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Oposición presentará un proyecto de ley “alternativo” para la Caja de Profesionales
Blancos, colorados e independientes trabajan en una iniciativa diferente al proyecto del Ejecutivo, que incorpora algunos de los principales reclamos de asociaciones de afiliados
La caja paraestatal agotará sus reservas en julio, según su presidente
Los representantes de la oposición que participan en la Comisión Especial de Diputados relativa a la situación de emergencia financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) presentarán en el correr de la semana próxima un proyecto de ley alternativo al promovido por el equipo interministerial del Poder Ejecutivo, confirmaron fuentes parlamentarias a Búsqueda. Para ellos, la iniciativa propuesta por el oficialismo es “invotable” en las condiciones que llegó al Parlamento.
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El plan era que este miércoles 14, una delegación del Ejecutivo volviera a comparecer en la comisión para que, mañana viernes 16, se llegara a una instancia de votación. No obstante, la actividad parlamentaria fue suspendida en el marco del luto nacional por el fallecimiento del expresidente José Mujica. Además, la bancada opositora no se sentía en condiciones de apurar una resolución e iba a proponer un aplazamiento de fecha dentro del mes de mayo.
La comisión se compone por seis diputados del Frente Amplio (Joaquín Garlo, Bruno Giometti, Nino Medina, Ana María Olivera, Gabriel Otero, Sol Maneiro y Julieta Sierra) e igual cantidad de la oposición (Pablo Abdala y Pedro Jisdonian por el Partido Nacional, Adrián Juri y Conrado Rodríguez por el Partido Colorado, Gerardo Sotelo por el Partido Independiente y Álvaro Perrone por Cabildo Abierto).
Eventualmente, se podría llegar a una negociación con los diputados frenteamplistas. En ámbito de la coordinación de diputados, estos plantearon que el proyecto del Ejecutivo está abierto a sugerencias y correcciones, algo que “no puede ser de otra manera” porque no tiene los votos para llegar a mayorías, por lo que necesita “acordar algo con la oposición”, dijo una fuente parlamentaria.
Cabildo Abierto también tiene discordancias con el proyecto del gobierno para la caja.
Modificaciones
La intención del proyecto que discuten blancos, colorados e independientes, para el cual estuvieron trabajando en los cuartos intermedios y continuarán durante el fin de semana, será recoger algunos de los aportes que hicieron una quincena de asociaciones profesionales que se apersonaron en las sucesivas sesiones de la Comisión Especial y plasmarlos en un documento “realista y razonable” que “solucione algunos temas de fondo” de la caja paraestatal.
Esos partidos de la oposición buscarán eliminar la prestación pecuniaria —de un 9% en promedio— para los jubilados y pasivos propuesta por el proyecto del Ejecutivo. Ese punto es coincidente con la iniciativa cabildante.
En cuanto a la aportación de los activos sobre sus sueldos fictos, propondrán que se mantenga en el 18,5% actual, ya que el último incremento de 2% aprobado por decreto del gobierno de Luis Lacalle Pou “ya generó un aumento en las declaraciones de no actividad”.
Asimismo, se incluiría el reclamo tanto de las asociaciones como de los directivos de la caja de que el valor de los timbres profesionales aumente y se ajuste en su totalidad según el Índice Medio de Salarios (IMS). Actualmente, los timbres suben en función del Índice de Precios al Consumo (IPC), y el proyecto del gobierno propone que para el cálculo se utilice una ponderación entre ese índice y el IMS.
En línea con otro reclamo ya histórico, blancos, colorados e independientes también plantearán la idea de que se redirija a la CJPPU la recaudación del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que se descuenta a los pasivos profesionales y hoy nutre al Banco de Previsión Social (BPS). Además, propondrán aumentar la base imponible por medio de “algún mecanismo” que promueva condiciones favorables para que los universitarios dependientes realicen aportes. Según una fuente de la oposición, el aporte de Renta Generales, en principio, “pareciera que no tiene alternativa”.
El gobierno propuso en su iniciativa hacer transferencias mensuales a la caja de $ 110 millones durante 2025 (casi US$ 31 millones en el año). En 2026, el aporte estatal sería equivalente a dos tercios del promedio mensual recaudado por la contribución pecuniaria de los pasivos, “en aquellos meses correspondientes al año previo en que fuese aplicable dicha contribución y ajustado” por el IPC.
De acuerdo a la oposición, la fecha límite de solvencia de la CJPPU “no está clara” y “probablemente” las reservas alcanzarían hasta agosto, aunque Daniel Alza, su presidente, asegura que se agotan en julio.
Además, varias asociaciones de afiliados y los mismos diputados de los partidos mayoritarios de la oposición reclamaron que el Ejecutivo no presentó todos los estudios actuariales en los que se basó para realizar los cálculos. “Son discutibles”, comentó a Búsqueda el diputado colorado Conrado Rodríguez en relación con los números manejados por el gobierno, mientras que Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, agregó que los cálculos “no los tiene nadie, ni la caja, ni las asociaciones profesionales ni la comisión”, por lo que solo es posible hacer meras “estimaciones” al momento de pensar en modificaciones.
También hay confusión sobre en qué medida afectarían a la entidad paraestatal los cambios que se puedan dar en el contexto del “diálogo social” convocado por el Poder Ejecutivo para revisar el sistema previsional —como el objetivo “deseable”, según el presidente Yamandú Orsi, de retornar a los 60 años de edad mínimos para las jubilaciones—, ya que, aseguran, el gobierno presentó números basados en un mínimo de 65 años.
Otros planteos
Luego de pasar por la Comisión Especial, las asociaciones de afiliados profesionales acordaron elaborar un documento donde propondrán modificaciones en las que todos ellos estén de acuerdo. El principal rechazo es hacia las medidas de aumentos de las cargas para los pasivos y los activos; también habrá una coincidencia con la nueva modalidad de ajuste de timbres que planteará la oposición.
Como una propuesta peculiar, planean que los aportes a las administradoras de fondos previsionales (AFAP) de los profesionales que declaran no ejercicio se vuelquen en la categoría 1 de la caja. Al respecto, Alza consideró que “no es una medida de rápido estudio”, en especial porque “los fondos de las AFAP son personales, hay temas jurídicos a resolver allí, y cada persona debería dar el permiso para poder usarlos”.
