Edelman afirmó que “en general cuando hay violencia extrema” los homicidios están relacionados con “bandas”, y aclaró que prefiere no hablar de organizaciones criminales, porque lo que ven en Uruguay son “grupos barriales”, y “más la pelea por el territorio que otra cosa”.
Asegura que hay “un montón” de asesinatos “que son consecuencia de la naturalización de la forma de resolver los conflictos con armas de fuego” en la sociedad. Esta idea es respaldada por la estadística.
El Observatorio Nacional de la Violencia y la Criminalidad, la unidad del Ministerio del Interior —que hasta ahora analizaba y difundía los datos y las estadísticas sobre los delitos—, creó categorías para los homicidios según lo que motivó al agresor a cometer el crimen: una “tipología abreviada” para su divulgación pública y una “tipología extendida”, que se manejaba en la interna.
De acuerdo a esa clasificación, con datos elaborados e incluidos en la investigación Tipología de los homicidios en Uruguay, que en enero de 2024 presentaron Emiliano Rojido, Ignacio Cano y Doriam Borges, el 34,1% de los asesinatos que se cometieron en Uruguay entre 2012 y 2022 no tienen aclarado el motivo; el 15,2% se debieron a “otras disputas y discusiones”, que refiere a peleas espontáneas entre personas, como por ejemplo, entre vecinos o en un bar; y el 13,6% fue por venganza o represalias por un hecho que sucedió previamente. En cuarto lugar, aparecen los homicidios que se cometieron en el marco de rapiñas, hurtos y copamientos, que fueron 12,2%; luego aparecen los motivados por “celos y apropiación sexual”, el 8,3%, entre los que se encuentran los femicidios, y recién en sexto lugar los vinculados al tráfico de estupefacientes, que representaron un 6,5% del total.
“En Uruguay teníamos una explicación hegemónica” de los homicidios, que señalaba que son producto del enfrentamiento de grupos criminales por el territorio, “era defendido por los políticos, los ministros de izquierda y de derecha”, pero “no estaba sustentada en los datos”, dijo Rojido a Búsqueda.
El 4,9% de los homicidios, según ese análisis, fueron por “otros motivos” que no encajaron en otras categorías existentes; 1,1% por discusiones por dinero o propiedades y 1,0% fueron por maltrato infantil. También hubo homicidios por rivalidad sentimental, delincuentes abatidos por rivalidad, por personas que los cometieron para defender a una tercera persona con quien tenían un vínculo estrecho, por prostitución, abuso de funciones y en el marco de violaciones. Cada uno de esos grupos tiene una “presencia marginal” porque representó menos del 1% de los asesinatos cometidos en la década antes mencionada. La investigación fue financiada por el Fondo Sectorial de Seguridad Ciudadana que impulsa la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y se hizo en coordinación con el Ministerio del Interior.
Policías y fiscales con “el mismo idioma”
De la totalidad de los homicidios que se cometen, no todos se aclaran. En 2024, según las cifras oficiales del Ministerio del Interior, hubo 377 asesinatos y un 40,4% no fueron aclarados; es decir, no se logró identificar al o los autores ni avanzar en el proceso judicial. El nivel de aclaración de los homicidios es un indicador que mide la eficacia del sistema penal, esto es, la capacidad para investigar y resolver los crímenes.
Para llevar adelante las indagatorias de las muertes violentas —que, a diferencia de otros delitos, comienzan cuando aparece un cuerpo y no a partir de una denuncia—, las cuatro fiscales trabajan con cuatro equipos fijos del Departamento de Homicidios del ministerio, que comenzó a funcionar en setiembre de 2023 y está formado por policías especializados.
Edelman señaló que “ha sido un avance” porque trabajan siempre con los mismos funcionarios y eso permite unificar formas de trabajo, determinar cómo preservar la escena del crimen, métodos para obtener la evidencia y compartir herramientas de investigación. “Eso ha facilitado un montón el trabajo nuestro y creo que lo ha mejorado sensiblemente”, aseguró. En el mismo sentido, Morales consideró que ha sido una experiencia “muy interesante” que “habría que replicar” en otras fiscalías, porque provocó una “sinergia” entre la Fiscalía y el Ministerio del Interior e hizo el trabajo más ágil.
“Vamos empezando a hablar el mismo idioma”, dijo.
Investigación “artesanal” con “herramientas rudimentarias”
La fiscal Mirta Morales reconoció que hay una “gran acumulación” de trabajo, porque para investigar en profundidad, relacionar hechos y “hacer inteligencia”, aunque sea “rudimentaria”, como la describió, lleva tiempo, y eso le resta a otras tareas.
En la fiscalía “falta todo”, y el trabajo es “artesanal y a pulmón”, por lo que “es muy difícil” controlar todo el trabajo que hacen los policías, dijo Morales. Flores dijo al respecto que, si se ponen a analizar cada dispositivo que se incauta, no trabajarían en otra cosa. “Ahí opera la confianza en el informe de la Policía”, que indica los elementos o conversaciones que pueden servir para la investigación. Los policías “saben dirimir lo que importa de lo que encuentran en el análisis”, indicó.
