Académicos de Derecho preocupados por actividad de jueces de una asociación vinculada al papa Francisco

En la misiva, los académicos dedicados al derecho expresan su “preocupación” a las autoridades universitarias, al advertir que “el compromiso de activismo judicial”, promovido públicamente en esa actividad, podría “derivar en una seria afectación a los valores constitutivos del Estado de derecho y la convivencia democrática” en Uruguay.

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Jueces de una asociación “laica” con el papa Francisco

Copaju es una asociación de jueces de la región convocados por las ideas del papa que tiene como finalidad “la promoción y defensa de los derechos humanos” y “especialmente de los más vulnerables” desde su creación en 2019, según la invitación al evento, difundida por redes sociales y correo electrónico, y suscrita por tres jueces letrados como coordinadores del Capítulo Uruguay de esa organización promovida por el Vaticano.

Se trata de Javier Gandini, juez en lo Contencioso Administrativo; María Merlo, jueza de Primera Instancia del departamento de San José; y Héctor Ricardo Iriarte, juez de Canelones de tercer turno. Los tres magistrados pertenecen a una lista que perdió las elecciones de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) celebradas meses atrás.

“Somos una asociación laica, pero que se ha constituido al impulso del Papa Francisco en su búsqueda de la efectividad de los derechos humanos en favor de los más vulnerables”, expresan los magistrados en la invitación al evento en la facultad.

Según su página web (copaju.org), la asociación se creó el 4 de junio de 2019 en la Ciudad del Vaticano “bajo la inspiración de las palabras de Su Santidad el Papa Francisco, quien la suscribió personalmente”. La organización cuenta con la adhesión de varios países de la región como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Estados Unidos y, ahora también, Uruguay.

En las redes sociales de la asociación fue difundida una carta del papa Francisco —también difundida en la prensa local en los últimos días— dirigida a los “Jueces de la República Oriental del Uruguay”. En el portal oficial también se celebra “el lanzamiento de Copaju en Uruguay”. En una misiva oficial, el sumo pontífice anima a los magistrados a unirse y comprometerse en la aplicación del derecho con los objetivos activistas de la asociación panamericana creada por él.

La carta enviada por el pontífice, quien viene insistiendo en el papel de los operadores judiciales en “la construcción de una sociedad más justa y una vida más digna”, fue leída por Roberto Andrés Gallardo, presidente del Comité a nivel panamericano y juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, confirmaron a Búsqueda fuentes universitarias.

Gallardo insistió en que Copaju “no es una organización religiosa”, sino “una apuesta a la dignidad humana que sigue la mirada holística de Francisco”.

“Doctrina franciscana” y “politización de la Justicia”

Preocupados por estas actividades, los docentes y egresados de la facultad sostuvieron en su escrito que “un compromiso público y explícito de magistrados con un programa activista que persigue una determinada orientación política podría comprometer la independencia e imparcialidad judiciales”.

Indicaron que esto “podría habilitar recusaciones e impugnaciones en los procesos en los que intervengan los magistrados afiliados a la asociación (dado que ello supone la exteriorización de la adhesión a una determinada doctrina) y, en definitiva, podría contribuir a la degradación del Poder Judicial”.

Entre las posibles derivas institucionales, los académicos vinculados al derecho advierten “la profundización de la politización de la Justicia”, en la medida en que los magistrados sean percibidos por los justiciables como “actores políticos”. Con ello entienden que “se debilitaría la percepción pública de independencia judicial”, afectando la confianza en el sistema judicial.

Gianella Bardazano, profesora titular grado 5 de Teoría y Filosofía del Derecho, explicó a Búsqueda que, si el Poder Judicial asume “explícitamente” que su actuación en la interpretación y aplicación de la ley se orienta por la “doctrina franciscana” o por otras ideas ajenas al “estricto apego al ordenamiento jurídico”, los actores institucionales de los poderes representativos podrían verse “tentados a delegar en los jueces problemas complejos o polémicos que requieran respuestas políticas y jurídicas generales”.

De esta manera, según Bardazano, se terminará debilitando el rol de las instituciones democráticas y el Estado de derecho, porque los jueces deben mantener un compromiso con la independencia y la imparcialidad.

“No importa cuál es el contenido del compromiso recíproco. Es la doctrina franciscana y la búsqueda del Papa Francisco de lograr la efectividad de los derechos humanos en favor de los más vulnerables, en esta ocasión. Un fin loable, por cierto. (Pero) puede ser otra doctrina o ideología mañana”, alertaron los firmantes de la carta.

Los académicos remarcaron que “cualquier alineamiento de la actuación de los magistrados en la aplicación del derecho a directivas distintas a las producidas a través del proceso democrático —en este caso a directivas que pueden ser entendidas como impulsadas por una autoridad religiosa—, podría dar lugar a interpretaciones de una politización de la Justicia, y, con ello, a un debilitamiento de la confianza pública en el sistema judicial”.

El Consejo de la Facultad de Derecho postergó la discusión de este punto para el próximo miércoles 27, según dijeron a Búsqueda fuentes académicas. La idea de los firmantes de la nota era poner en conocimiento de las autoridades universitarias la preocupación por este tema con vistas a un pronunciamiento oficial.