Esa es la conclusión que presenta un informe del proyecto Costos de la Guerra de la Universidad de Brown, elaborado por las investigadoras Hanna Homestead (Institute for Policy Studies) y Jennifer Kavanagh (Defense Priorities), el cual fue divulgado por primera vez por el medio The Intercept.
La primera se refiere a los ataques estadounidenses contra supuestas ’narcolanchas’ en el Mar Caribe y el océano Pacífico, mientras que la segunda fue la incursión militar estadounidense -con bombardeos en Caracas incluidos- para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el 3 de enero pasado.
Se trata del análisis de este tipo más completo hasta la fecha, aunque las investigadoras pudieron acceder únicamente a los datos que han trascendido a la esfera pública, mientras el Pentágono se sigue negando a divulgar los detalles del gasto de sus acciones militares, incluso a legisladores que los han solicitado.
Por eso, Homestead y Kavanagh subrayan que “ciertas operaciones –como los detalles de una operación de la CIA en Venezuela a la que hizo referencia el presidente Trump– permanecen clasificadas o se han divulgado de forma incompleta”, mientras que el cálculo “no incluye costos presupuestarios a largo plazo, como las prestaciones para veteranos”.
“Prevemos que, de disponer de información completa, nuestra estimación de costos probablemente aumentaría significativamente”, sentenciaron.
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Más de 200 millones gastados en la captura de Maduro
En su informe, las investigadoras destacan que la decisión de la administración de Donald Trump de designar a carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas “allanó el camino para la expansión de las fuerzas estadounidenses en el área de responsabilidad del Comando Sur de EE.UU. y la eventual agresión militar contra el presidente venezolano Maduro”.
Al desagregar cómo se han gastado esos 4.700 millones de dólares, la cifra más alta corresponde a lo que definen como “el mayor despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe desde la crisis de los misiles y el bloqueo de Cuba en 1962”.
La presencia del llamado Grupo Anfibio Iwo Jima –que se compone de los barcos USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio–, junto a la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines y el crucero de misiles guiados USS Lake Erie, supone una erogación de 3.844.461.630 dólares, lo que equivale a unos 9 millones por día.
En segundo orden está el despliegue aéreo, que entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de marzo de 2026 supuso un desembolso de 616.320.457 dólares, unos 2,6 millones diarios, mientras se presume que al menos 20 aviones siguen distribuidos en la zona.
Mientras que 15.942.269 dólares se destinaron a los aproximadamente 200 miembros de las fuerzas de operaciones especiales desplegados por meses en misiones de reconocimiento y entrenamiento antes de la captura de Maduro, los costos únicos de la llamada Operación Resolución Absoluta, ejecutada el 3 de enero pasado, alcanzaron los 206.683.300 dólares.
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Por último, las investigadoras indicaron que los gastos en municiones utilizadas en 47 bombardeos contra buques sospechosos de narcotráfico oscilan entre 12,6 y 50,4 millones de dólares, suponiendo que se hayan utilizado entre una y cuatro municiones por ataque.
Esas erogaciones pueden variar “dependiendo de la plataforma y las municiones, y podrían ser significativamente mayores si se utilizaran varias municiones o aeronaves”.
Sobre esos ataques en el Caribe y el Pacífico, Homestead y Kavanagh recuerdan que se trató de “una ruptura radical con la práctica de larga data de la Guardia Costera de interceptar buques, deteniendo a los sospechosos”.
“Expertos legales han calificado estos ataques como ejecuciones extrajudiciales ilegales, ya que ni las fuerzas armadas ni el gobierno tienen permitido ejecutar a civiles que no representen una amenaza inminente”, aseveraron.
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Costos en ascenso y falta de transparencia
Aunque el informe se centra en el impacto económico, las autoras no quisieron soslayar que “el costo humano de estas operaciones también es significativo”, recordando que los bombardeos a 'narcolanchas' han causado la muerte de al menos 163 personas entre el 2 de setiembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, mientras que la incursión militar para detener a Maduro dejó al menos 75 muertos, incluyendo dos civiles confirmados.
“Además, al menos un militar estadounidense falleció mientras estaba desplegado en el Caribe en febrero de 2026, cuando dos buques estadounidenses colisionaron”, indicaron.
Si bien las investigadoras remarcaron que "“muchos recursos militares estadounidenses en la región se han reducido y redirigido a la escalada bélica en Irán", todavía "permanecen algunos buques, aeronaves y tropas”, una presencia que consideran posible que se mantenga “en el futuro previsible”.
Según publicó The Intercept en noviembre pasado, un documento interno de las Fuerzas Armadas estadounidenses señalaba la posibilidad de sostener algún tipo de despliegue en el Caribe hasta 2028, casi sobre el final del mandato de Trump.
Esto respondería, en parte, a la intención de EE.UU. de sostener la presión para que el gobierno encargado de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, se mantenga alineado a los intereses de Washington.
Además, la administración Trump no ha ocultado su intención de expandir su influencia en América Latina, ya sea mediante el respaldo a los gobiernos conservadores y de ultraderecha que le son afines o a través del uso de la fuerza.
En ese sentido, el informe de la Universidad de Brown no contempla los gastos de los recientes ataques conjuntos de EE.UU. y Ecuador, supuestamente dirigidos contra grupos criminales en la frontera con Colombia. Y si Trump cumple sus amenazas de “tomar Cuba”, podría incurrir en otro costoso despliegue en la región.
Frente a las acciones de Washington, Homestead y Kavanagh cuestionan la falta de transparencia sobre el dinero empleado en las avanzadas militares estadounidenses, “especialmente cuando operaciones de gran trascendencia se financian con un presupuesto opaco del Pentágono de un billón de dólares que nunca ha superado una auditoría federal y carece de supervisión del Congreso”.
Es así que las investigadoras consideran “fundamental brindar transparencia” sobre acciones militares que “conllevan importantes costos y riesgos humanos, financieros y estratégicos”.
“Los contribuyentes estadounidenses, que cada vez tienen más dificultades para cubrir sus necesidades básicas, tienen derecho a saber cómo se gastan sus impuestos”, concluyen.
FUENTE:FRANCE24
