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Empleados públicos: Uruguay tiene la administración central más envejecida de la región y la OCDE
“Un servicio civil con una baja proporción de personas jóvenes tiene consecuencias en la productividad y en la capacidad de innovación del Estado”, reconoce el director de la ONSC; preparan decreto para eliminar el tope de cubrir solo una de cada tres vacantes
Una movilización de COFE frente a la Torre Ejecutiva.
La edad media en Uruguay era de 39 años en 2024, según las nuevas proyecciones demográficas presentadas por el Instituto Nacional de Estadística a partir del último censo. Pero los funcionarios que trabajan en el corazón del Estado —la administración central— superan, en promedio, en casi 10 años esa edad.
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“La administración central está relativamente envejecida. El promedio de edad es de 47,8 años”, con los hombres con edades superiores a las de las mujeres (49,7 y 46,3, respectivamente), afirmó el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Sergio Pérez. Es un asunto que le preocupa porque afecta la productividad en el sector público.
Los incisos en que el promedio de edad supera los 50 años son la Presidencia de la República (50,4) y los ministerios de Educación y Cultura (52,4) y de Vivienda (51).
A diciembre de 2024, el 18,5% de las personas que trabajaban en la administración central tenía 60 años o más.
El promedio de edad de jubilación para los vínculos abarcados en este estudio realizado por la ONSC fue de 64,3 años en el 2023. Si se proyecta una jubilación a esa edad, a diciembre de 2029 se jubilarían 3.701 funcionarios, es decir, el 21,1% de la plantilla.
“Si esto se compara con otros países, veremos que la edad promedio de nuestros funcionarios es de las más altas de América Latina y el Caribe y de los países que integran la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Los mayores de 55 años representan el 30,7% en Uruguay, el 21,09% en América Latina y el Caribe, y 25,86% en los países integrantes de la OCDE. Un servicio civil con una baja proporción de personas jóvenes tiene consecuencias en la productividad y en la capacidad de innovación del Estado”, reconoció.
Pérez comentó estos datos al comparecer el jueves 11 ante la comisión de la Cámara de Diputados que trata el proyecto de Ley de Presupuesto, que incluye varios artículos relacionados con la ONSC y la gestión de recursos humanos en el Estado.
En la administración central, a diciembre de 2024 un 26% de los funcionarios tenía menos de 40 años. Esa cifra era de casi 30% cinco años atrás.
“Las políticas de restricción sin una planificación en los ingresos han tenido consecuencias en este sentido”, cuestionó el jerarca, aludiendo a la disposición, aprobada al inicio del anterior período de gobierno, que limitó a una cada tres la reposición de vacantes producidas. Consultado al respecto, el director de la ONSC dijo a Búsqueda que “se está trabajando en el decreto” para su derogación.
Nueva carrera
En el Presupuesto, el Poder Ejecutivo se propone promover una nueva carrera administrativa tomando algunos aspectos de una ley aprobada en la anterior administración —que entre otras cosas definió ocupaciones y propuso una salarización de las compensaciones—, aunque al mismo tiempo deroga varios artículos de esa norma.
El proyecto presupuestal permite utilizar el catálogo de ocupaciones definido por la Ley 20.212 como un “instrumento de referencia informativa y no vinculante para las vacantes de los escalafones actuales de la administración central”, explicó Pérez. Reconoció que, de los cargos ocupados presupuestados de los escalafones A al F, a junio de 2025 el 97% “no tiene descriptores del cargo ni denominaciones específicas” que “ofrezcan información sobre las tareas de los funcionarios ni sobre las competencias que tienen”.
Por otro lado, la propuesta a estudio del Parlamento plantea derogar cuatro artículos de la Ley 20.212, ya que “están directamente vinculados con el diseño anterior, que resultó inviable”, dijo el jerarca, y aclaró que hacerlo “no es un retroceso, sino una oportunidad para reabrir el debate de la carrera administrativa, con un enfoque más participativo y viable”.
Sergio Pérez, director de la ONSC
Sergio Pérez, actual director de la ONSC.
ONSC
Y alegó: “Durante el período pasado se impulsó una transformación profunda, basada en la migración masiva hacia un nuevo sistema de carrera por ocupaciones. Ese modelo no generó las certezas necesarias para ser implementado. Además, la negociación con COFE (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado) no fue suficiente y la propuesta no contó con respaldo presupuestario. También existieron reservas dentro de la propia administración respecto a los costos e impactos futuros del sistema”. En su visión, más allá de las “dudas razonables sobre su diseño, el determinante para no haberse implementado o comenzado a implementar fue que no se le asignara presupuesto”.
El director de la ONSC argumentó que el sistema actual, basado en escalafones y grados, “ya no responde a las exigencias de una administración moderna, que requiere flexibilidad, profesionalización y movilidad funcional”. Para lograr esto, los futuros pasos “serán impulsar y promover el diálogo sobre la carrera funcional en la administración central”, junto con “otros actores relevantes”, como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas.
Insistió: “No se trata de retroceder, sino de construir una carrera administrativa moderna, viable y sostenible, basada en criterios técnicos, la participación efectiva y una implementación gradual y responsable”.
