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La Facultad de Derecho de la Udelar evitó pronunciarse sobre una asociación “laica” de jueces ligada al papa Francisco
El consejo consideró la preocupación de más de 40 académicos sobre una “politización de la Justicia”; el gremio judicial se desmarcó del comité internacional
Sesión del Consejo de la Facultad de Derecho en la Udelar este miércoles 27
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Mauricio Zina / adhocFOTOS
El Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) dedicó el miércoles 27 una hora a intercambiar sobre el contenido de una carta enviada días atrás a ese ámbito por más de 40 docentes y egresados “preocupados” por la eventual “politización de la Justicia” ante una actividad desarrollada en la institución y organizada por una asociación de magistrados vinculada al papa Francisco. Finalmente, los consejeros resolvieron evitar pronunciarse públicamente sobre el tema.
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El lunes 11 tuvo lugar en el salón 26 de la Facultad de Derecho el lanzamiento público del Capítulo Uruguay del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju). En el acto participó el juez Roberto Andrés Gallardo, presidente del comité a nivel panamericano, y Raúl Eugenio Zaffaroni, uno de los directores del Instituto Fray Bartolomé de las Casas (IFBC), rama académica del Copaju.
Días después, más de 40 académicos de la Facultad de Derecho expresaron en una carta —a la que accedió Búsqueda— su “preocupación” al consejo por “la pérdida de imparcialidad” de jueces vinculados a la asociación promovida por el papa Francisco. Los académicos advirtieron sobre una eventual “politización de la Justicia” subrayando “el compromiso de activismo judicial” promovido públicamente en esa actividad. “Sobre todo si esta clase de adhesiones pasarán a ser prácticas extendidas y toleradas por la comunidad jurídica”, señalaron los también integrantes de las agrupaciones universitarias Espacio Docente Independiente (EDI) y Egresados Independientes (EI), con representación en el Consejo de Derecho y en la Asamblea General del Claustro de la Udelar.
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Decano Gonzalo Lorenzo durante la sesion del Consejo de la Facultad de Derecho de la Udelar
Mauricio Zina / adhocFOTOS
El gremio de jueces se desmarca de la asociación
La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) tomó distancia de esta organización internacional. “Queremos desmarcarnos de ese comité, porque los jueces uruguayos no tienen nada que ver con este tema”, y “reafirmar los principios que rigen el trabajo de un juez, que serían incompatibles con un grupo afiliado a algún tipo de filosofía o religión”, aseguró a Búsqueda la presidenta del gremio de jueces, María Helena Mainard. En un comunicado emitido el viernes 22, la Comisión Directiva de la AMU expresó que “la confianza pública en el sistema judicial y en la autoridad moral y la integridad del Poder Judicial es de extrema importancia en una sociedad democrática”, por lo que “esta asociación declara no tener vinculación alguna o participación en el citado comité”.
El gremio de jueces remarcó en su escrito “la trascendencia que en un Estado de derecho tiene el apego a la Constitución y la ley en el ejercicio de la función jurisdiccional imparcial, alejada de los sesgos o dogmas de cualquier doctrina”. Como cualquier otro ciudadano, expresaron los magistrados agremiados, el juez tiene derecho a la libertad de expresión y de creencias, derecho de asociación y de reunión, “pero, cuando ejerza los citados derechos y libertades, se comportará siempre de forma que preserve la dignidad de las funciones jurisdiccionales y la imparcialidad e independencia de la judicatura”.
Entretanto, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) recibió una consulta presentada por los jueces de la asociación, según indicaron a Búsqueda fuentes de ese organismo.
“Una asociación totalmente laica” y sin finalidad “político-partidaria”
El Copaju fue creado el 4 de junio de 2019 en la Ciudad del Vaticano “bajo la inspiración de las palabras de Su Santidad el papa Francisco”, dice en su web oficial. Su objetivo es “la promoción y defensa de los derechos humanos”, según los jueces letrados coordinadores del Capítulo Uruguay Javier Gandini, juez en lo Contencioso Administrativo; María Merlo, jueza de Primera Instancia del departamento de San José; y Héctor Ricardo Iriarte, juez de Canelones de 3er turno.
El comité tiene la adhesión de varios países de la región como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, México y Estados Unidos.
Los integrantes de la asociación internacional también emitieron en estos días una “nota de aclaración” para dar respuesta a los cuestionamientos públicos, según explicó Gandini, coordinador del Copaju, Capítulo Uruguay, al remitir el escrito a Búsqueda. Allí explicaron que se trata de “una asociación laica, no gremial y carente de finalidad político-partidaria”.
Según sus promotores, la “única finalidad” es “contribuir al debate jurídico sobre la tutela de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”. Indicaron que los capítulos de los diferentes países del Copaju tienen “total autonomía en su organización” y añadieron: “En nuestro país, y en estricto apego a nuestra normativa y al estatuto de los magistrados, es una unión totalmente laica y sin finalidad partidaria alguna”.
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El Consejo de Derecho “no es el ámbito adecuado” para resolver
Una de las firmantes de la nota, la consejera docente Gianella Bardazano —profesora titular grado 5 de Teoría y Filosofía del Derecho—, explicó a Búsqueda que si el Poder Judicial asume “explícitamente” que su actuación en la interpretación y la aplicación de la ley se orienta por la “doctrina franciscana” o por cualquier otra idea ajena al “estricto apego al ordenamiento jurídico”, los actores institucionales de los poderes representativos del Estado podrían verse “tentados a delegar en los jueces problemas complejos o polémicos que requieran respuestas políticas y jurídicas generales”.
Durante la sesión, Bardazano insistió en que así se terminará debilitando el rol de las instituciones democráticas y el Estado de derecho, porque los jueces deben mantener un compromiso con la independencia y la imparcialidad. En este caso, dijo, “se trata de una asociación internacional de fieles” en calidad de jueces, “que la integran porque son jueces, no porque son fieles, y en cuyo estatuto se comprometen a ser parciales como jueces” orientados por la doctrina franciscana del Vaticano.
“Esa es la preocupación”, subrayó.
El decano Gonzalo Lorenzo dijo que se autorizó la realización de la actividad en un salón de la facultad por tratarse de una organización “laica” de jueces. A su turno, el consejero docente Jaime Sapolisnky sugirió una propuesta de declaración referida a un evento que “no implicó patrocinio ni involucramiento de las autoridades universitarias” y tendiente a “ratificar el compromiso” del consejo con los valores de autonomía, libertad ideológica y laicidad.
Tras un intercambio de una hora, el decano propuso no pronunciarse públicamente sobre el tema por considerar, en consonancia con la mayoría, que el Consejo de la Facultad de Derecho “no es el ámbito adecuado” para emitir una declaración pública sobre este tema, más allá de “tomar nota” de la preocupación académica.
