OCDE recomienda a Uruguay implementar una “agenda estructural amplia” para acelerar el crecimiento

Caldera Sánchez y Garda contestaron por escrito las preguntas de Búsqueda.

—América Latina ha mostrado resiliencia en 2025, con varios países creciendo más de lo esperado. Las economías de la región tuvieron un crecimiento relativamente robusto, sostenido por la demanda interna en varios países y una recuperación gradual de la inversión. Las exportaciones también han jugado un papel importante y, como en la parte global, en la primera mitad del 2025 esto puede estar relacionado con la anticipación de comercio y producción frente a la subida de aranceles y la incertidumbre causada.

—¿Qué se proyecta para la economía global en 2026 y cuáles son los principales riesgos? ¿Incluye en esa categoría una eventual burbuja en torno a la inteligencia artificial (IA), tras las elevadas valoraciones de los activos, alentadas por expectativas optimistas de beneficios empresariales asociados a esa tecnología?

—Nuestro escenario central proyecta un crecimiento global resiliente, pero con riesgos sustanciales relacionados con fragilidades subyacentes a corto y largo plazo: tensiones comerciales y fragmentación que afectan a las cadenas suministro y a la producción global, y las consecuencias completas de aranceles más altos aún están por verse; volatilidad financiera ligada a valoraciones elevadas de activos y optimismo sobre los beneficios corporativos impulsados por IA que crean un entorno para posibles correcciones abruptas del mercado; déficits fiscales altos que limitan el margen de maniobra y amenazan con endurecer las condiciones financieras y obstaculizar el crecimiento; y desafíos estructurales, como una población envejecida, aumento de las necesidades de gasto en defensa, cambio climático y baja productividad.

—La OCDE prevé una desaceleración del crecimiento para las siete economías principales de América Latina, casi medio punto menos que lo estimado para 2025. ¿A qué obedecería esa ralentización?

—Para 2026 proyectamos un crecimiento moderado de 1,9%, por debajo del crecimiento de 2,3% de 2025, y repuntando levemente a 2,4% en 2027. Hay diferencias marcadas entre países. Factores como la consolidación fiscal en muchos países de la región —necesaria pero restrictiva— y una elevada incertidumbre política y económica seguirán afectando la demanda interna, la inversión y las exportaciones.

Este crecimiento regional es estable pero bajo, en un entorno global más incierto. Este crecimiento no es suficiente para lograr la convergencia del PIB per cápita hacia países avanzados y que mejoren de forma sostenida los niveles de vida. Persisten, además, desafíos importantes para corregir los desequilibrios fiscales y retomar avances en la reducción de la pobreza.

—¿Cuáles son los retos en materia fiscal y de endeudamiento para estos países de la región, que enfrentan en general niveles de déficit elevados?

—Los balances fiscales, que habían mejorado después de la pandemia, vuelven a deteriorarse y varios países no están cumpliendo sus metas. Si bien la mayoría está consolidando sus finanzas públicas, no es suficiente y los planes de consolidación han sido menos ambiciosos que lo previsto. Esto ha llevado a que los déficits fiscales sean elevados en la región y la ratio de deuda pública continúe aumentando, lo que exige planes de consolidación fiscal más ambiciosos y creíbles.

Los gobiernos enfrentan el doble desafío de financiar prioridades sociales y productivas mientras mantienen la sostenibilidad de la deuda. Para lograrlo, será fundamental mejorar la eficiencia del gasto y la focalización del gasto social, así como movilizar más ingresos a través de sistemas tributarios más simples, más equitativos y que apoyen la productividad y la formalización.

—El informe Panorama económico para América Latina, presentado recientemente por la OCDE, señala que la “desinflación avanza”, pero el ritmo de aumento de los precios minoristas “sigue aún por encima de las metas en varias economías”. ¿Cómo debería comportarse la política monetaria considerando ese contexto y, al mismo tiempo, la moderación del crecimiento prevista para este año?

—La inflación continúa siendo persistente en varias economías, aunque con heterogeneidad. En Perú, la inflación lleva un año controlada y las expectativas están bien ancladas. Costa Rica mantiene incluso inflación negativa en 2025 antes de converger gradualmente hacia la meta. Algunos países continúan aún fuera de los rangos de tolerancia de sus bancos centrales —sobre todo Colombia y Brasil— y otros están ya en proceso de convergencia.

EP-222-008-HC-002

En promedio, en la región esperamos una desaceleración gradual de la inflación, con convergencia prevista hacia las metas para 2026-2027, lo que permitiría que las autoridades monetarias que tienen posturas más restrictivas inicien recortes, o que los bancos centrales que ya están relajando avancen de forma más decidida hacia una posición neutral, manteniendo siempre una orientación prudente y dependiente de los datos.

—Uruguay tiene algunos desafíos similares a los señalados por la OCDE para las economías más grandes de la región, como el crecimiento modesto y un déficit fiscal alto, rondando el 4% del PIB. ¿Cuál es la llave para superarlos?

