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A un año de la derogación de la tasa de inflamables, IM estima que perdió $ 1.000 millones por este concepto
La directora de Recursos Financieros de la comuna, Ximena Muñiz, afirmó que la medida fue promovida “con fines políticos” y que si la intendencia hubiera recibido las sumas planificadas y avaladas por la Junta Departamental en su momento, hoy tendría superávit
En junio de 2023, un fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la tasa de inflamables, un pago por el transporte de combustibles, gas licuado y material peligroso que la Intendencia de Montevideo (IM) cobraba desde la década de 1960. La demanda había sido presentada en 2021 por la Distribuidora Uruguaya de Combustibles (Ducsa), empresa subsidiaria de Ancap, al considerar que la tasa no implicaba contraprestación alguna por parte del gobierno departamental, y constituía, por tanto, un impuesto encubierto.
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Sin embargo, al momento de su derogación la IM y Ancap mantenían un acuerdo previo —liderado por Juan Voelker en la administración anterior— en el que se había resuelto reducir gradualmente esa tasa hasta su desaparición definitiva en un plazo de 10 años, lo que finalizaría en 2026. Así lo explicó a Búsqueda la directora del Departamento de Recursos Financieros de la comuna, Ximena Muñiz, quien explicó en ese sentido que tras la eliminación del pago la IM experimentó una reducción significativa en su recaudación, que según sus estimaciones, fue de cerca de $ 1.000 millones por este concepto ($936.681.846).
“Eso es lo que calculamos que dejamos de devengar desde julio 2023 hasta su efectiva derogación en 2026, es decir, lo que faltaba cobrar por esa tasa que cada año bajaba paulatinamente”, explicó. Según dijo, se empezó cobrando 1% del valor del producto de venta en Montevideo, porcentaje que se reduciría 10% anualmente hasta su eliminación, para “evitar un desfasaje financiero” en relación con endeudamientos a largo plazo.
“No les importó que era un acuerdo que ya había sido aprobado por la Junta Departamental, que la IM ya lo había previsto en su presupuesto al momento de asumir, y de golpe salta una inconstitucionalidad y terminan derogando una tasa a la que nada más le faltaban tres años, además de que la incidencia en un litro no era nada, solo un 0,2%”, criticó la directora.
Además, la eliminación abrupta de la tasa provocó un “desfasaje administrativo”, agregó, porque Ancap “pagaba tarde sus obligaciones”; es que, según Muñiz, la empresa estatal abonaba más a la IM a través de la tasa que lo que la IM pagaba a la compañía por combustible, por lo que Ancap “siempre debía más”. Es por eso, comentó, que se encuentran actualmente “en medio de una negociación con Ancap para ajustar los mecanismos de gestión y los procesos operativos”, comentó Muñiz en referencia a un nuevo acuerdo de pago que busca saldar las deudas generadas entre ambas partes.
La resolución de Ancap, en tanto, señala que tras la derogación de la tasa “las compensaciones que realizaba Ancap a la IM no alcanzaron a cubrir los montos que el gobierno departamental adeudaba con la empresa por concepto de suministros como combustible, lubricantes, asfaltos y cemento portland”, lo que se prevé subsanar a través de este cambio administrativo.
Por otro lado, en marzo Ducsa anunció que iniciaría un juicio contra la IM para recuperar el dinero abonado por concepto de la tasa de inflamables (unos US$ 30 millones) durante los últimos cuatro años, luego de que la empresa no lograra alcanzar un acuerdo con la comuna durante la última audiencia de conciliación. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido más avances al respecto y el proceso aún no inició. “Tampoco hemos recibido reclamos de otras empresas”, aseguró Muñiz.
Ancap.jpg
Refinería de la Teja, Ancap
Ricardo Antunez / adhocFotos
Discriminación
Según comentó la directora, “prever una derogación es una cosa”, y otra muy distinta es que cambien las reglas “cuando ya se está en el juego”. En esa línea, dijo que el presupuesto de 2023 fue planificado el año anterior, cuando no sabían lo que sucedería con la tasa. “Ya habíamos trabajado sobre una previsión pensando que íbamos a percibir ese ingreso, entonces nos generó un encontronazo”, comentó. Es que, además, el año pasado era la última vez que los gobiernos departamentales podían presentar modificaciones presupuestales por los dos años restantes de gestión.
A su vez, cuando se disparó la polémica en torno a la tasa de inflamables, uno de los argumentos de la IM radicaba en que lo recaudado era destinado al financiamiento de políticas ambientales en el marco de su plan Montevideo más Verde, como forma de contrarrestar los impactos de la circulación de camiones con grandes cargas por las calles de la ciudad.
Es por eso que tras su derogación, la IM, especialmente el Departamento de Desarrollo Ambiental, debió “acomodarse y planificar” las medidas a tomar hacia los años venideros, con el objetivo de continuar con la ejecución de las estrategias previstas para Montevideo. Sin embargo, la directora opinó que se trató de algo “manejable” a través de una serie de acciones financieras y económicas.
“Esto se hizo con fines políticos, fue algo intencional, una más de las cosas que ya han venido haciendo, y que incidieron en lo que la IM debería de haber percibido por parte del gobierno nacional por ley”, cuestionó Muñiz. La jerarca se refería de esta manera a la reducción de las transferencias que realiza la administración central a la IM, que es hoy la comuna que recibe el menor porcentaje de Uruguay.
“Año tras año fue bajando el peso de las transferencias del gobierno nacional en nuestros ingresos, mediante leyes de Presupuesto fueron modificando la forma de cálculo sobre el famoso artículo 214 de la Constitución”, explicó Muñiz. Incluso, se refirió a los resultados del balance financiero de la intendencia en 2023, que según se presentó en la Rendición de Cuentas a estudio de la Junta Departamental, reportó un déficit de $ 439 millones.
En ese sentido, Muñiz sostuvo que nuevamente los montevideanos fueron “discriminados por el gobierno nacional”, ya que, según dijo, el año pasado el porcentaje de ingresos provenientes del gobierno nacional en Montevideo era de 10% del total, lo que se redujo este año a 8,6%. “Hoy la baja de los ingresos provenientes del gobierno nacional es superior al déficit actual que mostramos en la Junta. Si hubiéramos percibido toda la suma de dinero prevista, como el gobierno nacional debería haber hecho, hoy la IM tendría superávit, estaría en una situación de equilibrio fiscal”, aseguró.
Para la directora, este tipo de impedimentos “fueron medidas permanentes en este período de gobierno”, que afectaron directamente políticas públicas importantes, y de planificación económica y financiera. Además, dijo que hasta hoy la IM tiene dificultades para cobrar partidas nacionales que deberían haber ingresado en años anteriores, y que “terminan pagándose un año después”. “Eso también afecta las finanzas, por lo que estamos permanentemente tomando medidas al respecto”, cuestionó.
En la misma línea, Muñiz aseguró que pese a todos los obstáculos y a la coyuntura económica del país, la IM logró profundizar las políticas de su plan ABC e incrementar la presencia donde el Estado “no estuvo”. “Entre 2019 y 2023, los ingresos del 10% de la población más rica del Uruguay crecieron, mientras que el 90% restante se empobreció, y eso incide en cómo debemos gestionar para mantener un equilibrio”, dijo Muñiz con base en datos expuestos en la exposición de motivos presentada ante la Junta.
