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Rodolfo Saldain: el gobierno “se metió en un brete” con la iniciativa del retiro anticipado a los 60 años
El principal referente de la reforma jubilatoria del 2023 señaló que “faltan datos” sobre cómo se instrumentará la propuesta de jubilación temprana, y puso en duda la posibilidad de que tenga un costo “neutro” para el sistema
Tras dos semanas de divulgada una de las propuestas del Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social referida a que las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público y no por las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), y en medio de las acusaciones sobre una “estatización” del sistema y las reiteradas refutaciones del Ejecutivo, Rodolfo Saldain, quien lideró la reforma jubilatoria del 2023 con la Ley 20.130, decidió pronunciarse públicamente.
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Tuvo una “reaparición”, según él mismo definió en conversación con Búsqueda, porque se trata de una iniciativa que parte de una idea propia y que llegó a expresarse en el primer anteproyecto de ley de la reforma en el período pasado, aunque ahora no le convenza. Pero aunque gran parte de la discusión haya quedado relegada al pilar de ahorro individual, Saldain, un abogado especializado en trabajo y seguridad social, también tiene puntualizaciones sobre otro capítulo relevante del documento final del Diálogo relativo al régimen de reparto; la posibilidad de un “retiro anticipado” para todos, sin esperar a los 65 años.
El documento surgido del Diálogo, en el que participaron diferentes actores políticos y sociales, es un insumo para eventuales reformas. El Poder Ejecutivo todavía no fijó postura definitiva en varios aspectos, en particular, los relacionados con el sistema previsional.
Retiro anticipado
El planteo formal del Diálogo es incorporar un mecanismo que “permita que las personas puedan retirarse a partir de los 60 años de edad” a partir de tasas de reemplazo “crecientes con la postergación del retiro, como forma de incentivar la permanencia en el mercado laboral” y el retiro a los 65. Para las personas con niveles de aportación más bajos, la jubilación sería de “montos superiores o como mínimo iguales a los correspondientes al régimen jubilatorio anterior” a la reforma del 2023.
Para Saldain, el gobierno de Yamandú Orsi “se metió en un brete importante” durante la campaña electoral del 2024 y ahora “tiene medio complicada” su promesa expresada en las Bases Programáticas del Frente Amplio de establecer las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años.
La “estrategia” de la Ley 20.130, recordó, fue “mover la edad jubilatoria y pagar razonablemente similar a lo que se venía pagando”, salvo para las personas de menor ingreso que gozan de retiros “incluso mayores” gracias a la creación del suplemento solidario; también incorporar “una reforma muy fuerte en la caja militar, que equivale a casi medio punto” del Producto Interno Bruto (PIB). Entiende que hoy “la otra posibilidad” del gobierno se reduce a “mantener ese esquema básico, pero permitir jubilarse antes con jubilaciones bastante más chicas”, algo que duda sea la “solución definitiva”.
También consideró que “faltaron datos” en el documento final del proceso del Diálogo sobre cómo se estructurará el esquema de “jubilación anticipada” a los 60 años y qué cálculo se realizará para las tasas de reemplazo, o cómo se abordará la posibilidad de que quienes se jubilen antes vuelvan a trabajar. Es algo que puede afectar las proyecciones previstas con la Ley 20.130 acerca de que el aplazamiento de la edad de retiro estabilizaría, al largo plazo, el nivel de gasto previsional en el entorno del 10% del PIB.
Explanada del BPS
Sede del BPS.
Javier Calvelo/adhocFotos
Según representantes del Ejecutivo —y aunque el mecanismo no está definido—, esta modificación en el sistema previsional significaría para las finanzas del país un gasto “actuarialmente neutro”. Pero Saldain indicó que, a su juicio, “las posibilidades de que no tenga costo son relativamente bajas”.
Un esquema “bastante más prolijo” que el presentado es el que se aprobó recientemente en España, destacó, donde se aplica un “coeficiente reductor” para la edad jubilatoria según la actividad, años de trabajo y factores de salud.
Otro punto de preocupación tiene que ver con la iniciativa de “analizar modificaciones que permitan evitar la erosión de las prestaciones más bajas”. Eso es en relación con un artículo de la reforma que otorga potestad al Poder Ejecutivo de ajustar el “suplemento solidario” por el Índice Medio de Salarios (IMS) o el Índice de Precios del Consumo (IPC), lo que “genera una tensión entre suficiencia de las prestaciones y sostenibilidad financiera del sistema”.
De concretarse una indexación del suplemento solidario por IMS —lo cual no es una decisión tomada por el Ejecutivo—, el sistema de seguridad “se vuelve insustentable”, advirtió Saldain. En el largo plazo, el IMS “es carísimo” y causa una “diferencia enorme” de gasto respecto a un ajuste por IPC. “El gran cambio que hizo Margaret Thatcher en su sistema de pensiones fue precisamente cambiar el indexador de IMS a IPC”, sostuvo.
Fondos previsionales
El lunes 4, el directorio del Partido Nacional mantuvo una reunión con Saldain para conocer “verbalmente” su análisis del informe oficial del Diálogo. Posteriormente, esa fuerza política emitió un comunicado con un “rechazo enfático a las propuestas que modifican en forma sustantiva el régimen de ahorro individual”, y el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, agregó que se está proponiendo “un camino muy tentador hacia la estatización de los fondos previsionales”.
En ese sentido, Saldain se desmarcó de expresiones que tachan el resultado del Diálogo como un “escándalo” y recordó que existen sistemas, como el de Suecia, que proponen “algo muy parecido”. No obstante, opinó que la razón original de instalar el debate fue que “el Frente Amplio tuvo la necesidad de trabajar una diferencia interna que tuvo por 30 años” sobre la existencia de las AFAP en su totalidad, pero que hoy las expresiones del PIT-CNT y Onajpu —la organización de pasivos— referidas a que “seguirán reclamando por una seguridad social universal, solidaria y sin lucro” demuestran que “ese objetivo no es viable”. Así, según él, la propuesta que en un momento impulsó sobre centralizar la gestión de las cuentas individuales se convirtió en un “paso” en la dirección que apuntan ambas agremiaciones.