—Uruguay encara un escenario de crecimiento moderado, pero con fundamentos macroeconómicos sólidos. Tras el rebote de 2024 asociado a la recuperación agrícola y energética, la economía converge hacia tasas de crecimiento cercanas a su potencial, en torno a 2%-2,5%, en un contexto externo menos dinámico y con desafíos estructurales en materia de productividad. La inflación ha convergido al rango objetivo y las expectativas se han venido alineando gradualmente con la meta, lo que refuerza la estabilidad macroeconómica.

Al mismo tiempo, la economía sigue siendo sensible a shocks externos, en particular a la evolución de Argentina y Brasil y a eventos climáticos, y enfrenta desafíos a largo plazo asociados al envejecimiento poblacional, lo que refuerza la importancia de fortalecer los motores internos de crecimiento.

Garda_paula_oecd

La clave para superar el desafío de aumentar el crecimiento es convertir la solidez institucional que caracteriza a Uruguay en mayor productividad y crecimiento potencial. Elevar la productividad debe ser una prioridad y requiere una agenda estructural amplia: fortalecer la competencia y simplificar la regulación; apoyar a las pymes en adopción tecnológica, gestión y financiamiento; mejorar el capital humano mediante educación técnica y formación profesional; aumentar la eficiencia en infraestructura, logística y gobernanza de empresas públicas; y profundizar la digitalización y la transición verde como fuentes de ganancias de eficiencia y diversificación productiva. En este sentido, las iniciativas que el gobierno prevé presentar en los próximos meses, orientadas a reducir rigideces regulatorias —en particular en trámites vinculados al comercio exterior y otros permisos—, así como a simplificar procedimientos y facilitar la operativa de las pymes, serán importantes para sostener el crecimiento y la competitividad a mediano plazo.

Aumentar la productividad es necesario para sostener un mayor crecimiento que se traduzca en un PIB per cápita más alto, mejoras duraderas en la calidad de vida y mayores oportunidades económicas para todos, en un país donde la redistribución funciona relativamente bien, pero persisten desafíos para erradicar la pobreza y asegurar igualdad de oportunidades.

—En materia fiscal, ¿alcanza con ajustes por el lado de los ingresos —como la adopción del impuesto mínimo complementario doméstico a las grandes multinacionales— para llevar el desequilibrio a niveles de sostenibilidad?

—La estrategia fiscal del gobierno va en la dirección correcta. El plan presupuestario 2025-2029 apunta a una consolidación gradual, compatible con la sostenibilidad de la deuda y la preservación del gasto social prioritario, y se apoya en un marco fiscal reforzado que mejora la transparencia, la rendición de cuentas y el anclaje de la deuda. El desafío es fortalecer la calidad del ajuste. Las medidas que se están implementando por el lado de los ingresos —incluida la adopción del impuesto mínimo complementario doméstico alineado con el Pilar Dos de la OCDE— contribuirán a ampliar la recaudación. Al mismo tiempo, la experiencia comparada sugiere que los ajustes más sostenibles combinan ingresos con mejoras en la calidad del gasto público. En este sentido, avanzar en una revisión sistemática de los gastos tributarios y en mayores niveles de eficiencia del gasto del sector público permitiría reasignar recursos hacia áreas con mayor impacto económico y social y reforzar la consolidación sin afectar el crecimiento. En este marco, será también importante seguir abordando gradualmente los desafíos del sistema previsional, en línea con la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo.

—La perspectiva, ahora más real, de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿qué potencialidades y desafíos abre para una economía con las características de la uruguaya? ¿Y la eventual adhesión de Uruguay al tratado Transpacífico (CPTPP, por sus sigla en inglés)?

—La apertura comercial ofrece una oportunidad relevante para apuntalar el crecimiento. La probabilidad de avanzar en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea representa una oportunidad importante para Uruguay, ya que puede contribuir a diversificar exportaciones, atraer inversión y reducir la dependencia regional, en un marco de reglas claras y mayor integración con mercados de alto ingreso. Para que estos beneficios se materialicen plenamente, será importante acompañarlos con reformas que refuercen la competitividad, la logística, el capital humano y la capacidad de inserción en cadenas de valor. La eventual adhesión al CPTPP ampliaría también el acceso a mercados dinámicos, por lo que hoy es una opción con beneficios potenciales, que debe evaluarse de manera gradual y pragmática.

—En su informe regional la OCDE alienta la digitalización de los servicios públicos como una oportunidad para bajar costos administrativos, simplificar trámites, mejorar la transparencia y elevar la productividad en América Latina. Es un camino que Uruguay inició hace algunos años. ¿Qué recomendación cabe para el país respecto de esta agenda?

—Uruguay parte de una posición avanzada en materia de gobierno digital, lo que constituye una fortaleza importante en el contexto regional. Los avances en servicios en línea, la interoperabilidad y acceso digital han mejorado la relación entre el Estado, las empresas y los ciudadanos. El siguiente paso es profundizar el uso estratégico de estas herramientas para mejorar la gestión pública. Esto incluye simplificar procesos, reducir costos administrativos, fortalecer la transparencia y apoyar una asignación más eficiente del gasto. Para maximizar su impacto sobre la productividad, la digitalización debe ir acompañada de cambios organizacionales, fortalecimiento de capacidades institucionales y una mayor integración con las políticas de apoyo a las empresas, especialmente a las pymes.