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Colegio de Abogados pide a la Suprema Corte “respuesta” sobre asociación de jueces vinculada al papa Francisco
El gremio planteó en una carta su “extremada preocupación” por el “compromiso público asumido” por algunos jueces uruguayos con la “doctrina franciscana”
El pasado jueves 28 de noviembre el Colegio de Abogados dirigió una carta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia para expresar su “extremada preocupación” por la adhesión de un grupo de jueces uruguayos al Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju). Esta asociación se constituyó a mediados de 2019 en la Ciudad del Vaticano a impulso del papa Francisco y hoy tiene sedes en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Estados Unidos y —desde este año— también Uruguay.
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“Quienes integramos el Colegio de Abogados del Uruguay vemos con extremada preocupación este compromiso público asumido por algunos de nuestros jueces que se declaran activistas en forma explícita de la ‘doctrina franciscana’”, escribieron.
Copaju plantea “propender a la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y ambientales, en pos de la eficacia de tales derechos en favor de las personas más vulnerables”. El lanzamiento del capítulo uruguayo de la asociación se llevó a cabo el lunes 11 de noviembre en el salón 26 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
“Sin perjuicio de la finalidad altruista que se manifiesta perseguir, y que se puede compartir o no, entendemos que cualquier compromiso explícito de jueces para interpretar y aplicar el derecho conforme a lineamientos establecidos en los estatutos de cualquier asociación podría considerarse como la expresión de la renuncia a la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de la función”, argumenta el Colegio de Abogados, y recuerda que los jueces “deben fallar en los asuntos puestos a su consideración aplicando la ley conforme a las interpretaciones fundadas en las leyes y en la Constitución nacional”.
“Cualquier alineamiento de la actuación de los magistrados en la aplicación del derecho a directivas distintas a las producidas por intermedio del proceso democrático, en el caso las impulsadas por un líder religioso y la ‘doctrina franciscana’, además de prohibidas constitucionalmente, podrían dar lugar a interpretaciones de politización o ideologización de la Justicia, y con ello, al debilitamiento de la confianza pública en el sistema judicial”, agregan.
La preocupación del Colegio de Abogados se suma a la de un grupo de 40 académicos y docentes que también escribió una carta con cuestionamientos que trasladó a la Facultad de Derecho. El consejo de la facultad evitó pronunciarse. La directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) también emitió un comunicado el 22 de noviembre en el que subrayó que “la función jurisdiccional” debe ejercerse de forma “imparcial, alejada de los sesgos o dogmas de cualquier doctrina”.
En respuesta a los cuestionamientos, Copaju también publicó un comunicado en el que afirmó que la asociación es “laica, no gremial y carente de finalidad político-partidaria”.