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Terrorismo: revisarán políticas de visados y residencias ante posible “corrimiento” de actividades a Rivera
Informes de Inteligencia señalan que comunidades árabes pudieron trasladar su accionar a la frontera de Brasil; buscan detectar procesos de radicalización
Las autoridades creen que la ciudad de Rivera puede ser foco de acciones relacionadas al terrorismo
El gobierno reforzará la vigilancia contra el terrorismo en la frontera con Brasil, a partir de informes de Inteligencia que manejan “una hipótesis de posible corrimiento de algunas actividades ilícitas” desde la Triple Frontera a las ciudades limítrofes de Rivera (Uruguay) y Santana do Livramento (Brasil).
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La advertencia forma parte de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que fue presentada el jueves 7 en la Presidencia de la República y establece un plan de acción para el período 2025-2030.
De acuerdo al documento, Rivera y Santana do Livramento son localidades que tienen características parecidas a la región de la Triple Frontera, lo cual facilita el desarrollo de posibles acciones relacionadas al terrorismo: “dos ciudades gemelas con frontera seca, así como la similitud de la existencia de comunidades árabes y comercios fronterizos”.
Formada por las ciudades de Puerto Iguazú (Argentina), Foz do Iguaçu (Brasil) y Ciudad del Este (Paraguay), la Triple Frontera ha sido señalada en informes de organismos estadounidenses —entre ellos, el Congreso, el Departamento de Estado, el Comando Sur y la CIA— como un centro de operaciones de células de organizaciones islámicas radicales. Entre las organizaciones más mencionadas figura Hezbolá, un grupo de la rama chiita del islam, que funciona al sur del Líbano, está enfrentado con su vecino Israel, es respaldado por Irán y considerado terrorista por varios países.
Información-Puerto Iguazú-
Puerto Iguazú, en Argentina, una de las tres ciudades que conforma la Triple Frontera
Ministerio de Hacienda de Misiones
Investigaciones de gobiernos de la región y de otros países han documentado el uso de actividades ilícitas en Sudamérica —como narcotráfico, contrabando, lavado de dinero y cambio ilegal de divisas— para financiar a Hezbolá. También se ha señalado la posible presencia de Al Qaeda en el área.
En los últimos meses, la Policía Federal de Brasil llevó adelante procedimientos que incautaron millones de dólares a grupos criminales acusados de cambio ilegal de divisas y narcotráfico en ciudades brasileñas fronterizas, como Chuy y Aceguá, entre otras localidades. El esquema de lavado de dinero, sospechado de lazos con el terrorismo, involucra bancos paralelos que utilizan personas físicas y jurídicas para mover recursos de origen ilícito; dirigen depósitos y transferencias bancarias a terceros utilizados como intermediarios y a comercios, principalmente supermercados, ubicados en regiones fronterizas de Brasil.
En una visita realizada la semana pasada a Tel Aviv y Jerusalén, Búsqueda confirmó con fuentes oficiales que la presencia de Hezbolá en la región es una preocupación para el gobierno israelí, que también observa con atención sus movimientos en Chile y Venezuela. Hezbolá fue denominada organización terrorista por Argentina y Paraguay, una decisión destacada por los gobiernos de Estados Unidos e Israel, que aspiran a que sea imitada por países vecinos, como Uruguay.
¿Cuál es la situación del terrorismo en Uruguay?
Elaborada por la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 2025-2030 surgió tras una evaluación de las áreas críticas relacionadas con estos temas en Uruguay. Participaron en su producción distintos ministerios, entre ellos Economía, Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.
Aunque el informe asegura que por el momento “Uruguay no presentaría un riesgo alto de ser escenario de acciones de organizaciones, grupos o individuos de extracción terrorista”, añade que “no se puede descartar el uso del territorio nacional como país de tránsito o reposo con el propósito de contribuir a realizar planificaciones de esta índole”. Como principal amenaza, nombra en concreto a “organizaciones regionales y una eventual conexión con grupos criminales locales, o que operen en el exterior”.
Información-Díaz-Presentación-Estrategia Lavado de Activos-Presidencia de la República
Sandra Libonatti, Jorge Díaz y Alejandro Montesdeoca
Presidencia de la República
“En los últimos 10 años hubo un incremento notorio de la presencia de organizaciones delictivas, no solo en la región sino especialmente en el Uruguay. Creo que eso lo podemos palpar en el día a día de la vida del país”, afirmó el consultor internacional Alejandro Montesdeoca durante la conferencia de prensa previa a la presentación del documento.
Montesdeoca estuvo acompañado en la Torre Ejecutiva por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y por la titular de la Senaclaft, Sandra Libonatti. Explicó que Uruguay se encuentra “en una situación de suma vulnerabilidad frente a estas organizaciones”, ya que no profundizó su vigilancia, a diferencia de los otros países de la región, que sí “han fortalecido todos sus sistemas antilavado, no solo desde el punto de vista normativo, sino también en sus sistemas de investigación y persecución penal”.
El gobierno pretende aumentar los controles en las zonas fronterizas con Brasil
Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
Específicamente sobre el terrorismo, el documento presentado el jueves enumera una serie de vulnerabilidades que tiene el país, entre ellas, que no cuenta con “las herramientas necesarias para detectar de forma temprana y oportuna procesos de radicalización que se puedan dar en la sociedad”. También menciona “la falta de controles migratorios apropiados, y registro de ingreso y egreso al país de individuos, cualquiera sea su procedencia”, en especial en las fronteras.
Como medidas, el gobierno prevé “potenciar las tareas de prevención del terrorismo”. Por un lado, al enfocarse en la detección temprana de los procesos de radicalización, lo que implica el análisis de las causas que puedan llevar a estos procesos, el desarrollo de planes para atacarlas y el aumento de las tareas de Inteligencia en la frontera con Brasil, sobre todo en el Chuy y Rivera. Por otro, se prevé un mayor control de remesas y “del flujo migratorio en los puestos de frontera (principalmente con Brasil)” y la “revisión de las políticas de visado y residencia en el país”.
