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Secreto bancario: foro global insta a Uruguay que facilite en la práctica su levantamiento
Las jurisdicciones que integran este ámbito a favor de la transparencia fiscal acordaron que, desde el 2027, van a intercambiar información relativa a los criptoactivos, un “área opaca”
Zayda Manatta, jefa de la Secretaría del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información
Para Zayda Manatta, jefa de la Secretaría del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios —un ámbito promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)—, Uruguay es un “paradigma” que muestra cómo, en los años recientes, varios países fueron plegándose bajo “presión” a los estándares para reducir la opacidad fiscal internacional, pero que después de implementar estos cambios empezaron a disfrutar de los “beneficios” que traen asociados.
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El foro global inició su actividad en el 2009 con 90 jurisdicciones como miembros y ahora son 172; su secretaría tiene sede en París. Bolivia se plegó en junio pasado y, según señaló la especialista, los últimos en pedir la membresía lo hicieron “porque ven los beneficios en el acceso a la información” tributaria de otros, también en términos de “reputación” por aplicar las prácticas que recomienda esta organización vinculada a la OCDE.
Manatta disertó en la noche del martes 29 en una charla en formato híbrido organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo (UM). Después de repasar las tareas del Foro Global, informó como una novedad que en 2027 sus miembros van a intercambiar información sobre criptoactivos, un “área opaca”, según dijo.
Al abrir la charla, el abogado Carlos Loaiza-Keel, profesor y director del posgrado de Tributación Internacional de la UM, celebró que en los últimos años Uruguay fue adecuándose a los estándares del foro global “y, aunque no haya sido explicitado, es una política de Estado” que perduró con gobiernos de distintos partidos.
La evaluación y los pendientes
El foro global tiene a su cargo la vigilancia exhaustiva y la evaluación de pares de la puesta en práctica de los estándares internacionales de transparencia e intercambio de información con fines tributarios.
Manatta recordó que Uruguay superó la revisión del 2020 con una evaluación positiva en general, aunque en algunos aspectos el país es “parcialmente cumplidor” de los estándares. Respecto de ese punto, la brasileña señaló que el procedimiento para hacer el levantamiento del secreto bancario “no ha tenido éxito en algunos casos, y esto es muy fuerte, porque no es solamente la parte legal”. Explicó que el foro global no tiene potestad para disponer una medida prescriptiva. “Lo que decimos es: ‘Ustedes tienen que llegar acá’. El camino que van a hacer los países para llegar allí es (una resolución) de los propios países. Uruguay ha tomado la decisión de hacer el acceso a la información bancaria cuando el contribuyente no la da (…). Esta es una decisión del país, pero lo que el foro dice es ‘esto tiene que funcionar’. Y, en la práctica, lo que vimos es que en algunos casos no funciona”.
En otro pasaje de su intervención, la especialista insistió: “No vamos a decir que Uruguay tiene que hacer a o b. Sí va a tener una presión”, y el país deberá “encontrar soluciones al problema que existe” en la aplicación práctica de los estándares, porque “no está funcionando”.
Foro Global UM
La mesa de expositores en la charla organizada por la Universidad de Montevideo
UM
Otro de los expositores en la conferencia organizada por la UM, el subdirector de la Dirección General Impositiva (DGI), Guillermo Nieves, repasó las medidas a favor de la transparencia tributaria tomadas por Uruguay.
Informó que en marzo pasado empezó el “proceso intensificado” de verificación del cumplimiento de las recomendaciones recibidas en el 2020 que están vinculadas al “seguimiento de la autoridad interna” y a los “problemas que tiene Uruguay respecto al acceso a la información bancaria en el marco de un proceso judicial”, entre otros. Dijo que se espera para los próximos meses un informe como conclusión de ese proceso.
En 2026, la evaluación del foro global se enfocará en “cómo ha controlado la administración tributaria el cumplimiento por parte de las entidades financieras” en los reportes de información, agregó Nieves.
El secreto bancario
Andrés Blanco, profesor de Derecho Financiero de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, sostuvo que el hecho de que haya habido “muchos fallos fundados a favor del intercambio de información” habla de que Uruguay “toma en serio” estos estándares y muestra que no tiene una “judicatura que se haya mostrado reticente o enemiga por la vía de la interpretación” a intercambiar datos, “sino todo lo contrario”. Como reflexión, dijo que podría pensarse en un mecanismo más “sumario” que acorte los plazos, un aspecto también observado por la jefa de la Secretaría del Foro Global sobre Transparencia durante su intervención.
Nieves, por su lado, puntualizó que “hoy por hoy el secreto bancario desde el punto de vista del acceso a la información por parte de la administración tributaria ha quedado acotado”. Señaló que, al amparo de la Ley 19.484, la DGI recibe datos sobre saldos, promedios y rentabilidades, incluso de los propios residentes en el país, y esto “no ha sido cuestionado durante nueve años por nadie”.
Agregó que es la información acerca de los movimientos de las cuentas lo que tutela “más o menos” el proceso judicial. “El resto de la información ya la tiene la administración tributaria en un mecanismo automático. Lo que tenemos que discutir es qué justifica jurídicamente el no acceder a esa información”, sostuvo el jerarca.
En relación con las evaluaciones de las que está siendo objeto el país, el subdirector de la DGI informó que el gobierno va a “tratar de demostrar o ver hasta dónde Uruguay pudo” implementar los estándares en la práctica en los últimos años: “La realidad (…) es que han pasado más de tres años —las recomendaciones son del 2020—, Uruguay no ha tomado medidas legislativas”.
