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    Mónica Ferrero inició cuatro sumarios a fiscales en seis meses, la misma cantidad que en todo 2024

    El gremio advierte que los procedimientos administrativos aplicados a fiscales con causas de fuerte impacto político “desestimulan a investigar” e insiste en la falta de respaldo institucional

    En un contexto de creciente cuestionamiento al trabajo de la Justicia por parte de actores políticos, en los primeros seis meses del año, la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, ordenó iniciar un sumario a cuatro fiscales, la misma cantidad que en todo el 2024. Entre los sumariados está el fiscal de Flagrancia de 15º turno, Raúl Iglesias, y dos fiscales especializadas: la de Delitos Sexuales de 3er turno, Alicia Ghione, a cargo del caso Penadés, y la de Atlántida de 2º turno, Stella Alciaturi, quien pidió la imputación del intendente Guillermo Besozzi antes de ser trasladada de Soriano.

    La decisión de Ferrero de avanzar en la investigación interna para determinar si hubo irregularidades o faltas en la actuación de Ghione y Alciaturi fue tildada como “grave” por la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, que cuestionó públicamente que haya sido contra funcionarios a cargo de causas de “fuerte impacto político y mediático” a través de un comunicado emitido en el mes de mayo.

    El sumario iniciado a Ghione fue por presuntas irregularidades cometidas en un caso en el que investigó abuso sexual intrafamiliar. La denuncia administrativa había sido presentada hace dos años por los abogados de una víctima que denunció haber sido abusada por varios familiares cuando era menor de edad. Reclamaron que Ghione había transmitido que iba a imputar a los denunciados, pero el caso fue archivado y por tanto incumplió con el deber de informar a la víctima sobre el avance del procedimiento penal.

    En tanto, el sumario a Alciaturi se inició tras la filtración a la prensa del documento de la solicitud de formalización de la investigación contra Besozzi —donde se detallaban los delitos por los cuales se pidió su imputación y los hechos indagados— y por republicar en su cuenta de Facebook, años atrás, artículos de contenido político. Este último punto fue denunciado por nueve senadores, luego de que se iniciara el procedimiento administrativo, quienes plantearon que se agravió al Partido Nacional con dichas publicaciones.

    Estos sumarios, procedimientos disciplinarios reservados que se inician luego de una investigación administrativa, se suman a otros tres que se dispusieron en 2024 y todavía permanecen pendientes de resolución, según una respuesta que dio la Fiscalía General de la Nación a un pedido de acceso a la información pública realizado por Búsqueda. Cuatro de los procedimientos administrativos que continúan en curso son contra fiscales de Montevideo —entre los que está el de Ghione e Iglesias—, dos de Artigas y uno de Soriano, que es el caso de Alciaturi porque fue durante su actuación en ese departamento. El año pasado también se le había iniciado un sumario a un fiscal de Maldonado, que culminó con una sanción de 120 días de suspensión en sus funciones sin goce de sueldo.

    Mayoría en Montevideo

    En total, la cantidad de sumarios que se iniciaron a fiscales en la primera mitad de 2025, que fueron cuatro, es la misma que el Ministerio Público dispuso en todo 2024. La mitad fueron realizados a fiscales de Montevideo, lo que significó un aumento, porque en los dos años anteriores, cuando el fiscal de Corte subrogante todavía era Juan Gómez, se instruyeron ocho sumarios y solo uno se hizo a un fiscal de la capital.

    Los tres sumarios que se dispusieron en 2023 fueron todos para fiscales del interior, de Artigas, Soriano y Tacuarembó. Este último procedimiento fue clausurado y los otros dos derivaron en una sanción para los funcionarios con suspensión sin goce de sueldo: el primero fue por dos meses y el segundo, por 15 días. En 2022 hubo cinco sumarios: uno para un fiscal en San José, que fue sancionado con apercibimiento y anotación en el legajo, uno para un fiscal en Montevideo y otros para fiscales en Tacuarembó, Cerro Largo y Artigas, donde todos fueron suspendidos.

