Corte y parlamentarios están preocupados por la jueza que ingresará al organismo si no hay acuerdo para nombrar a alguien más

De no alcanzarse las mayorías, cuando se cumplan los 90 días quedará automáticamente designado en lugar de Sosa el magistrado con mayor antigüedad de los tribunales de Apelaciones, en un mecanismo subsidiario previsto por la Constitución, por el que han ingresado la mayoría de los ministros en los últimos años.

Uno de los ejemplos manejados en ámbitos políticos y judiciales es un caso en el que, por mayoría del Tribunal, resultó condenado un adolescente por violar a una adolescente, el 31 de marzo de 2023. La ministra Díaz tuvo una postura discorde y se opuso a la condena. Sostuvo que existían “dudas razonables” para configurar el delito de violación en sentido técnico, porque la víctima, que comunicó a sus amigas que había sido abusada, “no pudo transmitir” al agresor su negativa a mantener relaciones de manera clara.

La jueza discrepó con la mayoría sobre el significado del mensaje “se está haciendo la difícil” que había enviado el imputado por chat a otra persona cuando estaban solos en el dormitorio. Mientras la mayoría de los magistrados lo vieron como prueba de que él sabía que ella no quería mantener relaciones sexuales, Díaz sugirió que podría ser una interpretación de que, “en la mente de un joven de 17 años”, esa frase “representaba una forma de seducción, que lo hacen las mujeres menores y mayores”.

Otra de sus posturas cuestionadas está vinculada a considerar el “síndrome de alienación parental”, un diagnóstico no reconocido internacionalmente desde el punto de vista científico, referido a la supuesta manipulación que ejercen las madres sobre sus hijas e hijos en contra de los padres, para obstaculizar o interrumpir el vínculo entre ellos.

En un caso de 2014, en el que Díaz actuó como ministra redactora de un fallo unánime que confirmó la denegación de visitas a un padre, la sentencia dice que el tribunal “no desconoce la temática”, que incluso la “ha identificado en varias de sus sentencias” para “efectivizar los derechos de niños y adolescentes a mantener la comunicación con sus progenitores no convivientes” y que ella misma “ha escrito en el ámbito doctrinario respecto de dicho síndrome”.

La vacancia que se iba a generar en la Corte debido al cese de Sosa fue comunicada por el Poder Judicial a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, el 5 de marzo.

Frente a la preocupación que ha despertado la posibilidad de que ascienda Díaz, algunos integrantes de la bancada del Frente Amplio consideran que el tema debería ser objeto de negociación con la oposición. La tarea no será sencilla, dado que las conversaciones por la renovación de cargos en la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas están trancadas. El objetivo en este caso será acordar una designación que no sea por antigüedad y así evitar el ascenso de la magistrada a la Corte.

Trabajo limitado

Desde el cese de Sosa, la SCJ está integrada por la presidenta, Doris Morales, y los ministros John Pérez Brignani, Bernadette Minvielle y Julio Posada, que fue el último en asumir el 1 de diciembre de 2025 tras la salida de Elena Martínez.

Un estudio del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República indica que entre 1985 y 2024, periodo en el que fueron nombrados 31 ministros de la Corte, en el 48% de los casos fue por acuerdo en el Parlamento. En el 26% de las designaciones, la Asamblea General votó al ministro más antiguo entre los tribunales de apelaciones para que la Corte no tuviera que esperar 90 días con una vacante sin cubrir, y en el restante 26% se cumplió el plazo constitucional y la designación fue automática.

La designación de Minvielle fue la última que se hizo por acuerdo político, en 2017, mientras Pérez Brignani, Morales, Posada y Sosa —que ahora cesó en el cargo— accedieron por antigüedad.

Funcionar con una vacante “entorpece un poco” el trabajo del máximo órgano del Poder Judicial, había señalado Morales a Búsqueda previo a que fuera designado Posada tras cumplirse los tres meses sin acuerdo político. Pérez Brignani había considerado que esa situación “sobrecarga a los ministros de los tribunales, que ya de por sí están bastante exigidos”.

Al tener cuatro integrantes, la Corte puede realizar las sentencias interlocutorias, mientras que, para resolver en última instancia en los juicios de todas las materias o declarar inconstitucionales las leyes, se requieren cinco votos. Para fallar en esos casos, se designa por sorteo un ministro de apelaciones para que se integre momentáneamente al organismo.