El crecimiento de Uruguay “es de una magnitud insuficiente para acortar la brecha con países desarrollados y para satisfacer las demandas sociales actuales”, señalan los autores de la investigación premiada por la Acadeco
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá“Hasta ahora en la campaña electoral de Uruguay no se ha escuchado ninguna propuesta significativa para subir el crecimiento económico potencial”, escribió en la red X hace algunas semanas el consultor Aldo Lema, si bien su opinión, o al menos el diagnóstico que está por detrás, puede ser la de muchos otros economistas: en los últimos 10 años el Producto Interno Bruto (PIB) se expandió a un ritmo anual promedio de 1,1%, bajo en términos históricos y en comparación con el de otras economías.
Según la última proyección del Banco Central (BCU), el PIB crecerá este año un 3,5% en promedio frente a 2023.
A su vez, como parte de una tarea que impuso la actual regla fiscal, el Ministerio de Economía (MEF) calcula el crecimiento potencial —de largo plazo— considerando las proyecciones que hace un comité de expertos. De la combinación de la cantidad de factores productivos y el rendimiento —la productividad total de los factores— con el que se emplean, la estimación hasta el 2033 es de un 2,5% anual promedio.
La preocupación por ese magro crecimiento ha sido señalada en los últimos tiempos por diversos analistas, incluso por alguno como Gabriel Oddone, que en la actual campaña electoral está jugando un rol político como designado ministro de Economía en un eventual gobierno del Frente Amplio. Está planteada desde el título de su último libro, publicado en agosto: El despegue: cómo crecer y distribuir en Uruguay.
También el programa de gobierno del candidato presidencial por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, alude a la necesidad de crecer más para escalar a otro nivel de desarrollo económico.
El tema fue, además, centro de la convocatoria a la edición de este año del Premio Academia Nacional de Economía (Acadeco) entregado el jueves 7. Los concursantes —profesionales universitarios vinculados a los temas económicos egresados en los últimos cinco años o estudiantes que estuvieran cursando los últimos años de sus carreras— debían responder a la pregunta “¿qué le hace falta al país para duplicar su crecimiento potencial?”.
Eliminar la Tasa Consular, fortalecer la regla fiscal, cambiar la carta orgánica del BCU, extender el alcance del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), aumentar las exigencias para las asignaciones familiares y ampliar la cantidad de centros con horario extendido para el cuidado de menores de edad son algunas de las propuestas del trabajo ganador, titulado El Uruguay que queremos. Fue elaborado por los economistas Martín Alesina, Camila Pazos, Juan Andrés Sainz y Nicolás Vidal, y contiene 65 ideas para acelerar el crecimiento.
Los autores señalan que, desde 1950, el ingreso por habitante de Uruguay se distanció del de una serie de países comparables. Agregan que los niveles de crecimiento potencial estimados por el MEF son “de una magnitud insuficiente para acortar la brecha de PIB per cápita con países desarrollados y para satisfacer las demandas sociales actuales del país”.
Según ellos, la incapacidad de lograr un crecimiento sostenido “se justifica en buena parte por contar con una matriz productiva basada en la exportación de bienes primarios de origen agropecuario, de los cuales internamente no se determina el precio, ni tampoco se tiene certidumbre sobre la demanda y las condiciones climáticas (…). La historia de Uruguay se caracteriza por períodos de impulso y de freno, donde la alta dependencia ante shocks exógenos ha resultado en un desempeño de largo plazo insuficiente en comparación con países desarrollados, y genera que las inversiones en el sector transable sean lo suficientemente rentables únicamente en períodos de impulso”.
El estudio premiado enfatiza que, para crecer más, el país precisa “mantener una moneda estable” de forma sostenida, una “materia en la cual Uruguay ha fallado reiteradamente”. Explica que “el crecimiento esperado cae 0,22% ante un incremento de un punto porcentual de la tasa de inflación”, a la vez que los largos períodos de inflación llevan a la dolarización, lo que deriva “en una volatilidad mayor”.
Debido a lo anterior es que recomienda cambiar la Carta Orgánica del BCU para que su objetivo sea solo la estabilidad de precios. Además, insiste en otorgar a la autoridad monetaria “absoluta independencia” para alcanzar una mayor credibilidad y desfasar del ciclo electoral el recambio de directores. Y propone incentivar el mercado en pesos, poco desarrollado en la actualidad, un diagnóstico señalado también desde el propio BCU.
Por otro lado, los autores señalan que el comercio con otros países lleva a mejoras en la acumulación de capital humano y físico, además de la productividad. Recomiendan buscar “tratados específicos por producto” —y no solo acuerdos generales—, como los logrados por el sector cárnico con China, Japón e Israel, que “implican ahorros similares en aranceles que lo que generaría para el sector cárnico la concreción del acuerdo Mercosur-UE, en conversaciones desde hace más de dos décadas”.
Asimismo, entre las 65 medidas propuestas figura incorporar a Uruguay como miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y crear un consejo asesor de inserción internacional encargado de sugerir estrategias y metas en ese plano.
Para lograr una mayor cantidad de trabajadores en actividad, el estudio plantea imitar algunas acciones recientes de Portugal, como otorgar incentivos fiscales a las personas menores de 30 años, exonerándolas de aportes a la seguridad social y reduciendo el impuesto a la renta a la mitad por hasta 10 años para los nuevos residentes, apuntando así a atraer capital humano calificado para sectores que lo precisen.
Recomienda brindar “formación profesional altamente conectada con el sector privado” además de formación académica tradicional.
A la hora de atraer inversiones al país, el estudio plantea que se otorguen estímulos a la innovación tecnológica, a la creación de empleo e investigación a través de créditos fiscales, flexibilizar los requisitos para usuarios de las zonas francas y crear la Agencia Nacional de Infraestructura.
Con el objetivo de desarrollar los mercados financiero y de capitales, propone eliminar el Impuesto al Patrimonio a los bancos para mejorar el acceso al crédito, flexibilizar las condiciones para que las pymes (pequeñas y medianas empresas) puedan cotizar en bolsa e implementar una estrategia nacional de educación financiera.
Para fomentar la productividad y la innovación en el Uruguay recomiendan realizar talleres para pymes de aplicabilidad de inteligencia artificial y la digitalización de todos los servicios y trámites del Estado.
Los autores concluyen que la aplicación de las medidas recomendadas “no aseguran duplicar la tasa del PIB potencial del Uruguay al 5% anual, pero sí mejorar los niveles de crecimiento actuales. Tal es así que una mejora consolidada de la tasa de crecimiento al 3,5% sostenida en el tiempo permitiría que para comienzos de la década de 2060 Uruguay pueda converger nuevamente a los niveles de ingresos del promedio de los países” de referencia.