Además, Morales consideró que para escuchar un audio “es todo un problema” porque faltan parlantes y se los deben prestar entre las fiscales; hay una lectora de CD por piso, no tienen impresoras a color y hay mucha “burocracia” detrás de las pericias. “Es agotador” y “las herramientas son rudimentarias, además de que es muy escaso todo”, dijo Morales.
La tarea de las fiscales, luego de que aparece el cuerpo, consiste en ir al lugar, elaborar estrategias de investigación, pedir que realicen pericias de los fallecidos, de balística, esperar los resultados del laboratorio biológico, para saber si quedaron restos de huellas o ADN, y el análisis de los dispositivos electrónicos. Con el auxilio de los policías, también deben buscar testigos y realizar interrogatorios para avanzar en la investigación. Una vez que los casos llegan a la Justicia, si es que lo logran, se enfrentan a los extensos juicios en la mayoría de las ocasiones, porque solo pueden hacer acuerdos abreviados con los homicidios simples. “Hay una opción de hacer un proceso simplificado, pero también tienes que diligenciar pruebas”, dijo Edelman, quien aseguró que “nadie imagina todo el trabajo que hay atrás de un juicio”.
En los procesos judiciales, deben entrevistar a testigos, a los peritos, buscar pruebas que inculpen a los imputados, deben preparar las audiencias para prorrogar la prisión preventiva mientras continúan con la investigación y luego presentar la acusación —que es cuando la fiscalía le pide al juez que una persona vaya a juicio por un delito, porque considera que hay pruebas suficientes—. Luego se realizan más audiencias del control de acusación y, finalmente, el juicio. Además, se suma un “desgaste emocional muy importante”, señaló, porque trabajan con muchos testigos de identidad reservada. “También la violencia con los testigos ha ido en aumento”, dijo la fiscal, y “cada vez más la gente tiene más miedo de participar en un juicio”. A ese trabajo, también se suman los encuentros con las víctimas y los abogados y la contestación de los recursos de apelaciones y de casación.
“Hay muchos frentes para los que no nos prepararon”, explicó Morales, quien hizo referencia a la falta de recursos y de respaldo. “No tenemos una atención psicológica, ni siquiera un respaldo institucional. Nos pegan de todos lados y no hay un respaldo de Fiscalía de Corte y tampoco del sistema político”, dijo.
Mujeres fiscales, homicidas hombres
Las tres fiscales consultadas consideraron que no hay diferencia entre ser mujeres u hombres en la tarea de liderar las fiscalías de Homicidios, y señalaron que se debe a que “la composición es abrumadoramente femenina” en la fiscalía.
Pese a eso, Morales se refirió a que cumplen “cargas horarias brutales” y no existe el medio horario maternal para las que deciden ser madres, aunque lo han reclamado. La fiscal aseguró que ella trabaja “más tranquila” porque “es mayor”, pero tiene compañeras jóvenes que “relegan la maternidad” o “tienen que optar entre lo profesional y la vida familiar”. El medio horario maternal debería reglamentarse, coincidieron. Además, sugirieron que deberían reforzarse los equipos.
Si bien son mayoría de mujeres fiscales, en el delito que investigan es diferente: la predominancia es masculina. De los autores de los homicidios ocurridos entre 2012 y 2022 en Uruguay, el 91,9% eran hombres, y el 75,9% tenían entre 15 y 39 años. Entre las 3.482 víctimas, el 84,7% fueron del sexo masculino.
Con relación al uso de armas, para Edelman, también “tiene que ver con las masculinidades” y con la forma en que se vinculan, porque al incautar celulares suelen encontrar conversaciones en las que se envían fotos de las armas de fuego que tienen e incluso las publican en sus redes sociales. “Tener un arma buena es sinónimo de poder, de masculinidad”, dijo.
Del Estado al crimen organizado
La cantidad de armas en el país es una preocupación del gobierno y de los especialistas.
“Son el principal vector de la violencia letal, de los homicidios y los suicidios”, señaló Rojido. El asesor del Ministerio del Interior habla de una “situación terrible” porque “no tenemos buenos registros sobre armas legales”, tampoco una medición a través de encuestas sobre la prevalencia y no existe un control sobre las municiones. “En todos los países donde el crimen organizado gana terreno, existen flujos de armas y municiones legales a los grupos ilegales. El Estado compra para el Ejército y la Policía y terminan, mediante corrupción, en manos de criminales. Para detectarlo, tenés que tener una buena sistema de trazabilidad de municiones, y en Uruguay no tenemos un registro informativo sobre armas de fuego y municiones”, dijo Rojido.
“Podemos estar financiando entre todos armas y municiones para el crimen organizado, que no nos vamos a enterar”, aseguró.
