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Polémica en UTE: no renovó un contrato que negoció el directorio anterior por considerarlo “entreguista”
El director por la oposición aseguró que no se estudiaron las consecuencias de rescindir la compra a una planta de energía renovable en Tacuarembó, mientras que en el oficialismo vinculan a esa empresa con el Partido Nacional
Las relaciones en el Directorio de UTE se tensaron en las últimas semanas por diferencias sobre algunos contratos
La contratación original de UTE para la compra de megavatios a Fenirol SA (Energía Renovable Tacuarembó) se dio en el 2007. Compuesta por un consorcio de cuatro grupos económicos, tres uruguayos y uno extranjero, esa sociedad se dedica a generar energía renovable a partir de biomasa mediante la quema de chips y aserrín provenientes de la industria forestal.
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En febrero pasado, ya en el final del gobierno de Luis Lacalle Pou, la gerencia general de UTE bajo la presidencia de Silvia Emaldi adoptó una resolución que, por tercera vez, renovaba el contrato, en este caso por 12 años y un monto aproximado de US$ 97,8 millones. El viernes 4, el actual directorio del ente revirtió esa decisión, con el voto en contra del director por la oposición, el blanco Darío Castiglioni.
Según relató ese jerarca a Búsqueda, se habría incorporado en los últimos minutos un punto al orden del día que implicaba dar lugar a una observación efectuada por el Tribunal de Cuentas “por falta de disponibilidad presupuestal”. Finalmente, la decisión del directorio fue no reiterar el gasto. “Yo planteé que me dieran un par de días para poderlo estudiar; nunca me imaginé que la respuesta iba a ser que no”, expresó Castiglioni. “Obviamente, ellos lo habían tratado y ya le habían pedido al gerente general que redactara la resolución”, agregó.
En el período de gobierno pasado, por tres años sucesivos, el Poder Ejecutivo había decretado una exhortación a UTE a ampliar los contratos de compraventa de energía eléctrica a partir de biomasa, de acuerdo con las condiciones que establece el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) para proceder a la reiteración del gasto. Castiglioni aseguró que el actual directorio del ente no realizó una evaluación técnica sobre si persistían los fundamentos que sustentaban aquellos decretos.
Cuestionó que tampoco se elaboró un análisis sobre el impacto que implicaría que UTE dejara de contar con la energía que Fenirol proveía, qué pasaría con los residuos que antes procesaba la planta y el impacto para los trabajadores de esa empresa.
En conversación con Búsqueda, una fuente de Fenirol dijo que la planta “ya apagó”. De forma directa dependen 30 familias —para las que se está tramitando “seguros de paro”— y unos 200 proveedores que prestan servicios.
La otra versión
Según una fuente del Directorio de UTE por el oficialismo, Emaldi, siendo presidenta y ya en claro conocimiento de que no habría una continuidad del gobierno, mandató al entonces gerente general, Javier San Cristóbal, a renovar el contrato con Fenirol a partir de “un pedido desde el Ejecutivo”. Durante la transición, la jerarca saliente no habría informado a su sucesora, Andrea Cabrera, sobre esa renovación.
San Cristóbal se habría acercado por iniciativa propia a Fenirol con una oferta de US$ 90 el megavatio, mientras que en el contrato anterior —aseguró la fuente— se pagaban unos US$ 70. Luego, el nuevo gerente general de UTE, José Alem, se habría reunido con representantes de la empresa, quienes “no estaban dispuestos” a aceptar un precio más bajo por megavatio con el argumento de que “Emaldi y San Cristóbal los fueron a buscar”.
Los dueños de Fenirol, según la fuente, son “cuatro familias” vinculadas al Partido Nacional, por lo que la gestión del Ejecutivo a favor de la renovación se trataría de una “movida política”, “dejándoles las puertas abiertas para poder ganar un futuro juicio” si, como ocurrió, la renovación del contrato caía. Por esta razón, dijo, los miembros del oficialismo en el directorio consideran el contrato como “entreguista”.
Agregó que, si no se le permitió “estudiar el tema” a Castiglioni, fue porque él designó a Emaldi y a Liliana Rodríguez, esposa del expresidente del Partido Nacional Pablo Iturralde, como asesoras. Por consiguiente, se entendió que “ya sabía del tema”.
Una fuente dijo que la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, solicitó a los directores oficialistas de UTE que no hagan declaraciones directas a la prensa sobre este tema y que ella se referirá públicamente al asunto en los próximos días.
Una situación anterior
Castiglioni aseguró sentir que no es considerado por los frenteamplistas en las discusiones para la toma de decisiones como director de la oposición, que representa al “49% de la gente que no los votó”.
Según su relato, la situación de Fenirol tiene un antecedente. Hace dos semanas el directorio trató el memorándum de entendimiento a firmar “de forma apresurada” con Microfinanzas, uno de los principales clientes de UTE. El contrato habría sufrido modificaciones cerca de las 11 de la mañana, aseguró, tres horas antes de que sesionara el directorio. “Ahí, yo planteé también que me dieran tiempo para poder leerlo. Y, seguramente, capaz que ni siquiera me iba a oponer. Pero, por lo menos, que me dieran tiempo”, manifestó.
Sobre este tema, la fuente oficialista aseguró que se trata del “mismo caso” en el cual el memorando venía siendo “preparado” por San Cristóbal, que en las negociaciones produjo una “situación muy desventajosa”.
