energética muy renovable, pero el Ministerio de Finanzas no se acoplaba en esta materia ambiental. ¿Qué hicimos? Emitimos el bono verde, que nos baja los intereses de la deuda si cumplimos las metas ambientales. El Ministerio de Finanzas es el primero” en interesarse en el tema, ahora, por los efectos fiscales asociados con esa deuda.
Al referirse a los mecanismos de diálogo social como instrumentos para buscar consensos para las políticas, Ramos volvió a ser “autorreferencial” y hablar sobre Uruguay: “Nosotros tenemos muchísimo diálogo social, para la producción, para la reforma del sistema de protección social. La gente critica a los gobiernos por decir: ‘pero, bueno, ¿cuáles son los resultados? Queremos resultados inmediatos. Y el diálogo social es un gran esfuerzo, pero no satisface las expectativas ciudadanas’”.
Para él, las “líneas de gobernanza colaborativa, como la modalidad del diálogo social, que no es nada sencillo aplicarla”, permiten “acuerdos de mediano alcance para tener productos (de política pública) que legitimen las ambiciones más amplias” de la sociedad.
La gobernanza
Al presentar el documento, Boeninger marcó diferencias en la región en cuanto a las capacidades institucionales, aunque subrayó que, en promedio, respecto de Europa o Asia emergente, América Latina “sigue estando por debajo”.
En la región, la “heterogeneidad estructural no es solo productiva, es también gubernativa”. En ese sentido, basado en un indicador del Banco Mundial, mencionó que en Chile, Costa Rica y Uruguay “el desempeño de gobernanza es más bien elevado versus los demás”. También hay “dispersión interna en los propios países. Hay zonas marrones, donde la acción del Estado de servicios básicos y políticas públicas no llega”, insistió el funcionario de la Cepal.
Como recomendaciones, planteó que la “coordinación no es un aspecto técnico, sino político”, y que en el actual “contexto de fragmentación”, los gobernantes deberían aspirar a lograr “acuerdos acotados, no tan grandilocuentes y con instrumentos efectivos”.