    En la capital del país hubo un sumario al fiscal Iglesias, por el archivo de cerca de 300 casos por delitos sexuales en pocos días cuando era fiscal de Delitos Sexuales de 4º turno, y también a raíz de una denuncia que le hicieron por “deberes incumplidos” en el marco de una investigación sobre un caso de violación grupal a una joven en el barrio Cordón de Montevideo. Fue sancionado con cuatro meses de suspensión del cargo sin goce de sueldo. Tal como informó Búsqueda el 15 de mayo, Iglesias se encuentra en un nuevo proceso de sumario, porque desde su usuario del Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay de la Fiscalía se ingresó a un expediente de una denuncia contra el hijo de la fiscal Ghione y una captura de pantalla apareció en el programa Santo y seña en 2024. Durante la investigación administrativa Iglesias dijo que había sido hackeado.

    Al analizar la totalidad de los sumarios, se identifica que las sanciones aplicadas son diversas. De los 27 que se encuentran finalizados y fueron realizados desde 2019, se desprende que casi la mitad (14) recibieron la sanción de suspensión —de entre 15 días y cinco meses—, dos fueron amonestados, uno recibió una sanción de apercibimiento con anotación en el legajo, ocho terminaron con la clausura, uno fue archivado por el fallecimiento de la funcionaria y solo uno fue destituido.

    En 2019 y 2020, cuando el fiscal de Corte era el actual prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, hubo siete y ocho sumarios, respectivamente, una cifra superior al promedio de los años siguientes.

    “Desestimula a investigar”

    Desde el gremio de fiscales ven con preocupación los sumarios realizados a Ghione y Alciaturi, y sobre todo el “más alarmante” es el procedimiento a la fiscal que lleva el caso Penadés, porque “el departamento jurídico de la propia Fiscalía recomendó archivar el caso”.

    En diálogo con Búsqueda, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, Willian Rosa, dijo que si bien consideran que es “de orden, adecuado y un deber” de la Fiscalía instruir sumarios por el trabajo de los funcionarios, “el cuidado que hay que tener es que no puedan servir como una especie de amedrentamiento” y que las investigaciones administrativas “se puedan ver como una especie de persecución”.

    Para Rosa, el Ministerio Público “debe manejar esos asuntos con mayor cautela, en el sentido de no servir la institución a intereses que buscan deslegitimar el trabajo de fiscales”. “No es que tengamos la visión de que se maneje de esa forma” y “nadie lo ha trasladado a la asociación, pero son cosas que estamos viendo claramente”, dijo, en referencia a que los últimos sumarios han sido contra fiscales que investigaron casos complejos.

    Ghione y Alciaturi tuvieron “causas de mucha resonancia y derivaron en esas investigaciones y sumarios”, dijo Rosa, para quien es “un llamamiento de atención” cuando “sobre todo hay una estrategia de abogados e imputados de denunciar a fiscales para lograr justamente eso, que se inicie una investigación y después pedir que los aparten de la causa”.

    Estas situaciones se dan en un contexto, además, donde la asociación de fiscales señala que hay una falta de respaldo institucional por parte de Ferrero frente a los “ataques y el hostigamiento”, sobre todo por parte del sistema político. “Deja en una posición vulnerable a los fiscales que trabajan en casos complejos, enviando un mal mensaje al resto del colectivo y debilitando la solidez institucional”, decía el comunicado que emitieron en mayo. Según Rosa, “para el funcionario es angustiante” que se inicien investigaciones administrativas y eso “desestimula a investigar” en causas complejas, porque “los problemas empiezan siempre cuando se investigan a personas con influencia”. El último caso conocido fue el anuncio del frenteamplista Charles Carrera, quien dijo que analiza denunciar penalmente a la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2° turno, Sandra Fleitas, que pidió a la Justicia su imputación.