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Intendencia de Montevideo intimó a Ancap a regularizar instalaciones y tanques de combustible
La secretaria general de la comuna asegura que es “una coincidencia” que la solicitud se dé en medio de la discusión por el impuesto a los inflamables; en Ancap lo ven como una “represalia”
Refinería de Ancap en La Teja. Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
La intención de la Intendencia de Montevideo de crear un nuevo impuesto para gravar la circulación de inflamables marcó un nuevo episodio de tensión entre Carolina Cosse y el Poder Ejecutivo. La discusión que se generó tuvo entre los protagonistas al presidente Luis Lacalle Pou, quien el lunes 31 llegó a afirmar que en caso de que la iniciativa prosperara el gobierno nacional presentaría un recurso en su contra.
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En paralelo a este debate, la intendencia decidió ese mismo día intimar a Ancap a que “regularice”, de acuerdo a las normas departamentales, “la situación de sus instalaciones” mecánicas y de los tanques de combustible que utiliza para la producción. La solicitud se hizo a través de una carta firmada por la secretaria general, Olga Otegui, dirigida al presidente del ente, Alejandro Stipanicic.
En el documento, al que accedió Búsqueda, la comuna informó a la empresa que, en caso de que no avance “en la regularización de las situaciones que correspondan, se realizarán las inspecciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa”.
Entre los decretos citados en la carta, se menciona una normativa de 1974 referida a las instalaciones mecánicas. Esto comprende las instalaciones “fijas o móviles para uso industrial, cualquiera sea la fuente de energía utilizada y su potencia”, y las instalaciones para la producción de vapor. También incluye a aquellas cuya inspección “sea necesaria por exigirlo las disposiciones o porque lo requieran razones de seguridad pública” y a los equipos emisores de calor, “en particular aquellos cuya actividad pueda tornarse riesgosa para el usuario o los vecinos”, indica el documento.
Además, establece que el Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas (SIME) del Departamento de Desarrollo Ambiental de la comuna será el encargado de “autorizar las instalaciones mecánicas que determine la reglamentación y ejercer los poderes de policía” sobre ellas. El documento cita otro decreto de 2022, que establece que las instalaciones mecánicas de una potencia superior a cinco caballos requerirán una autorización previa del SIME.
En cuanto a la regulación de las instalaciones de los tanques de combustible, la carta menciona un decreto de 1962, que indica que para establecer un nuevo depósito se deberá presentar previamente al Consejo Departamental “una solicitud de permiso que contenga un proyecto de instalación con planos acotados y memoria descriptiva”.
Por otro lado, para las instalaciones que existieran antes de la entrada en vigencia del decreto, el Consejo Departamental “dispondrá el estudio de los elementos presentados” y prestará aprobación a las instalaciones si se cumplieran las disposiciones. En caso de que cumplidos los plazos previstos no se hubieran ejecutado las medidas de protección estipuladas, se podrá “clausurar” de inmediato el depósito, señala el decreto.
Casualidades
Consultadas por Búsqueda, las autoridades de Ancap declinaron hacer declaraciones sobre la intimación realizada por la intendencia “hasta tener los informes jurídicos y técnicos” correspondientes. Sin embargo, fuentes políticas del ente interpretaron la resolución como “una represalia” por la pulseada que ganó la empresa estatal sobre la tasa de inflamables. Agregaron que, dado que se mencionan reglamentaciones “muy viejas”, llama la atención que surjan ahora, salvo que se tratara de una búsqueda “con premeditación”.
Por su parte, la secretaria general de la intendencia, Olga Otegui, aseguró que “es una coincidencia” que la intimación se haya concretado esta semana y que se trató “simplemente de un acto administrativo”.
Según explicó, la comuna hace regularizaciones habituales de sus bases de datos para corroborar el cumplimiento de todas las normas. En esa línea, sostuvo que Ancap no fue la única empresa que recibió esa carta sino que el mismo requerimiento se mandó también a UTE y a otras industrias.
“La base de datos nos informa a medida que falta alguna regularización o que ya pueden actualizar algo o solicitar una inspección, y eso es lo que hacemos. Para no ir caso a caso, hacemos notas estándar para que aquel que tenga que pedir una inspección la pida, el que tenga que habilitar algún equipamiento lo hace y el que ya tenga todo en regla simplemente no conteste”, dijo Otegui.
Para la secretaria, que se enviara la misma carta a diferentes destinatarios demuestra “que no hay intencionalidad ninguna” ni nada vinculado a una represalia. Mencionó que “a veces los tiempos coinciden, pero se trata de un trámite habitual”.
Respecto a la antigüedad de las normativas requeridas por el SIME, la secretaria general explicó que muchas de las autorizaciones de tasas que la unidad cobra habitualmente son productos de regularizaciones viejas que se mantienen hasta la actualidad.
Por su parte, ayer miércoles el ministro de Industria, Omar Paganini, después de enterarse de que la intendencia desistiría de crear el impuesto para los inflamables, dijo en rueda de prensa que “no parecía que tuviera mucho sentido” insistir con el tema, dado que la tasa “fue impugnada por Ancap (…) con razón” y luego la ratificó la Suprema Corte de Justicia.
Antes, Lacalle Pou había anunciado que estaba dispuesto a presentar un recurso ante el Parlamento si el impuesto avanzaba. “El recurso lo vamos a aplicar por sentido jurídico, pero aparte por razón de oportunidad, de que es un impuesto para mí totalmente traído de los pelos”, indicó el mandatario el lunes al calificar el tributo de “disparate”. Cosse, en tanto, describió la negativa como “un castigo más a la intendencia” por parte del gobierno nacional.